Una Comisión del Senado en Brasil aprobó que el presidente Jair Bolsonaro sea procesado por crímenes contra la humanidad, tras ser señalado como el principal responsable por los errores cometidos durante la gestión de la pandemia de COVID-19, que ha cobrado más de 600 mil vidas en el país sudamericano.
De acuerdo con el informe que realizó la comisión integrada por 11 senadores, se constataron “gravísimas irregularidades”, que llevaron a formular nueve cargos contra Bolsonaro.
Hay cerca de 70 acusados entre los que destacan cuatro ministros, tres de los hijos del mandatario, asesores del Gobierno y parlamentarios, y dos empresas del área médica, a quienes se les imputan diversos delitos.
En el caso del líder de la ultraderecha, se le acusa de crímenes contra la humanidad, infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica, incitación al delito, falsificación de documentos, uso irregular de dinero público, prevaricación, epidemia con resultado de muerte y atentados contra la dignidad del cargo.
Las acusaciones serán presentadas próximamente a los tribunales ordinarios y, en lo que compete a Jair Bolsonaro, a la Fiscalía General, la Corte Suprema y la Corte Penal Internacional de La Haya, en este último caso debido a los alegados crímenes contra la humanidad.
En los documentos que serán enviados a tribunales, se incluyó una solicitud para que el presidente brasileño sea "suspendido" por tiempo indeterminado de las redes sociales, en las que tiene una febril actividad y que ha usado para difundir masiva información falsa sobre la pandemia.
La última de ellas, la semana pasada, cuando insinuó en una transmisión en directo que quien toma las dos dosis de las vacunas corre más riesgos de contraer Sida, lo que llevó a Facebook y a Instagram a retirar ese video y a Youtube a suspender la cuenta del mandatario durante siete días.
A lo largo de su trabajo, la comisión investigadora llevó a cabo 69 audiencias en las que interrogó a casi un centenar de personas y descubrió desde indicios de supuestos fraudes en negociaciones para la compra de vacunas, hasta una estructura de difusión de noticias falsas y una presunta "estrategia" del Gobierno de Brasil para acelerar los contagios.
Según el informe final, el propio Bolsonaro "incentivó de forma reiterada a la población a incumplir el distanciamiento social, se opuso al uso de mascarillas, promovió aglomeraciones e intentó descalificar a las vacunas".
Pero todo eso, según concluyó la comisión, en realidad escondía "una estrategia fundamentada en la idea de que el contagio natural induciría a la inmunidad colectiva" y que fue "consecuencia" de una "decisión política que apuntaba exclusivamente a una rápida retomada de las actividades económicas".
