El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes un memorándum para excluir a los indocumentados del conteo del censo, que determina las cuotas de representación en el Congreso, una estrategia orientada a favorecer al Partido Republicano.
El gobierno de Trump —que mantiene una línea dura contra la inmigración irregular— intentó incluir en esta edición del censo una pregunta sobre la nacionalidad, pero fue bloqueado por la Corte Suprema.
"A los fines de la nueva distribución de Representantes después del censo 2020, es política de Estados Unidos excluir de la base de distribución a los extranjeros que no se encuentren en un estado migratorio legal", reza el memorándum firmado por el mandatario y difundido por la Casa Blanca.
El recuento del censo del gobierno ayuda a determinar dónde se gasta el dinero de los contribuyentes para construir instalaciones públicas como escuelas, hospitales y departamentos de bomberos, así como para calcular la representación de los estados en la Cámara de Representantes.
Ahora no está claro cómo va a poder articular su objetivo de excluir a los indocumentados, con un censo que ya está en marcha, que no incluye ese dato y ante la amenaza de una avalancha de demandas judiciales.
La decisión puede abrir una nueva batalla judicial en torno al censo en el país.
En el memorándum de este martes, el gobierno explica que para distribuir los representantes de los estados, la Constitución requiere que se cuente la población cada diez años.
Para la Casa Blanca, permitir que los extranjeros sin papeles sean contados de cara a la atribución de escaños podría crear "incentivos perversos" como ofrecer una recompensa a Estados que alienten la violación de las leyes de inmigración.
"Mi administración no apoyará darle representación en el Congreso a los extranjeros que ingresen o permanezcan ilegalmente en el país, porque hacerlo crearía incentivos perversos y socavaría nuestro sistema de gobierno", argumentó Trump en una declaración posterior al memorándum.
Subrayó que la orden de este martes "refleja una mejor comprensión de la Constitución y es coherente con los principios" de la democracia.
"Solía haber un momento en que se podía declarar con orgullo: 'Soy ciudadano de Estados Unidos'. Pero ahora, la izquierda radical está tratando de borrar la existencia de este concepto y ocultar el número de extranjeros ilegales en nuestro país", apuntó.
Aritméticamente esta orden apunta a estados muy poblados y que votan tradicionalmente por los demócratas como California, que tiene 53 de los 435 escaños de la Cámara Baja.
"La inclusión de estos extranjeros ilegales en la población de un estado con el propósito del reparto (de escaños) podría implicar la atribución de tres o más banquillos del Congreso que de otro modo serían asignados de forma diferente", indicó Trump.
Las últimas cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) estimaban en 12 millones los inmigrantes indocumentados en el país.
Antes del inicio del censo, expertos advirtieron que el intento de incluir la pregunta sobre la nacionalidad podría impedir que entre 1.6 y 6.5 millones de inmigrantes —en su mayoría latinos— participaran en la encuesta o que mintieran en sus respuestas.
La Constitución de Estados Unidos estipula que el número de escaños debe atribuirse teniendo en cuenta el total de personas en cada estado.
En el documento enviado al Departamento de Comercio, Trump señala que el requerimiento de la Constitución "nunca ha sido entendido en el sentido de que se tiene que incluir cada individuo que esté presente físicamente en los límites de un estado en el momento del censo".
Esta interpretación recibió una lluvia de críticas de organizaciones que defienden a los migrantes y de la oposición demócrata.
El presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Perez, denunció que "la agenda antiinmigrante de Donald Trump no tiene límites".
Para Perez, esta orden es "inconstitucional" y su "único propósito es silenciar y quitarle poder a las voces latinas y a las comunidades minoritarias".
La líder de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, también respondió rauda, afirmando que la "Constitución es clara" y que estipula que se cuenta a "todas las personas".
Además, Pelosi prometió que la Cámara de Representantes, donde los demócratas tienen mayoría, va a responder con contundencia a "cualquier intento inconstitucional e ilegal del presidente para perjudicar el censo".
La asociación de defensa de los derechos civiles ACLU denunció esta acción del presidente como "inconstitucional" y prometió desafiarla ante los tribunales.
Organizaciones de la sociedad civil que ayudan a los migrantes también rechazaron el planteamiento de Trump.
"Este memorándum odioso reafirma lo que ya sabíamos: que la Casa Blanca no ve a los inmigrantes como personas", afirmó Krish O’Mara Vignarajah, presidente del Servicio Luterano de Inmigración y Refugio (LIRS).
La organización La Colmena apeló además al aspecto práctico de esta decisión. "La realidad es que el censo ya está en marcha y no incluye una pregunta sobre la documentación", sentenció.
Con información de AFP y EFE
