Su gobierno ha dicho que permitir que los miles de solicitantes de asilo crucen la frontera inundaría el sistema de migración estadounidense y dañaría las relaciones de Estados Unidos con México.
Un juez federal bloqueó el programa diciendo que obligar a estos solicitantes de asilo a esperar en México era contrario al texto de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y violaba las obligaciones basadas en el tratado de no enviar a los refugiados de vuelta a los países peligrosos de los que procedían.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos, con sede en San Francisco, confirmó parcialmente esa decisión en febrero. La Corte Suprema puso entonces la medida cautelar en suspenso, permitiendo al gobierno de Trump continuar con la política de asilo.
Los migrantes en el programa, muchos de ellos niños, han enfrentado la violencia y la falta de vivienda en México mientras esperaban las fechas de los tribunales. Grupos de derechos humanos han documentado casos de secuestros, violaciones y asaltos.
Además, el lunes el máximo tribunal estadounidense aceptó escuchar otra apelación del gobierno de Trump a un fallo que dijo que excedió sus poderes constitucionales al desviar fondos militares para pagar su prometido muro en la frontera entre México y Estados Unidos.
Con información de EFE Y Reuters
