Montado en un caballo y con su infaltable sombrero de paja, Pedro Castillo se acercó a votar el 11 de abril pasado a una escuela de Tacabamba, localidad rural de poco más de 3,000 habitantes. Hasta entonces, el líder sindical de izquierda, que se postulaba por primera vez a la presidencia de Perú, tenía la expectativa de convertirse en la sorpresa de una elección que, a priori, no lo contaba entre los favoritos. Pocas horas después, aquel anhelo se cumplió con creces: en medio de una alta fragmentación electoral y del descrédito que sufre la dirigencia política tradicional de Perú, Castillo terminó siendo el candidato más votado de la primera vuelta con el 19.1% de los sufragios.
Pedro Castillo y Keiko Fujimori: los dos extremos entre los que elige Perú
El líder sindical de izquierda y la política ultraconservadora llegan a la segunda vuelta electoral para elegir al nuevo presidente del país sudamericano en un ambiente de polarización política.
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Ese resultado, que no formaba parte de los análisis políticos surgidos desde la capital Lima, estremeció el escenario de Perú. Pero la onda expansiva generada por la irrupción de un líder anti-sistema se propagó aún más cuando se confirmó que la ultraconservadora Keiko Fujimori —obtuvo el 13,3% de los votos— iba a ser la rival de Castillo en la segunda vuelta electoral. Con ese resultado, dos de cada tres peruanos, que no eligieron ni a Castillo ni a Fujimori en el primer turno electoral, deberán optar en el ballotage del domingo próximo entre dos candidatos con posturas extremas.
"Perú llegó a este punto por la responsabilidad de sus élites políticas, que nunca supieron concertar y poner los intereses del país por delante", dice José Incio Coronado, analista político de la Universidad de Pittsburgh.
"Ahora, habrá que optar entre dos líderes que si bien usarán mecanismos distintos, presentan riesgos similares: con Keiko Fujimori es más probable que se implemente un mecanismo de cooptación de las instituciones, similar a lo que pasó con su padre (Alberto Fujimori) en los años 90, mientras que por el lado de Castillo, el riesgo pasa más por un intento de sobrepasar las instituciones enarbolando supuestamente la voluntad popular, lo que podría implicar el cierre del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente que redacte una Constitución a medida".
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Esas posiciones alejadas de la búsqueda de consensos no parecen ser las más adecuadas para dejar atrás la etapa de altísima inestabilidad que sufre Perú. El colapso del modelo de partidos a mediados de los 90 y su reemplazo por estructuras muy débiles conformadas en torno a personas viene incentivando los quiebres institucionales en un país que tiene, en la práctica, un sistema semi parlamentario de gobierno.
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Solo con el 20% de los congresistas, se puede pedir una moción de vacancia al presidente; con el 40%, puede admitirse esa propuesta y con el 66%, puede aprobarse. Ese marco legal, en un contexto de extrema fragmentación de la representación parlamentaria, abrió las puertas a una crónica batalla entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. El resultado más evidente de esa puja es que Perú ha tenido cuatro presidentes en los últimos cinco años.
Quién tomará el hierro caliente de la presidencia a partir del 28 de julio es todavía una incógnita. Según el consenso de las encuestas, Castillo mantiene una luz de ventaja, pero la brecha se ha ido acortando en forma considerable en las últimas semanas. En todo caso, si el líder sindical logra resistir la trepada final de Fujimori, el rumbo de Perú daría un giro brusco, al menos en materia económica.
Castillo promete convocar apenas asuma a una asamblea constituyente que se encargue de redactar una nueva Constitución. El objetivo es otorgarle al Estado un rol mucho más activo como regulador del mercado. En esa línea, buscará avanzar en la estatización de sectores estratégicos como el gasífero, el petrolero y el minero.
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Además, Castillo adelantó que revisará el actual sistema privado de pensiones, los múltiples acuerdos de libre comercio firmado por Perú en los últimos años y los contratos con las empresas transnacionales para que el 70% de las ganancias se queden en el país.
De implementarse, serían medidas que implicarían un cambio radical con respecto al rumbo recorrido por Perú en los últimos 20 años. En ese período, gracias a una gestión fiscal y monetaria prudente, el país logró dejar atrás la hiperinflación de fines de la década del 80 para pasar a gozar de una sostenida estabilidad económica.
Eso, sumado al viento de cola provocado por los precios récord del cobre y otros minerales que Perú exporta, impulsó un crecimiento promedio del PIB del 5.2% en los últimos 15 años. En ese marco, los niveles de pobreza cayeron desde el 58.7% de la población en 2004 al 20,2% en 2019, según datos del Banco Mundial.
Sin embargo, aún con esa expansión económica, históricos déficits que Perú arrastra desde hace décadas, como las altas tasas de pobreza rural y la elevada informalidad laboral, no pudieron ser revertidos. Peor aún, la irrupción de la pandemia agravó esos problemas.
