A fines de julio, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reclamó que se proporcione “en forma inmediata” un ingreso básico temporal para las 2,700 millones de personas que viven en condiciones de pobreza en 132 países en desarrollo.
El pedido es similar al que ya habían planteado personalidades tan diversas como el premio Nobel Abhijit Banerjee, el economista Thomas Piketty y los magnates Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg, entre otros.
América Latina no está ajena a ese debate. En Brasil, Chile, Colombia y Argentina, entre otros países de la región, la discusión pública sobre la conveniencia –o no- de implementar un ingreso básico universal ya ocupa un espacio relevante en la agenda.
No es para menos: en 2020, el PIB regional caerá 9.1%, la peor contracción en 100 años, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Con eso, 45.4 millones de latinoamericanos caerán en la pobreza y cerca de 18 millones de personas se sumarán a la legión de desocupados en la región.
En ese marco, el asunto divide aguas. Quienes promueven el ingreso básico universal sostienen que, a diferencia de otros subsidios focalizados, permitiría llegar a más personas de forma rápida y sin los costos de la intermediación política, tan habitual en muchos países latinoamericanos.