Al respecto, analistas económicos consultados por la agencia EFE coinciden en que la propuesta resulta interesante en un país como Bolivia, donde aún es evidente que la riqueza está distribuida de forma muy poco equitativa, pero la matizan ante problemas estructurales que también persisten.
Para el analista Alberto Bonadona, "no es un momento propicio para impulsarla, más aún cuando existen ausencias de un marco jurídico que establezca los derechos de propiedad y que pueda definir determinadas formas de riqueza en Bolivia".
Quienes tienen "derechos de propiedad bien ganados" no tienen un respaldo jurídico sólido "como para poder defenderse frente a un impuesto" que podría aplicarse "de manera injusta o arbitraria", como ha ocurrido con otras políticas del gobierno del MAS, consideró.
Otro inconveniente es que no hay formas de incorporar a la medida a gente "que ha podido acumular mucha riqueza" desde la informalidad, agregó.
Una pareja del mismo sexo lucha por el reconocimiento legal en Bolivia
Más del 60% de la economía boliviana es informal, un porcentaje que, según expertos, podría crecer como consecuencia de la caída de la economía por las medidas contra la pandemia que han durado cinco meses en el país.
El director del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Javier Gómez, dijo a Efe que será difícil incluir en el impuesto a la riqueza "informal", porque mayormente "no está bancarizada".
