El caso Odebrecht, que ha involucrado a los políticos más importantes de Perú, vuelve al ojo público. Keiko Fujimori, quien fue acusada de haber recibido sobornos de la constructora en su campaña de 2011, es nuevamente candidata a la presidencia del país sudamericano.
Perú es, después de Brasil, el país más afectado en América Latina por el escándalo de corrupción de esta empresa.
La cuestionada compañía brasileña firmó en febrero de 2019 un acuerdo de cooperación con la fiscalía peruana y comenzó a aportar testimonios y evidencias que pueden llevar a prisión a numerosos políticos peruanos, incluidos cuatro ex presidentes.
Además de Fujimori, el caso Odebrecht ha salpicado a los ex presidentes Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuzcynski. Esto es lo que sabemos sobre sus casos.
La candidata presidencial e hija del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), Keiko Fujimori, fue detenida el 31 de octubre de 2018 por obstrucción a la justicia, luego que el juez Richard Concepción Carhuancho acogiera un pedido de prisión preventiva por 36 meses de la fiscalía.
La fiscalía anticorrupción investiga a la líder del partido fujimorista, Fuerza Popular, y a una decena de colaboradores, a quienes acusa de blanquear 1.2 millones de dólares provenientes de fondos ilícitos de la brasileña Odebrecht para la campaña presidencial de 2011.
Según las investigaciones, Keiko lidera "una organización criminal" al interior de su partido. El caso puede involucrar a su hermano Kenji.
En una audiencia sobre su caso celebrada en marzo de 2019, Fujimori se negó a declarar ante la fiscalía. La política, quien niega las acusaciones en su contra, argumentó que el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez había perdido la objetividad.
La fiscalía peruana obtuvo a finales de 2019 una declaración de un ex ejecutivo de Odebrecht, Luis Eduardo da Rocha Soares, quién habría confirmado el aporte de un millón de dólares de la empresa para solventar la campaña de la líder de Fuerza Popular en 2011.
Keiko, de 45 años, estuvo 13 meses en prisión preventiva por el mismo caso desde octubre de 2018. Salió en libertad el 29 de noviembre de 2019, luego que el Tribunal Constitucional aceptara un habeas corpus.
La fiscalía de Perú pidió 30 años y 10 meses de prisión el 11 de marzo de 2021 para Fujimori, después de concluir 28 meses de investigación.
“El fiscal José Domingo Pérez presentará una acusación contra Keiko Fujimori y otras 40 personas por presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia, falsa declaración en procedimiento administrativo”, anunció el Ministerio Público.
Fujimori insistió que es víctima de una persecución política.
Con un 13.35% de los votos de la primera vuelta electoral, Fujimori obtuvo su paso a la segunda vuelta. Se enfrentará contra el izquierdista Pedro Castillo en el balotaje, que se celebrará el próximo 6 de junio.
Alan García, quien gobernó Perú dos veces —entre 1985 y 1990 y entre 2006 y 2011— estaba bajo la lupa por supuestos sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht para obtener un contrato de construcción para el metro de Lima durante su segundo mandato.
Además, según la fiscalía, el entonces presidente García y otros 21 funcionarios conspiraron para "facilitarle" a la empresa holandesa ATM Terminals que ganara en 2011 la concesión de la Terminal Norte del puerto del Callao, vecino a Lima.
En 2018, García alegó ser "un perseguido político", cuando cerco en torno suyo comenzó a estrecharse: a finales de ese año, fracasó en su intento de conseguir asilo en Uruguay para eludir la investigación de la fiscalía por supuesta corrupción.
"Encuentren algo", dijo entonces García. "¡Demuéstrenlo pues, imbéciles!”
García había declarado el 16 de abril de 2019 que no se escondería, en tácita alusión al frustrado asilo que pidió a Uruguay. Pero el ex presidente murió el 17 de abril de 2019 a los 69 años, tras dispararse en la cabeza cuando la policía se aprestaba a detenerlo por una trama de sobornos relacionada con Odebrecht, tras una orden dictada por el Poder Judicial.
Pedro Pablo Kuczynski, un economista de 82 años, asumió la presidencia a mediados de 2016, pero renunció en marzo de 2018 tras conocerse unos videos que mostraban una supuesta compra de votos para evitar que el Congreso lo destituyera.
Fue el primer presidente en activo en caer por supuesta corrupción.
