El próximo domingo comenzará a caer en Venezuela el último bastión que aún resiste en manos de la oposición. Tras el llamado a la abstención de 27 partidos políticos ante elecciones parlamentarias que consideran fraudulentas, todo está dado para que la Asamblea Nacional pase a ser controlada por el gobierno de Nicolás Maduro.
La caída del único contrapeso institucional parece despejar aún más el camino de un régimen que viene profundizando sus rasgos autoritarios.
“Tras las irregularidades del proceso electoral y el retiro de los principales partidos opositores, el resultado de las elecciones parlamentarias está cantado”, dice Margarita López Maya, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas.
“El debilitamiento de la oposición y la mayoría absoluta que obtendrá el gobierno de Maduro en la Asamblea Nacional tendrán repercusiones severas para la lucha democrática en el país”, dijo López Maya.
El camino de obstáculos que desembocará en las controvertidas elecciones del próximo domingo comenzó en junio, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un organismo que responde directamente al gobierno, designó a los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Aunque la elección de los miembros de la institución encargada de organizar y supervisar los comicios corresponde a la Asamblea Nacional con el voto de dos terceras partes de sus miembros, el TSJ aprovechó la falta de consenso en el Parlamento y apuró el nombramiento de cinco nuevos integrantes, la mayoría de ellos afines al gobierno de Maduro.
Casi en simultáneo con esa jugada, el TSJ intervino a tres de los principales partidos opositores —Primero Justicia, Voluntad Popular y Acción Democrática—, y entregó el liderazgo a antiguos militantes que habían sido expulsados por sus ex compañeros.
Esos partidos, con sus nombres, siglas y colores, competirán en las elecciones del próximo domingo aunque no lo harán bajo el liderazgo de sus principales dirigentes, sino de aquellos designados por el TSJ y que negociaron sus candidaturas con el gobierno.
Esa puesta en escena procura otorgarle una fachada democrática a elecciones que, aún antes de concretarse, presentan un largo listado de irregularidades.
Desconociendo las atribuciones del Parlamento, el CNE dictó el 30 de junio pasado las “Normas especiales para las elecciones a la Asamblea Nacional período 2021-2026”, 11 artículos en los que se introdujeron cambios al sistema electoral, a la composición de escaños y al mecanismo con el que sufragarán las etnias indígenas —votarán a mano alzada a delegados que, posteriormente, elegirán en nombre de la comunidad a los diputados que los representarán—.
“Las irregularidades principales corresponden al proceso electoral y no al día de la elección”, dice López Maya. “Con eso, el próximo domingo el gobierno hasta puede darse el lujo de no hacer trampa para ganar”.
Para peor, la limpieza de los comicios tampoco podrá ser monitoreada por observadores independientes. Si bien la autoridad electoral cursó en septiembre más de 300 invitaciones —entre ellas a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE)—, ese ofrecimiento se hizo sin el tiempo suficiente para que las entidades invitadas puedan desplegar una misión de observación electoral.
Ante eso, la UE pidió postergar las elecciones para el año próximo, pero ese reclamo no fue atendido por el gobierno venezolano.
En ese contexto de severos cuestionamientos al proceso electoral, 20.7 millones de venezolanos están habilitados para votar el próximo domingo. Todo indica que el nivel de participación será bajo. Estimaciones de la encuestadora Datanálisis señalan que concurrirá a votar apenas el 30% del padrón electoral, un nivel similar al que se registró en 2005 cuando la oposición mayoritaria tampoco participó.
En ese marco, las proyecciones coinciden en otorgarle al oficialismo un cómodo triunfo frente a los candidatos del sector de la oposición que reconoce la legitimidad del gobierno y a un grupo del chavismo que viene confrontando con las políticas de Maduro.
“El gobierno ya no es una mayoría como en los tiempos de Hugo Chávez, pero es una minoría muy organizada y sólida para los procesos electorales, lo que le garantiza un caudal de votos que se reflejará en la composición del Parlamento, más aún en un contexto de baja participación como el que se prevé”, dice José Rafael Mendoza Márquez, analista político de la Universidad de los Andes, en Caracas.
Los parlamentarios que surjan de las elecciones del domingo reemplazarán a partir del 5 de enero a aquellos que fueron electos en 2015.
En aquellos comicios —los últimos reconocidos por Estados Unidos y la Unión Europea—, la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) había conquistado la mayoría calificada de al menos 3/5 de la Asamblea Nacional. Pese a eso, la oposición estuvo lejos de poder convertir al Parlamento en un contrapeso del Poder Ejecutivo en el último lustro.
¿Qué sucedió? Por un lado, el gobierno se encargó de minimizar el rol del Parlamento con varias decisiones.
