Un juez federal en Estados Unidos bloqueó este miércoles la aplicación de una estricta ley antiaborto puesta en marcha en Texas, que prohíbe prácticamente cualquier interrupción del embarazo en ese estado sureño.
El magistrado Robert Pitman aceptó de este modo la petición del gobierno de Joe Biden, que, a través del Departamento de Justicia, había reclamado la suspensión temporal de la ley impulsada por los republicanos a la espera de que se determine su constitucionalidad.
En su fallo, el juez opinó que la ley "ha creado un mecanismo agresivo y sin precedentes para privar a sus ciudadanos de un derecho constitucional significativo y bien consagrado”.
"Desde el momento en que SB 8 entró en vigor, las mujeres han sido ilegalmente privadas de ejercer control sobre sus vidas con métodos protegidos por la Constitución", dijo Pitman, en referencia a la Ley 8 del Senado, nombre oficial de la norma.
"Esta corte no autorizará un día más de esta ofensiva privación de un derecho tan importante".
La norma, aprobada el 1 de septiembre, prohíbe el aborto en cuanto se pueden detectar latidos de corazón del feto, usualmente alrededor de seis semanas de embarazo, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas, sin excepción para incestos ni violaciones.
Cerca del 85% al 90% de los abortos se realizan después de seis semanas.
La ley de Texas permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringen la prohibición y ofrece recompensas de hasta 10,000 dólares a cada demandante si gana el juicio.
Ese sistema ha permitido hasta ahora que las autoridades de Texas eludan la responsabilidad por la aplicación de la ley, porque el peso de la implementación está en esos ciudadanos particulares, y no en los líderes conservadores que impulsaron el veto.
En años recientes, leyes similares han sido aprobadas en otros estados, y luego bloqueadas en los tribunales porque violaban el precedente sentado por la Suprema Corte en el caso de Roe contra Wade, que en 1973 garantizó el derecho de las mujeres a abortar hasta que el feto sea viable fuera del útero, alrededor de las 22 semanas de embarazo.
La Casa Blanca saludó el fallo como un "paso adelante importante hacia la restauración de los derechos constitucionales de las mujeres en el estado de Texas”.
Pero el derecho al aborto sigue bajo ataque ahí y en otros estados, dijo la portavoz Jen Psaki, por lo que Biden apoya los esfuerzos para inscribir la jurisprudencia de Roe contra Wade en leyes y "seguirá del lado de mujeres en todo el país para proteger sus derechos constitucionales”.
El veto de Texas es el más restrictivo de los 90 que han entrado en vigor este año en territorios de todo el país, impulsados por líderes conservadores en congresos estatales.
En la audiencia ante Pitman el pasado 1 de octubre, el gobierno de Biden argumentó que con esta ley, en vigor desde el 1 de septiembre, Texas "recurrió a un esquema sin precedentes apoyado en justicieros".
Pese al bloqueo de Pitman, lo más probable es que el estado de Texas recurra la decisión y la lleve ante la corte de apelaciones del Quinto Circuito, una de las más conservadoras del país, para luego el caso vaya ante la Corte Suprema.
La Corte Suprema, con nueve jueces de clara mayoría conservadora, esgrimió cuestiones de procedimiento el mes pasado para declinar bloquear la ley, como exigían abogados en pro del derecho a abortar. Pero no se pronunció sobre el fondo del asunto.
En una decisión de 5-4 el 1 de septiembre, los jueces denegaron una petición de los proveedores de servicios de aborto y de salud de la mujer para bloquear la aplicación de la prohibición casi total en Texas.
La Corte ya aceptó revisar una ley restrictiva de Misisipi que podría ofrecer una oportunidad de anular la jurisprudencia de Roe contra Wade.
La decisión de los jueces al declinar bloquear la ley llevó a la administración Biden a entrar en la contienda, presentando un interés de defender los derechos constitucionales de los estadounidenses.
En la argumentación ante el juzgado el viernes, el gobierno estadounidense describió la prohibición como "una ley verdaderamente extraordinaria, creada para rebasar al gobierno federal y violar la constitución”.
El fiscal William Thompson, del despacho del fiscal general de Texas, acusó al gobierno de mantener una "retórica incendiaria" e insistió en que la ley respeta el precedente de la Corte Suprema.
Pero el juez Pitman replicó: "Si el estado (de Texas) está tan confiado en la constitucionalidad de estas limitaciones al acceso de las mujeres al aborto, ¿por qué se esforzó tanto para crear esta inusual causa de acción privada?", en referencia a la cláusula que permite a cualquier ciudadano realizar demandas sobre aborto en Texas.
Decenas de miles de mujeres salieron a las calles de Estados Unidos el fin de semana en protestas que buscan controvertir el intento conservador por restringir el derecho al aborto.
Algunos de los manifestantes protestaron frente a la casa del juez conservador Bret Kavanaugh, nombrado durante el gobierno de Donald Trump en medio de una fuerte controversia.
Activistas han pedido al Congreso consagrar el derecho al aborto en una ley federal, así como protegerlo de cualquier posible revés en la Corte Suprema.
Una ley con ese fin fue adoptada hace dos semanas en la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, pero no tiene oportunidad de pasar en el Senado, donde los republicanos tienen suficientes votos para bloquearla.
"Este es un momento de ruptura para la gente de todo el país", dijo Rachel O'Leary Carmona, directora ejecutiva de Women's March, principal organizadora de las manifestaciones del sábado.
"Muchas de nosotras crecimos con la idea de que el aborto sería legal y accesible para todas, y ver que eso corre un riesgo muy real ha sido un momento de despertar", dijo.
En el mes transcurrido desde la promulgación de la ley, cientos de mujeres de Texas se han desplazado a otros estados para abortar, mientras que otras han buscado píldoras inductoras del aborto por correo.
En caso de que el máximo tribunal logre revertir el caso Roe contra Wade, cada estado sería libre de autorizar o prohibir el aborto.
Eso podría llevar a que 36 millones de mujeres en 26 estados, casi la mitad de las estadounidenses en edad de procrear, pierdan el derecho legal a abortar, de acuerdo con un informe de Planned Parenthood.
Con información de AFP, EFE y Reuters
