Andorra fue un paraíso fiscal para la Unión Europea hasta 2018. Hasta entonces, sus bancos no compartían información sobre sus cuentahabientes con otros países. Durante años, esa privacidad atrajo a muchos contribuyentes que querían esconder parte de su patrimonio de las autoridades fiscales.
Cerca de 30 ex altos cargos del gobierno de Venezuela han sido investigados por ocultar en Andorra sobornos a empresas por otorgar contratos con la petrolera estatal PDVSA. El nombre de la constructora brasileña Odebrecht también está vinculado al del país pirenaico por supuestas actividades ilegales.
Todos estos presuntos delitos surgen de la intervención en 2015 al ahora extinto BPA, un banco que entonces fue señalado por Estados Unidos como una entidad financiera que facilitaba el blanqueo de dinero para el crimen organizado. En un intento de limpiar el banco y el nombre del país, las autoridades andorranas nacionalizaron BPA y comenzaron a investigar sus cuentas. Mientras tanto, sus activos considerados ‘legítimos’ fueron agrupados en la institución Vall Banc, vendida al fondo JC Flowers.
Tradicionalmente, la banca andorrana había sido un lugar predilecto para las grandes fortunas españolas, sobre todo las catalanas. Debido a su proximidad a Barcelona y el anonimato garantizado a sus cuentahabientes, muchos empresarios y políticos resguardaban parte de su patrimonio en el pequeño país pirenaico. El caso más sonado es el del ex presidente catalán Jordi Pujol (1980-2003), quien podría haber ocultado parte de su patrimonio en Andorra, según una pesquisa de las autoridades españolas al ex político y sus familiares por varios presuntos delitos.
Esa es la transformación que ahora atraviesa Andorra: dejar de ser sinónimo de corrupción a la capital del entretenimiento online en español. La desaparición del “secreto bancario” en 2018 y los numerosos escándalos hacen que su importante industria bancaria pierda atractivo. El turismo relacionado con el esquí representa el 80% de su economía, motivo por el que está intentando diversificarse y convertirse en un destino ideal para el trabajador digital. Y todo legal. Sólo basta con pasar 183 días por año en los Pirineos para disfrutar de un atractivo régimen fiscal.