Antes del recambio de legisladores en 2015, la Asamblea Nacional, con todavía mayoría chavista, designó a 13 magistrados principales del TSJ. Esos magistrados, que tienen entre sus funciones dirimir controversias entre los poderes públicos y vetar leyes aprobadas por la Asamblea, declararon en desacato al Parlamento. Desde entonces, los demás poderes del Estado pasaron a desconocer todas las actuaciones de la Asamblea Nacional.
El TSJ, además, dictó una sentencia cautelar por la que suspendió la elección del estado Amazonas. Con los diputados de ese estado fuera del Parlamento, la oposición nunca logró conformar la mayoría calificada que había obtenido en las urnas. A eso se sumó que en marzo de 2017 el TSJ otorgó poderes ilimitados al presidente y estableció que la Sala Constitucional de ese tribunal asumía las funciones del Parlamento.
Ese juego de pinzas sobre la Asamblea Nacional se completó con la convocatoria por parte del gobierno de Maduro a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), una entidad conformada por delegados —entre los que figuran la esposa y el hijo del presidente— elegidos en comicios desconocidos por la oposición y las principales democracias del mundo.
Si bien la ANC no discutió ni redactó un solo artículo de la Constitución —función para que la oficialmente fue creada—, sí aprobó leyes que menoscabaron el rol del Parlamento.
Por ejemplo, en octubre pasado aprobó la “Ley Antibloqueo”, una norma que busca eludir las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos al otorgar poderes extraordinarios al presidente Maduro para firmar nuevos acuerdos petroleros con empresas privadas tanto nacionales como extranjeras.
A esas maniobras del gobierno se le sumaron déficits notorios en la oposición. La falta de una visión común para enfrentar al gobierno se fue agudizando en los últimos meses ante las diferencias entre quienes impulsan la abstención y aquellos que hubieran preferido concurrir a las elecciones parlamentarias.
La opción elegida para moderar esas diferencias fue la convocatoria conjunta de buena parte de la oposición a una consulta popular entre el 5 y el 12 de diciembre. Aprobada por la Asamblea Nacional, la consulta preguntará a los ciudadanos si rechazan las elecciones del domingo, si exigen “el cese de la usurpación de la Presidencia de parte de Nicolás Maduro y convoca la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables”, y si “ordenan” hacer “las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad”.
En un país que tiene dos presidentes —el presidente de la AN, Juan Guaidó, fue reconocido por unos 50 países— y dos instituciones que ofician como Parlamentos no sorprende que ahora haya dos elecciones simultáneas.
“La consulta no tendrá en absoluto relevancia”, dice Mendoza Márquez. “Es una decisión errada de dirigentes de la oposición que, según las encuestas, ya no tienen el apoyo popular de hace unos años”.
Sin contrapesos institucionales y ante una oposición fragmentada, crecen los temores a que se disparen aún más los casos de violaciones a los derechos humanos. En septiembre pasado, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que es dirigido por la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, denunció que más de 2,000 personas murieron entre enero y agosto de este año en los barrios pobres durante operaciones de seguridad llevadas a cabo por las autoridades.
En los últimos meses, el foco de las persecuciones políticas en Venezuela pasó de los líderes opositores a las ONGs y activistas sociales. El más reciente de esos casos ocurrió a fines de noviembre, cuando el gobierno allanó la sede y congeló las cuentas bancarias de “Alimenta la Solidaridad”, una organización que asiste a 25,000 niños desde hace cuatro años.
El gobierno acusó a esa organización de canalizar donaciones extranjeras para la subversión política. En esa línea, Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del oficialismo, adelantó que el gobierno pondrá bajo la lupa el financiamiento internacional de estas ONGs. Si finalmente el financiamiento es cancelado, buena parte de estas organizaciones se reducirán al mínimo o tenderán a desaparecer.
Esa agudización del autoritarismo y las acciones represivas conviven con una economía que sigue en caída libre. El PIB descenderá este año más del 30%. Con eso, según la consultora Ecoanalítica, al cierre de 2020 Venezuela tendrá una economía 67.6% menor a la de 1999, año en que el chavismo accedió al poder.
Ese largo deterioro explica por qué el 96% de la población percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza y más de cinco millones de venezolanos —cerca del 20% de la población— han emprendido el éxodo en los últimos años.
Aún en ese marco, el gobierno de Maduro saldrá relativamente fortalecido de las elecciones parlamentarias del domingo próximo.
“El panorama es sombrío: tras haber logrado el objetivo de debilitar el sistema de partidos, el gobierno se enfocará ahora en otros actores de la sociedad civil que necesita neutralizar, como las organizaciones de derechos humanos, empresariales, de desarrollo comunitario y de ayuda humanitaria”, dice López Maya.
“Con la nueva relación de fuerzas que surgirá a partir del domingo, Maduro podrá entrar al 2021 con margen suficiente para consolidar su modelo autoritario”.
