Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos con una agenda antiinmigrante muy fuerte. A casi cuatro años de gobierno, el político republicano se ha mantenido fiel a las promesas, excepto a una.
Durante la campaña de 2016, el ahora presidente prometió deportar a millones de personas que vivían en el país sin documentos. "Tenemos al menos 11 millones de personas que vinieron ilegalmente a este país. Ellos se van a ir", dijo Trump en un debate durante las primarias republicanas.
De acuerdo con un documento del Migration Policy Institute (MPI) publicado este jueves, la aplicación de la ley de inmigración en el interior de Estados Unidos durante el gobierno de Trump se ha quedado muy detrás de sus promesas y de lo hecho por su predecesor, el demócrata Barack Obama, conocido por la comunidad migrante como el "deportador en jefe".
"Los arrestos y deportaciones por motivos de inmigración han adquirido un perfil más alto bajo Trump debido a las operaciones de aplicación de la ley en el lugar de trabajo altamente visibles y al aumento de los arrestos en vecindarios residenciales y lugares sensibles como juzgados, entre otras tácticas", recordó el MPI.
Sin embargo, la promesa de llevar cabo deportaciones masivas no ha sido cumplida, claro, no gracias a la voluntad de Trump, sino a la resistencia de los funcionarios estatales y locales que han avanzado en políticas de “ santuario”, que limitan la cooperación don el Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE).
"Si bien la administración Trump ha buscado otras vías para aumentar los arrestos y deportaciones en el interior de los Estados Unidos, incluso cuadruplicando los esfuerzos de aplicación de la ley en los lugares de trabajo, la resistencia de las jurisdicciones locales ha sido clave en su fracaso para deportar a los millones de inmigrantes no autorizados que prometió el presidente", aseguró el MPI.
Para tratar de rendir estas defensas, el presidente amenazó en varias ocasiones con retirar recursos a las llamadas “ciudades santuario”, que en muchos casos, son gobernadas por políticos demócratas.
Durante el año fiscal 2019 —que va de octubre de 2018 a septiembre de 2019-, el ICE arrestó a aproximadamente 143,000 inmigrantes y deportó a 267,000 con que representó un incremento en comparación con el periodo previo.
Sin embargo, aún esta muy lejos de los 11 millones de expulsiones que prometió.
A pesar de este fallo, la Casa Blanca de Trump ha estado muy lejos de fracasar en su agenda contra la migración, regular e irregular, señala el MPI.
“Los fracasos de la administración Trump en este frente contrastan radicalmente con los logros de la Casa Blanca en reducir la inmigración legal, poner fin virtualmente al asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, construir nuevas barreras, reducir el reasentamiento de refugiados y cientos de otras acciones ejecutivas para remodelar el sistema de inmigración”, indicó en el estudio.
Además, si Trump es reelegido para un segundo mandato en las elecciones del 3 de noviembre, aplicará una política migratoria aún más dura, con límites al asilo y castigo para las “ciudades santuario”, de acuerdo con su principal asesor en el tema, Stephen Miller.
Las cuatro prioridades en la futura política migratoria de Trump serán límites al asilo, penalizar a las ciudades que amparen a los inmigrantes indocumentados, seguir recortando las visas para ciertos viajeros y nuevas restricciones a las visas de trabajo.
"En muchos casos, la solución a los problemas del sistema de inmigración y el restablecimiento de algún grado de sensatez en los programas de inmigración requiere reformas las reglas" , aseguró Miller en una entrevista con la NBC, e indicó que esos cambios no requieren la aprobación del Congreso.
En materia de inmigración, "el Congreso ha delegado muchas atribuciones" al Poder Ejecutivo, agregó.
Miller dijo que a Trump le gustaría ampliar a todo el mundo el tipo de acuerdos para "compartir las cargas" firmados con Honduras, Guatemala y El Salvador, por los cuales las personas que procuren obtener asilo en Estados Unidos han de aguardar en otros países el curso de sus trámites.
En cuanto a las ciudades cuyas autoridades locales que se niegan a colaborar con las federales en materia de inmigración, conocidas como "santuarios", Miller dijo que "habrá un gran contraste con una acción realmente agresiva".
Trump dará impulso a un proyecto de ley del senador Thom Tillis, republicano por Carolina del Norte, que impondría castigos a las jurisdicciones que otorguen santuario e "ilegalizará la práctica" del amparo a los indocumentados.
Por décadas, demócratas y republicanos en el Congreso han sido incapaces de llegar a un acuerdo para la reforma integral del régimen de inmigración y, como resultado, hay en el país aproximadamente 12 millones de inmigrantes indocumentados, muchos de ellos totalmente establecidos ya, con familias y negocios.
Durante el segundo debate, el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, prometió que enviará una iniciativa de ley para regularizar la situación migratoria de millones de personas durante los primeros 100 días de su gobierno.
Barack Obama, de quien Biden fue vicepresidente, hizo una promesa parecida en su campaña de 2008, sin embargo no dio impulso a ninguna legislación de inmigración a pesar de contar con ambas cámaras del Congreso.
El republicano Trump, quien ha llevado adelante una política agresiva contra los inmigrantes, paradójicamente se opone al llamado E-Verify, un sistema que requiere que los empleadores verifiquen la situación inmigratoria de los empleados que contratan.
Con información de EFE
