La candidata del partido de derecha autoritaria Fuerza Popular también representa la corrupción que pesa como una lacra sobre el país, pues ha sido imputada por presunto lavado de dinero en sus anteriores campañas electorales, lo que le llevó a prisión preventiva durante 15 meses entre 2018 y 2020.
La candidata de 45 años, que se postula por tercera vez a la presidencia —perdió dos balotajes ante Ollanta Humala en 2011 y Pedro Pablo Kuczynski en 2016— parte esta vez en una posición más comprometedora, por las acusaciones de corrupción que pesan en su contra.
La fiscalía la investiga por el escándalo del gigante brasileño de la construcción Odebrecht.
La fiscalía quiere llevarla a juicio y anunció el 11 de marzo que pedirá una pena de 30 años de prisión por los presuntos delitos de "crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia".
De ganar la presidencia, solo podría ser enjuiciada al finalizar su mandato de cinco años.
Fujimori es defensora a ultranza de la economía de mercado practicada en Perú como un dogma desde el mandato de su padre, con una intervención mínima del Estado y enfocada en poner las menos trabas y reglas posibles a la inversión privada con la idea de que esta sea la principal fuente de trabajo e ingresos de la población.
Es la permanencia de este modelo lo que está en juego, pues si bien la pobreza se ha reducido notablemente en los últimos 30 años, las desigualdades no se han reducido.