El informe final de la comisión senatorial que indagó la crisis de COVID-19 en Brasil, aprobado este martes por siete votos contra cuatro, acusa a Bolsonaro de nueve delitos diversos, incluídos crímenes "contra la humanidad".
Esto ocurre en un contexto delicado en Brasil, con más de 600,000 muertos por la pandemia y crecientes dificultades económicas.
Jair Messias Bolsonaro es un político y ex militar brasileño. Es presidente de Brasil desde el 1 de enero de 2019. Anteriormente cumplía su séptimo mandato en la Cámara de Diputados de Brasil, elegido por el partido de derecha PP (Partido Progresista).
En las elecciones generales de 2014, fue el diputado federal más votado en el estado de Río de Janeiro con apoyo del 6% del electorado fluminense con 464,000 votos.
En 2017, fue considerado por el instituto FSB como el parlamentario más influyente en las redes sociales. En enero de 2018, anunció su filiación al Partido Social Liberal (PSL), a esa altura el noveno partido político de su carrera desde que fue elegido concejal en 1989.
En 2019, Bolsonaro abandonó el Partido Social Liberal en medio de un enfrentamiento con otros miembros y formó la Alianza por Brasil.
Durante su presidencia, Bolsonaro ha hecho retroceder las protecciones de los grupos indígenas en la selva amazónica y grupos ambientalistas lo han acusado de facilitar su destrucción mediante la deforestación.
La respuesta de Bolsonaro a la pandemia de COVID-19 en Brasil fue criticada por todo el espectro político: trató de restar importancia a la pandemia y sus efectos, se opuso a las medidas de cuarentena y destituyó a dos ministros de Salud, mientras el número de muertos aumentaba rápidamente.
Como resultado, la opinión pública, que había sido favorable durante su primer año de mandato, se volvió negativa durante la mayor parte de 2020, volviendo brevemente a ser positiva después de autorizar los pagos de emergencia antes de volverse negativa una vez más en 2021.
La comisión del Senado carece de potestades para denunciar directamente al presidente brasileño o a los demás acusados en su informe.
Para que Bolsonaro sea acusado formalmente ante la justicia se requeriría el aval del fiscal general brasileño, Augusto Aras, considerado un aliado del mandatario que ya ha archivado otros pedidos de investigación en su contra.
Por otro lado, la apertura de un juicio político o impeachment a Bolsonaro como los realizados contra sus antecesores Dilma Rousseff y Fernando Collor de Mello debería pasar por el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, otro aliado del mandatario.
Tampoco es seguro que Bolsonaro vaya a ser juzgado por la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, aunque el Estatuto de Roma esté incorporado al derecho brasileño.
Para que ello ocurra, la CPI debería decidir que la denuncia del Senado es de su competencia antes de iniciar un largo proceso de investigación.
"Creo que el impacto mayor será político antes que judicial: una mayor fragilidad del gobierno ante los ojos de la sociedad y la pérdida de competitividad electoral del gobierno", evalúa Carlos Pereira, politólogo y profesor titular de la Fundación Getulio Vargas, una universidad brasileña de elite.
Agrega que, en lugar de impulsar la caída de Bolsonaro, el opositor Partido de los Trabajadores (PT) del ex presidente Luz Inácio Lula da Silva parece más interesado en antagonizar con un mandatario debilitado.
Las encuestas sugieren que en una eventual segunda vuelta electoral, Lula derrotaría por varios puntos a Bolsonaro, cuyo índice de aprobación bajó a 22%, según sondeos de la firma Datafolha.
Frente a distintos problemas económicos como una creciente inflación y un desempleo elevado (14%), Bolsonaro busca revivir programas de ayuda financiera a los sectores más necesitados.
Fue con esos mismos programas que el mandatario mejoró su popularidad el año pasado.
Pero algunos economistas anticipan que ahora ese gasto podría incrementar el desajuste de las cuentas públicas y acarrear nuevas dificultades para el gobierno.
Cuando Bolsonaro comenzó a relativizar la amenaza del COVID-19, llamándola de "gripezinha" y criticando el cierre de actividades, algunos sospecharon que su apuesta era tomar distancia del costo político de la pandemia.
Si ese fue el caso, el informe de la comisión del Senado sugiere que aquel tiro podría salirle por la culata al presidente brasileño y pesarle en las urnas tanto como a su "amigo" Trump.
Jair Bolsonaro calificó el miércoles de "payasada" a la comisión investigadora que recomendó inculparle y agregó que su accionar perjudicó a Brasil.
"Cualquiera con un poco de criterio sabe que eso fue una payasada", dijo en una entrevista con la radio Jovem Pan.
"La CPI causó daño, no a mí, que estoy aquí para recibir también (...). Pero para fuera de Brasil, la imagen es pésima. Creen que estamos viviendo una dictadura, que estoy deteniendo a periodistas, que maté a gente en (la pandemia) del coronavirus", agregó.
El mandatario advirtió además que las conclusiones de la CPI podrían disuadir de "invertir" o "hacer turismo" en Brasil. "Eso nos perjudica a todos, impacta en la Bolsa, impacta en el dólar", sentenció.
El martes, 7 de los 11 senadores que investigaron la gestión del gobierno de la pandemia avalaron el texto presentado por el senador Renan Calheiros la semana pasada, en el que recomienda inculpar al mandatario de una decena de delitos, entre ellos "crímenes contra la humanidad", favorecer una epidemia que resultó en muerte y "charlatanismo".
También pide inculpar a otras 77 personas, incluyendo varios ministros y exministros, a tres de los hijos del mandatario y a dos empresas.
Tras la presentación del informe, el mandatario recibió el apoyo del ex presidente estadounidense Donald Trump, quien dijo que "Brasil tiene suerte de tener un hombre como Jair Bolsonaro trabajando por el país".
