El abuso policial, que fue filmado por amigos y vecinos de Ordóñez cuando se produjo la detención en la vía pública, despertó una ola de indignación en Colombia. En las dos noches posteriores al asesinato, varias protestas se sucedieron en las principales ciudades del país. En ellas, 13 personas murieron tras recibir impactos de balas. Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, denunció el uso indiscriminado de armas de fuego por parte de la policía en la represión a las manifestaciones.
El homicidio de Ordóñez y los hechos posteriores volvieron a colocar a las fuerzas de seguridad en el centro del escenario en Colombia, más aún en un contexto de restricciones a la movilidad y reunión de personas.
"La cuarentena acentuó el poder del estado de poder encerrar a la gente, pero los abusos tienen que ver con un déficit que viene de mucho antes en la supervisión y control sobre la policía", dice Jerónimo Castillo, director del área de Seguridad y Política Criminal de la Fundación Ideas para la Paz, en Bogotá.
Con más o menor intensidad, abusos similares a los cometidos en Colombia se han venido replicando en varios países sudamericanos en los últimos meses. Sin la suficiente formación ni entrenamiento para actuar en un escenario inédito como el de la actual emergencia sanitaria, los cuerpos de seguridad, sobre los que se recostaron varios gobiernos de la región para hacer cumplir las cuarentenas, acentuaron prácticas recurrentes relacionadas con el uso excesivo de la fuerza.
El resultado es que, transcurridos ya seis meses desde el comienzo de las restricciones en varios países sudamericanos, uno de los efectos colaterales de esas medidas es el incremento dre los casos de violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad.