En abril de 2019, un fiscal solicitó prisión preventiva de tres años para Kuczynski, quien está acusado de recibir pagos de Odebrecht para ayudar a la constructora brasileña a ganar contratos para construir una carretera y una obra de riego, que la compañía se adjudicó cuando era ministro del ex presidente Alejandro Toledo.
El antes exitoso banquero de Wall Street es investigado por pagos de Odebrecht por asesorías a dos empresas ligadas a él: First Capital y Westfield Capital. Odebrecht reveló a fines de 2017 que había pagado casi 5 millones de dólares por asesorías estas empresas, cuando el ex presidente era ministro de economía de Toledo.
El acusado había negado hasta ese momento todo vínculo con la brasileña. La acusación asegura que Kuczynski favoreció a Odebrecht a través de un tramado legal en la construcción de la carretera interoceánica Perú-Brasil y el proyecto de irrigación hidroenergética Olmos, en el norte de Perú.
Además, Jorge Barata, ex jefe de Odebrecht en Perú, dijo a fiscales peruanos en Brasil que la empresa aportó 300,000 dólares a la campaña presidencial de Kuczynski de 2016, un dinero que no figura en los registros.
Toledo (2001-2006) fue por mucho tiempo el prófugo emblemático de este grupo de políticos. Escapó a Estados Unidos en enero de 2017, cuando la justicia se aprestaba a imponerle prisión preventiva, y ahora enfrenta un pedido de extradición de Perú.
La fiscalía acusa a Toledo, entre otros cargos, de recibir un soborno de 20 millones de dólares de Odebrecht para conceder a la empresa un contrato para la construcción de los tramos uno y tres de la Carretera Interoceánica, que unen Brasil y Perú a través de la selva amazónica.
Toledo, quien niega las acusaciones, inauguró la ruta en 2006 junto a su homólogo brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, quien permaneció un año y medio en prisión por acusaciones relacionadas con la constructora.
En marzo del 2019, el empresario peruano-israelí Josef Maiman, amigo personal de Toledo, firmó un acuerdo de colaboración eficaz con la fiscalía y confirmó que Odebrecht depositó, no 20 sino 35 millones en sus cuentas como sobornos para el ex presidente, según informes de prensa.
Toledo fue detenido por las autoridades de Estados Unidos el 16 de julio de 2019. El gobierno peruano había solicitado la extradición del ex presidente desde 2018.
Entonces, abogados penalistas estimaban que el proceso tardaría hasta ocho meses. Sin embargo, casi dos años después de la detención, el juicio de extradición contra Toledo no ha iniciado.
De acuerdo con un reporte de la agencia EFE, el juez Thomas Hixson de la corte del Distrito Norte de California fijó la primera vista del juicio de extradición del ex presidente para el 17 de junio de 2021. La feche prevista de inicio era el 11 de marzo.
La justicia peruana ordenó en julio de 2017 la prisión preventiva por 18 meses del ex presidente Ollanta Humala, acusado de lavado de activos.
El juez Richard Concepción resolvió además la prisión para su esposa y dispuso la captura de ambos, acusados de haber recibido 3 millones de dólares de Odebrecht para financiar la campaña electoral que lo llevó a la presidencia en 2011.
En mayo de 2017, el fiscal interrogó en Brasil al ex CEO de la empresa, Marcelo Odebrecht, quien admitió haber autorizado el pago a Humala a pedido del Partido de los Trabajadores, del ex presidente Lula da Silva.Humala, quien gobernó el país entre 2011 y 2016, se entregó a la justicia casi de manera inmediata.
Humala negó las acusaciones y afirmó, al igual que García, que se trataba de una "persecución política”.
El fiscal peruano acusó también a la pareja de haber recibido aportes de la constructora brasileña OAS para sus campañas electorales de 2006 y 2011, así como dinero proveniente del Tesoro público del gobierno venezolano, lo que les ayudó a incrementar su patrimonio personal.
Tras nueve meses en prisión, en abril de 2018, el Tribunal Constitucional revocó la medida del juez Concepción, por lo que el matrimonio Humala recuperó la libertad.
El ex presidente buscó regresar a la Casa de Pizarro en la últimas elecciones primarias en Perú, pero fracasó como candidato del Partido Nacionalista Peruano y se quedó lejos de alcanzar la segunda vuelta electoral.
