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La reforma tributaria: la chispa que inició el estallido social en Colombia

El país gobernado por Iván Duque se había convertido en los últimos años en un modelo de estabilidad macroeconómica en Sudamérica, pero sin lograr revertir la desigualdad económica histórica.
jue 06 mayo 2021 06:57 PM
La controvertida reforma tributaria lanzada por el gobierno del centroderechista Iván Duque a mediados de abril en Colombia no alcanzó ni siquiera a ser debatida por el Congreso. El foco puesto en ampliar la carga impositiva para los sectores de ingresos medios, en el marco de una severa crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19, empujó a las calles a cientos de miles de personas en la capital Bogotá, Cali, Medellín y otras ciudades de Colombia.
El anunció de la reforma tributaria llegó en el peor momento, pues se dio en un contexto de incremento de la pobreza y el desempleo y sin los acuerdos políticos necesarios, señalan analistas.

La chispa terminó por encender una hoguera en Colombia. La controvertida reforma tributaria lanzada por el gobierno del centroderechista Iván Duque a mediados de abril no alcanzó ni siquiera a ser debatida por el Congreso. El foco puesto en ampliar la carga impositiva para los sectores de ingresos medios, en el marco de una severa crisis económica provocada por la pandemia, empujó a las calles a cientos de miles de personas en la capital Bogotá, Cali, Medellín y otras ciudades de Colombia.

Ese estallido social está reconfigurando el escenario de un país que en los últimos años se convirtió en un modelo de estabilidad macroeconómica en Sudamérica, pero que continúa sin lograr recortar sus altos niveles de desigualdad.

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"El tema de fondo es la crisis ocasionada por el COVID-19 en un país que tiene una enorme informalidad laboral y en que la cifra de desempleo de los jóvenes está por encima del 23%", dice el economista Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, en Bogotá.

"Al incremento de la pobreza y del desempleo se aunó una reforma tributaria planteada por el gobierno sin un acuerdo político previo: todos esos factores se conjugaron para disparar el actual escenario social", explica.

Pese a que entre 2010 y 2019 el PIB de Colombia promedió un crecimiento en torno al 3.5% anual, el país no logró remover muchos de sus asuntos pendientes. Las exenciones de impuestos al sector financiero y a empresas, además del resguardo por parte del estado de los oligopolios en industrias clave, como la del azúcar y la minería, moldearon un cuadro social que consolidó la inequidad.

En 2019, mientras el 20% más rico de la población concentraba el 57% del ingreso total, el quintil más pobre apenas captaba el 3%, según datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Esos niveles de desigualdad, solo superados por Brasil en la región, se profundizaron desde la irrupción de la pandemia.

En 2020, el PIB cayó 6.8%, el mayor descenso de la historia reciente de Colombia. Eso llevó a que más de 3.5 millones de personas pasaran a la pobreza y a que el número de personas empleadas se reduzca en 2.4 millones durante el año pasado, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). En ese contexto, Duque y el ex ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla —un economista que postula la ortodoxia neoliberal— lanzaron la reforma tributaria.

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Bajo el argumento que serviría para sostener los programas sociales que se introdujeron durante la pandemia, la propuesta incluía un aumento de los impuestos sobre la renta a personas que ganen un sueldo mensual de 663 dólares, apenas el triple que el salario mínimo.

Además, la reforma proponía extender el cobro del 19% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a productos y servicios básicos hasta ahora exentos, como las tarifas de electricidad, gas y agua, entre otros.

Con eso, si bien la llamada Ley de Solidaridad Sostenible también contemplaba un incremento de los tributos para patrimonios superiores a 1.35 millones de dólares, el mayor peso de la reforma iba a recaer sobre la clase media, un segmento social ya muy castigado por los efectos económicos de la pandemia.

Cambios sobre la marcha

Debilitado tras las masivas protestas y la oleada de críticas de organismos de derechos humanos ante la violenta represión que ya se cobró la vida de al menos 24 personas y la desaparición de otras 89, Duque decidió retirar la reforma tributaria del Congreso el domingo pasado. Tras el reemplazo de Carrasquilla por José Manuel Restrepo en el ministerio de Hacienda, el gobierno buscar ahora alcanzar consensos para avanzar en otra propuesta.

Las primeras señales muestran que el gobierno está dando marcha atrás en buena parte de los aspectos más polémicos de la reforma. Duque ya adelantó que no insistirá con la extensión del IVA a más productos y servicios, ni tampoco avanzará con la ampliación de la base gravable del impuesto de renta a personas naturales.Solo seguirán pagando ese tributo los que ya lo hacían.

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A cambio de eso, el foco pasa por elevar la presión impositiva sobre las grandes empresas y personas de ingresos altos, en sintonía con las demandas surgidas en las protestas. En esa línea, se plantea aplazar la reducción de renta corporativa, disponer una sobretasa de renta temporal a las compañías, además de prorrogar el impuesto al patrimonio, incrementar el gravamen a los dividendos y aplicar una sobretasa de renta a las personas de mayores ingresos.