Con una contracción del PIB del 11.1%, en 2020 los niveles de pobreza monetaria volvieron a los registros que tenía el país hace diez años. Además, 2.2 millones de personas se sumaron a la legión desempleados y la informalidad laboral alcanza a más del 75% de los trabajadores, un récord histórico.
"La pandemia ha golpeado en forma muy desigual a la ciudadanía: los sectores más pobres y los que tienen trabajos informales han sufrido relativamente mucho más que otros, y eso abrió el terreno para que se politicen antiguas diferencias que estaban latentes", dice Paula Muñoz Chirinos, analista política de la Universidad del Pacífico, en Lima.
"Castillo logró movilizar a ese sector que en buena parte está conformado por personas que habían salido de la pobreza monetaria por el crecimiento económico de las últimas décadas, pero que cayeron nuevamente ante esta crisis y ahora exigen un cambio".
Con un discurso rupturista, Castillo, que cobró notoriedad al encabezar en 2017 una huelga de maestros que se prolongó por 75 días, pasó a ser el rostro de los peruanos que siguen sumidos en el olvido y la pobreza pese al crecimiento macroeconómico de los últimos años. En cambio, Keiko Fujimori pretende erigirse como la garantía de continuidad, a grandes trazos, del actual modelo económico, al tiempo que busca hacer foco en los riesgos que implicaría un triunfo de Castillo para la estabilidad económica.
"En las propuestas económicas hay diferencias profundas entre los candidatos, pero tampoco el fujimorismo es el representante más puro de las ideas neoliberales”, dice Muñoz Chirinos. “En el pasado, el gobierno de Alberto Fujimori intentó un neoliberalismo con muchos componentes de políticas populistas, y eso puede volver con Keiko".
Entre sus múltiples promesas de campaña a distintos sectores de la población, Fujimori propone, por ejemplo, otorgar el denominado “Bono oxígeno”, un subsidio de 10,000 soles (unos 2,600 dólares) a todas las familias que hayan sufrido muertos por coronavirus.
Más semejantes de lo que aparentan
Las diferencias que separan a los dos candidatos en materia económica se vuelven más difusas a la hora de comparar sus otras propuestas. En el plano institucional, Castillo asegura que impulsará la elección de nuevos representantes electos por el pueblo para reemplazar la actual composición del Tribunal Constitucional.
Esa intención de apelar a la democracia directa viene alimentando las sospechas de que Castillo buscará recorrer un camino similar al del chavismo. Ambiguo a la hora de definir si hay o no democracia en Venezuela, el candidato izquierdista ha venido desplegando en las últimas semanas una evidente estrategia de diferenciación con el chavismo. Por caso, le pidió en público al presidente venezolano, Nicolás Maduro, que se lleve "a sus compatriotas que han venido a delinquir a mi tierra".
Si bien Keiko Fujimori intenta golpear sobre ese flanco débil de Castillo, la candidata derechista no cuenta con demasiadas credenciales para exhibir en el respeto a las instituciones. Su rol en el Congreso fue clave en la desestabilización de presidentes electos en los últimos años y, hacia adelante, todo indica que si llegara a la presidencia, también buscaría avanzar sobre el Poder Judicial.
"El chavismo implica la concentración extrema del poder en el Ejecutivo y ambos candidatos representan ese peligro", dice Incio Coronado. "Keiko Fujimori tiene, por ejemplo, todos los incentivos para intervenir el Poder Judicial debido a las denuncias que pesan sobre ella y sus allegados". La candidata carga con un pedido de la fiscalía de 30 años de cárcel por presunto lavado de activos.
En el plano social, las diferencias parecen estrecharse aún más. Ambos candidatos están en contra de la legalización del aborto, el matrimonio igualitario y la inclusión del enfoque de género en la educación escolar. “Ante la falta de una opción progresista, se ha visto la utilización de los temas sociales y morales desde un lado conservador por parte de ambos”, dice Muñoz Chirinos.
Desde que comenzó el siglo, Perú ha elegido a cinco presidentes por el voto popular. Todos ellos han sido condenados o enfrentan procesos en la Justicia. Los peruanos acudirán a las urnas el próximo domingo con la expectativa de revertir esa historia. Sin embargo, en medio de una dura crisis social y sanitaria, una puja sin fin entre los poderes del Estado y una sociedad descreída de su dirigencia política, el nuevo gobierno deberá enfrentar desafíos que podrían excederlo.
"Será muy difícil lograr la estabilidad en los próximos años: lo más probable es que con Keiko Fujimori haya mayor inestabilidad social y con Castillo, más inestabilidad política porque tendrá el Congreso en contra”, dice Incio Coronado. “Gane quien gane, lo seguro es que la agenda conservadora ocupará cada vez más espacio en Perú".
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