La policía de Myanmar advirtió el lunes a los manifestantes que se dispersen o podrían tener que usar la fuerza, poco antes de que un canal de televisión mostrara un choque inminente entre los efectivos y detractores de la junta militar luego del arresto de la líder electa Aung San Suu Kyi.
Decenas de miles de personas se sumaron a una tercera jornada de protestas en ciudades y pueblos alrededor del país, en reclamo por el golpe militar ocurrido el lunes pasado.
La junta militar impuso este lunes la ley marcial en varias ciudades en respuesta a las manifestaciones que por tercer día consecutivo inundaron las calles del país para protestar contra el golpe de Estado ejecutado hace justo una semana.
Después de que el país quedara hoy prácticamente paralizado por una huelga general de trabajadores y protestas masivas, los militares declararon la ley marcial en cinco localidades, en las que se impone un toque de queda, prohíbe reuniones de más de cinco personas y discursos públicos.
La medida, que afecta a dos distritos de Rangún, la mayor ciudad y el centro económico del país, entró en vigor este lunes también en Mandalay, Monywa, Loikaw y Hpsaung, Myaungmya.
En la capital, Naipyidó, tres líneas de efectivos policiales que vestían equipos antidisturbios podrían verse en una calle central, mientras los manifestantes cantaban eslóganes y gritaban a las fuerzas que deberían servir al pueblo, no a los militares, de acuerdo a medios locales y a publicaciones en redes sociales.
La policía colocó un aviso en la calle indicando que se utilizarían municiones peligrosas si los manifestantes sobrepasaban la tercera línea de efectivos.
Más temprano, la policía en la capital había lanzado cañones de agua para dispersar las protestas.
Hasta ahora, los medios estatales o próximos al Ejército habían evitado cualquier noticia sobre las movilizaciones pacíficas contra los uniformados y el anuncio hace temer una escalda de detenciones y la represión policial.
Desde que comenzaron las protestas masivas el fin de semana, las fuerzas de seguridad no habían cargado contra los manifestantes que, por su parte, han evitado en todo momento la confrontación con la policía.
Myanmar está viviendo multitudinarias manifestaciones no vistas en más de un década en el país, a pesar de que las autoridades han bloqueado redes sociales como Facebook o Twitter e incluso cortaron internet durante 24 horas y las líneas de teléfono temporalmente durante el fin de semana.
Un movimiento de desobediencia civil iniciado por el personal sanitario se ha extendió por todo el país desde que el pasado 1 de febrero el Ejército ejecutara un golpe de Estado para hacerse con el poder y detuviera a parte del gobierno electo, incluida a la líder de facto, Aung San Suu Kyi.
Para este lunes estaba convocada una huelga de trabajadores que tuvo gran seguimiento en Rangún, le principal centro económico del país, y que paralizó prácticamente la antigua capital mientras decenas miles de personas se concentraron en el casco histórico.
La huelga también se pudo notar en algunos ministerios, como el de Asuntos Exteriores, donde funcionarios y cargos medios han empezado a unirse al movimiento de desobediencia civil, según pudo saber Efe.
En las manifestaciones, que durante el fin de semana estuvieron protagonizadas principalmente por gente joven, se pudieron ver este lunes a trabajadores de todos sectores, incluidos bomberos y maestros uniformados, personal sanitario e incluso pancartas y banderas del colectivo LGTBI o de las minorías étnicas del país.
"Los manifestantes en Myanmar continúan inspirando al mundo a medida que las movilizaciones se extienden por todo el país (...) Birmania se ha levantado para liberar a todos los que han sido detenidos y rechazar la dictadura militar de una vez por todas", dijo hoy Tom Andrews, relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Birmania.
Desde el golpe, al menos 163 personas han sido detenidas, dos ellas sentenciadas a dos años de cárcel por delitos que no han sido precisados, mientras que las autoridades han puesto en libertad a 13 de los arrestados, según datos de la Asociación de Asistencia para Prisioneros Políticos.
El comandante en jefe del ejército birmano, Min Aung Hlaing, justificó este lunes el golpe de Estado que depuso al gobierno civil de Aung San Suu Kyi, al invocar de nuevo "fraudes electorales" durante las legislativas de noviembre.
"Para mantener y proteger el sistema democrático, Tamataw [las fuerzas armadas], de acuerdo con la Constitución de 2008, declaró el estado de emergencia", dijo Ming Aung Hlaing a la cadena de televisión Myawaddy TV.
En su primera declaración pública desde el golpe de Estado del 1 de febrero, también dijo que investigan "a las autoridades responsables de estos fraudes electorales".
Ese día, los generales pusieron fin a una frágil transición democrática con la instauración del estado de urgencia de un año y detuvieron a Aung San Suu Kyi, así como a otros dirigentes de su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND).
Myanmar vivió bajo el yugo de los militares durante cerca de 50 años desde su independencia en 1948. En 2010 se inició una liberalización progresiva y un gobierno civil, dirigido de hecho por Aung San Suu Kyi, llegó al poder después de la victoria de la LND en las elecciones de 2015.
El partido ganó de nuevo por mayoría aplastante las legislativas de noviembre, en unos comicios que los militares califican de fraudulentos pese a que los observadores internacionales no constataron problemas mayores.
En realidad, los generales temen perder influencia tras la victoria de la LND, que podría haber querido reformar la Constitución, muy favorable a los militares. El ejército ha prometido elecciones libres al término del estado de urgencia.
La Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido liderado por Suu Kyi, pidió este lunes a la comunidad internacional que solo reconozca como legítimo al Gobierno electo y que se abstenga de cualquier "comunicación o cooperación" con la junta militar.
En un comunicado, la formación afirmó que los líderes militares se han apropiado de la soberanía nacional sin la "mínima legalidad" y solicitó a los Gobiernos de otros países que presionen para conseguir la liberación de los políticos y activistas detenidos por el Ejército.
Por su parte, el gobierno de Australia pidió este lunes la liberación del australiano Sean Turnell, asesor de Suu Kyi que fue detenido el sábado pasado por los militares que han tomado el poder en Myanmar.
"Nuestra embajada está prestando todo el apoyo posible al profesor Turnell durante estos duros momentos", aseguró la ministra de Exteriores australiana, Marise Payne, quien apuntó que el detenido es un reputado asesor y profesor.
El experto, asesor de Suu Kyi para asuntos económicos, es director desde 2017 del Instituto para el Desarrollo de Birmania, con sede en Naipyidó.
Se trata de la única detención de un ciudadano extranjero desde el levantamiento militar de la que se tenga noticia.
Con información de AFP, EFE y Reuters