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El objetivo ahora será recaudar 14 billones de pesos (unos 3,765 millones de dólares) —equivalentes a 14% del PIB—, en lugar de los 23.4 billones planteados por la reforma original.

El reto de reducir el déficit fiscal y la deuda

No obstante, el giro del gobierno aún no logró revertir la desconfianza de los partidos opositores ni mucho menos de los sectores más radicalizados que mantienen los paros y bloqueos a las carreteras. En cualquier caso, urge la necesidad de avanzar en Colombia con una reforma que acerque más recursos al fisco.

El año pasado el déficit fiscal alcanzó al equivalente del 7.8% del PIB, un salto frente al 2.5% registrado en 2019. La profundización del rojo de las cuentas públicas se reflejó en un alza de los niveles de endeudamiento, que pasaron del 45% del PIB antes de la pandemia al 64.8% el año pasado.

Para, al menos, frenar esa tendencia y mantener los ratings de las calificadoras —S&P Global Ratings y Fitch Ratings clasifican la deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera con BBB-, el nivel más bajo por encima del grado especulativo—, el gobierno de Duque confiaba en los ingresos que iba a recaudar la frustrada reforma.

José Manuel Restrepo, quien sustituyó a Carrasquilla como ministro de Hacienda, dijo este jueves que han tenido conversaciones con las agencias evaluadoras de riesgo y confió en que el proyecto se apruebe en la actual legislatura que finaliza en junio, aunque dijo que la presentación del nuevo proyecto dependerá de lograr los consensos con los diferentes sectores de la sociedad.

"Esto lo hemos hablado incluso con el presidente y algunas calificadoras de riesgo, en el sentido de que lo esencial es que esto se construye con diálogo constructivo", afirmó el ministro, de acuerdo con un reporte de la agencia Reuters.

"Hay y que ser absolutamente conscientes de que lo que es clave es definir primero a quién podemos y debemos acompañar, porque son sectores vulnerables; dos, cuáles son esas fuentes de financiación y tres, de la mano del Congreso de la República dar el mayor avance posible en el curso de esta legislatura", estimó el funcionario.

Ahora, con un nuevo proyecto que deberá ser diseñado de urgencia en medio de un denso clima social, la meta de reducir gradualmente el nivel de deuda a un 59.2% en 2031, con la que Duque buscaba calmar a los inversionistas, está nuevamente en riesgo.

"Hacia adelante, el gobierno debe mantener un monto elevado de gasto social en los próximos años para seguir conteniendo los efectos negativos de la pandemia sobre los hogares y debe garantizar un aumento de ingresos fiscales que permita reducir el déficit fiscal al tiempo que estabilice y, luego, reduzca gradualmente la deuda pública", dice Juana Téllez, economista jefe de BBVA Research para Colombia.

"Para todo esto es necesario adelantar una reforma fiscal con celeridad".

Sin embargo, no está claro que el gobierno pueda alcanzar en el actual contexto el consenso necesario para impulsar un nuevo proyecto en el corto plazo. Esas dudas quedaron reflejadas en el comportamiento de los mercados financieros. Desde que fue presentada la reforma tributaria original en el Congreso, la cotización del dólar subió 4.3%.

Con ese salto, el peso colombiano se convirtió en la moneda emergente más devaluada durante 2021 con un descenso acumulado de 10.2%.

"Los activos colombianos y la moneda están reflejando que Colombia seguramente va a perder el grado de inversión", dice Francisco Chávez, director de estrategia de inversiones de la firma Fiduciaria de Occidente, en Bogotá. "Ante eso, se está viendo un flujo de salida de capitales del país".

Una lucha contra la desigualdad

Al igual que en otros países sudamericanos como Perú y Chile en los que los beneficios del crecimiento económico no han llegado en forma equitativa a todos los segmentos sociales, en Colombia también empezó a correrse el velo. Cada vez con mayor frecuencia, las sociedades del sur del continente alzan sus voces para reclamar un reparto más igualitario de la sobrecarga que trajo la pandemia.

"Al igual que la gran mayoría de los países sudamericanos, Colombia arrastra un problema muy grande de inequidad en la distribución del ingreso: la recaudación de impuestos no es progresiva y en materia de gastos buena parte de los subsidios se van a las pensiones, especialmente las públicas, que son percibidas en gran parte por personas de ingresos medios y altos que cumplen con los requisitos para pensionarse", dice Mejía.

"Los colombianos siempre somos muy gradualistas y no creo que estas manifestaciones conduzcan a cambios sustanciales en el corto plazo: el interrogante es si este estallido abrirá la puerta a los extremos de derecha e izquierda en las elecciones presidenciales del año próximo".

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