Maricá, la ciudad brasileña que sirve de laboratorio para el Ingreso Universal

A fines de julio, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reclamó que se proporcione “en forma inmediata” un ingreso básico temporal para las 2,700 millones de personas que viven en condiciones de pobreza en 132 países en desarrollo.

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El pedido es similar al que ya habían planteado personalidades tan diversas como el premio Nobel Abhijit Banerjee, el economista Thomas Piketty y los magnates Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg, entre otros.

América Latina no está ajena a ese debate. En Brasil, Chile, Colombia y Argentina, entre otros países de la región, la discusión pública sobre la conveniencia –o no- de implementar un ingreso básico universal ya ocupa un espacio relevante en la agenda.

No es para menos: en 2020, el PIB regional caerá 9.1%, la peor contracción en 100 años, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Con eso, 45.4 millones de latinoamericanos caerán en la pobreza y cerca de 18 millones de personas se sumarán a la legión de desocupados en la región.

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En ese marco, el asunto divide aguas. Quienes promueven el ingreso básico universal sostienen que, a diferencia de otros subsidios focalizados, permitiría llegar a más personas de forma rápida y sin los costos de la intermediación política, tan habitual en muchos países latinoamericanos.

Además, el financiamiento de esa medida no implicaría, en principio, un desborde del gasto público. Para la CEPAL, un ingreso básico de emergencia equivalente a la línea de la pobreza durante un período de seis meses -lo que permitiría subsidiar al 37.3% de la población más vulnerable de América Latina- implicaría un costo equivalente al 2% del PIB regional. Si el beneficio se extendiera a 9 meses, el costo subiría al 3.6%.

En la otra vereda, los críticos sostienen que, a la larga, estos programas terminan por desalentar la cultura del trabajo. Otra de las objeciones más comunes es que, en medio de las fuertes limitaciones fiscales que sufren varios países, otorgar un beneficio a todas las personas, incluso a quienes no la necesitan, debilitaría a las economías y no lograría reducir las inequidades.

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En todo caso, para promotores y críticos, en América Latina ya hay un modelo en marcha que puede ser evaluado. Se trata de “Renta Básica de Ciudadanía”, un programa de ingreso básico que se está llevando adelante en Maricá, una ciudad de 161,000 habitantes ubicada a 50 kilómetros de Rio de Janeiro, Brasil. Si bien el plan aún no es universal, ya alcanza a más de un cuarto de la población y el objetivo de las autoridades municipales es que se extiende a la totalidad de los habitantes en 2022.

Con esa meta de universalidad por delante, el programa dio un paso ambicioso a fines del año pasado.

"En lugar de continuar otorgando el beneficio a las familias más pobres, el programa pasó a ser pagado a todos los individuos que se inscriban en un registro, lo que nos permitió más que duplicar el número de beneficiarios", dice Magnum Amado, secretario de Desarrollo Económico de Maricá.

El beneficio es percibido ahora por 42,500 personas, quienes no tienen la obligación de cumplir ninguna contraprestación. Las únicas condiciones para recibir el beneficio pasan por tener una residencia de al menos tres años en Maricá y estar inscritos en el registro único de asistencia social vigente para todo Brasil. Para figurar en esa base de datos, los ingresos familiares mensuales no deben superar el triple del salario mínimo. Esto es, 3,117 reales (unos 607 dólares).

Hasta marzo pasado, los beneficiarios de “Renta Básica Ciudadanía” percibían 130 reales (unos 25 dólares) al mes. Pero desde abril el beneficio fue incrementado por seis meses a 300 reales (unos 58 dólares) con el objetivo de que buena parte de la población cumpla con las restricciones a la movilidad dictadas para combatir al coronavirus.

"Este beneficio ya ubica a la totalidad de los habitantes de Maricá por encima de la línea de pobreza extrema, pero además, a diferencia de otros programas, los beneficiarios pueden seguir recibiendo las otras transferencias sociales del gobierno nacional", dice Amado. El programa más importante en Brasil es Bolsa Familia, que fue percibido en julio por 14.2 millones de personas.

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Maricá asoma como una isla en un contexto de pobreza creciente en Brasil. Al cierre de 2018, 13.5 millones de personas, el 6,7% de la población del país, estaban sumergidos en la pobreza extrema, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE). En tanto, otras 38 millones de personas, el 18% de la población, eran pobres.

"Al ser `Renta Básica de Ciudadanía un complemento de otros programas sociales y al impactar más sobre las familias numerosas, es muy difícil que una persona en Maricá hoy tenga ingresos por debajo de la línea de la pobreza", dice Amado.

Moneda local

La drástica reducción de la pobreza no es el único logro del programa de ingresos básicos. A contramano de uno de los argumentos más esgrimidos por quienes objetan estos planes, en Maricá se generaron durante el primer semestre más empleos formales de los que se perdieron. Ese dato luce aún más frente a la pérdida de 1.2 millón de empleos formales en todo Brasil en la primera mitad del año.

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El impulso a la generación de más puestos de trabajo en Maricá está atado a una característica singular del programa: los beneficios son pagados en mumbucas, una moneda digital administrada por el banco comunitario de la ciudad. Así, las 42,500 personas que perciben la transferencia mensual pueden usar ese dinero mediante una tarjeta de débito o el teléfono celular en casi 3,000 comercios habilitados de la ciudad.

El objetivo es que los 13 millones de reales (unos 2.5 millones de dólares) otorgados al mes solo circulen dentro de los límites de Maricá. “El resultado es que se alcanzan dos objetivos al mismo tiempo: además de elevar los ingresos de las personas por encima de la línea de la pobreza, el programa también beneficia a las personas más pobres del municipio con el desarrollo de la economía local”, dice José Carlos Azevedo, secretario de Economía Solidaria de Maricá.

Con menos pobreza y desocupación que el promedio de Brasil, los beneficios de “Renta Básica Ciudadanía” están a la vista. Sin embargo, no está claro que el modelo de Maricá pueda ser replicado por otras localidades. Gracias a su litoral de 46 kilómetros lindantes con los prolíficos campos petroleros de la cuenca de Santos, Maricá es el municipio brasileño que más royalties percibe en compensación por la exploración de hidrocarburos. En los últimos cinco años recibió 4.8 billones de reales. Con ese ingreso, Maricá es la localidad que cuenta con más recursos para gastar por habitante en Brasil.

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No obstante, asoma un riesgo en el horizonte que podría desbaratar ese paraíso. El Supremo Tribunal Federal (STF) –el máximo organismo judicial de Brasil- tiene pendiente la decisión en torno a autorizar una distribución igualitaria de los recursos del petróleo entre todos los municipios, a diferencia del actual esquema que favorece a las regiones productoras. En caso de concretarse el cambio, Maricá perdería el 69% de sus ingresos por royalties, según la Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Esa decisión judicial será clave para saber si Maricá podrá cumplir con el sueño de universalizar el ingreso básico en 2022. En cualquier caso, el modelo ya puede exhibir resultados concretos que pueden ser tomados en cuenta por otras regiones de América Latina.

"Estamos entrando en un período en que una buena porción de los empleos de todo el mundo dejará de existir y eso implica que se volverá vieja aquella máxima de dar a los pobres la caña de pescar en lugar de repartir los peces", dice Marcelo Lessa, director de comunicación de la Red Brasileña de Renta Básica, en Río de Janeiro. "No habrá caña para todo el mundo por lo que hay que empezar a aplicar programas de renta básica universal: Maricá está demostrando que eso es posible".