La larga cronología de acercamientos y rupturas con el organismo de crédito multilateral pareció tener un punto de quiebre a comienzos de 2006. Por entonces, el presidente Néstor Kirchner decidió, pese a su retórica de confrontación, cancelar en forma anticipada y en un solo pago la deuda de 9,810 millones de dólares que Argentina mantenía con el FMI.
El objetivo explícito de aquella medida era evitar los clásicos condicionamientos que el organismo impone a las políticas fiscales y monetarias de los países deudores, restricciones que Argentina había sufrido como nunca antes en la mega-crisis de 2001.
Sin esas limitaciones y con mayores ingresos por el alza del precio de las materias primas agrícolas, el gobierno de Néstor Kirchner y luego el de su sucesora Cristina Fernández fueron lanzando medidas que implicaron una fuerte expansión del gasto público.
Si bien buena parte de esas partidas se dirigió a dar cobertura a sectores vulnerables de la población, otra porción considerable se destinó a subsidiar a los segmentos de ingresos altos mediante, por ejemplo, el congelamiento del valor de las tarifas de electricidad, gas y agua o del costo de los pasajes aéreos, medidas que se extendieron por más de una década. Con eso, el gasto en subsidios económicos pasó del 0.8% del PIB en 2006 a más del 4% en 2015.
