Venezuela: después 3 años de ausencia, la oposición regresa a las elecciones

"Las elecciones conforman el primer escenario dentro de un nuevo esquema político en Venezuela: las corrientes abstencionistas se han debilitando muchísimo y hoy estamos frente a un panorama diferente al de los últimos años", dice el analista político Jesús Seguías, presidente de la consultora Datincorp.

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"La oposición se ha querido comer un elefante político como el chavismo de un bocado, pero la comida se come en rodajas; no se puede derrotarlo en una vez, hay que hacer concesiones para lograr una estabilización política del país dado que hay una realidad y a esa realidad hay que acoplarse", dijo el analista.

Sin representación institucional luego de negarse a participar en las elecciones presidenciales de 2018, las regionales de 2019 y las legislativas de 2020, la oposición apostó todas sus fichas a la movilización social y a la presión internacional para forzar la salida de Maduro del poder. Sin embargo, esa estrategia liderada por Juan Guaidó —el jefe de la Asamblea Nacional que es reconocido desde 2019 como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, entre ellos Estados Unidos—, fracasó.

Ante la falta de resultados, las posturas más intransigentes de la oposición se debilitaron y tomaron fuerza los sectores más acuerdistas, aquellos que buscan sacar rédito de algunos resquicios que abrió el régimen chavista en los últimos meses.

En esa línea, el gobierno y un sector de la oposición llegaron en mayo de 2021 a una serie de acuerdos entre los que sobresalió la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyo directorio de cinco miembros pasó a contar con dos opositores.

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Además de esos cambios parciales en el CNE, que históricamente ha sido acusado de inclinar la cancha a favor del chavismo en los procesos electorales, el gobierno abandonó su reticencia a permitir la entrada al país de observadores internacionales independientes y accedió a que por primera vez en 15 años los comicios del próximo domingo sean monitoreados por una misión de la Unión Europea. A esa delegación se sumarán pequeñas representaciones de expertos por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Centro Carter.

Una elección entre dudas

No obstante esos avances no alcanzan a despejar todos los puntos oscuros del proceso electoral. Más allá de la transparencia —o no— que finalmente tenga el recuento de votos el día de la elección, la oposición llegará a esa instancia en clara desventaja. Los partidos políticos más representativos han sido intervenidos por el gobierno, cientos de candidatos de la oposición han sido inhabilitados para competir, hay presos políticos y los dirigentes contrarios al régimen chavista tienen escaso acceso a los medios de comunicación para difundir sus propuestas.

A esas ventajas con las que el gobierno llega a las elecciones del domingo se suma que, aún con el llamado a participar de la oposición, la abstención podría mantenerse en niveles elevados, entre el 40% y el 50% de los electores, según encuestas.

"Después de tres años de convocatoria al boicot, ahora, sin que mediara una razón de peso, se llama a la gente a votar", dice el analista político Yvan Serra, director ejecutivo de la consultora Metropinión, en Caracas. "Es probable que mucha gente decida no concurrir por no querer prestarse al fraude".

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Otro de los aspectos que podrían debilitar las chances de la oposición es que concurrirá a las urnas sin candidatos únicos para disputar las gobernaciones y alcaldías.

"A nivel general, el gobierno cuenta con un 20% de la población que lo respalda; la oposición, con un 60% y hay un 20% restante no interesado en la política que no irá a votar", dice Seguías. "Con esos números, se supone que la oposición arrasaría en las elecciones, pero eso no ocurrirá porque el chavismo encontró unos buenos aliados que se encargaron de dividirla: en algunos estados se presentarán hasta cinco candidatos para enfrentar al postulante del gobierno".

Esas divisiones, sumada a niveles de abstención que se presume se mantendrán elevados, están poniendo en riesgo el triunfo opositor incluso en estados importantes que actualmente gobierna.

"El gobierno de Maduro puede darse el lujo de permitir unas elecciones en la que algunos miembros de la oposición van a lograr posiciones de poder a nivel regional o de alcaldías porque ya controla absolutamente todo, desde el Congreso a la Corte Suprema, pasando por los militares", dice el analista político Raúl Gallegos, autor del libro Cuándo se jodió Venezuela. “No tengo dudas de que los partidos opositores ganarán posiciones en esta elección, pero el absoluto control lo seguirá teniendo el chavismo, eso no cambiará”.

Más sanciones contra el chavismo en la mira

La muy incipiente apertura política ensayada por el gobierno de Maduro, en un momento en que la oposición se encuentra débil y fragmentada, tiene como uno de sus objetivos principales dar señales de mayor distensión a la comunidad internacional. El propósito final de esa jugada es lograr que se flexibilicen las sanciones que Estados Unidos viene imponiendo a Venezuela desde 2017.

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Si bien esas penalidades comenzaron hace cuatro años con la prohibición impuesta por el gobierno de Donald Trump para transar deuda emitida por el estado venezolano y la compañía estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), los impactos más concretos en la vida cotidiana de los venezolanos comenzaron a hacerse más notorios a partir de este año.

El endurecimiento de las sanciones dispuesto en 2019 por el que se prohibieron los intercambios de crudo por diesel entre PDVSA y petroleras internacionales terminó por exponer el altísimo nivel de deterioro de las refinerías venezolanas tras años de desinversión.

Si bien en 2020 la petrolera estatal venezolana logró abastecer con esfuerzo al mercado interno gracias a los inventarios que había acumulado y a la caída de la demanda provocada por la irrupción de la pandemia, ya a comienzos de este año el gobierno de Maduro no tuvo otra opción que racionar el suministro de diesel, un combustible utilizado en el transporte público y de carga, en la agricultura y como insumo de generación eléctrica ante los frecuentes apagones.

Con su poder político interno consolidado a fuerza de un autoritarismo creciente, el gobierno venezolano apuesta a dar señales de flexibilidad que permitan al gobierno de Joe Biden relajar las sanciones justo cuando la economía parece haber detenido su largo derrumbe. Tras una contracción del 80% entre 2014 y 2020, este año el PIB, al menos, no registrará un nuevo descenso. Las expectativas mejoran para el año próximo. Según el último informe de proyecciones de la consultora internacional Focus Economics, el año próximo el PIB de Venezuela crecerá 3.8%; el consumo privado, 7.2 %; y la inflación cerraría en 591%, menos de la mitad que la estimada para 2021.

La dolarización de hecho de la economía —cerca del 65% de las transacciones en Venezuela ya se hacen en la moneda estadounidense— y la autorización que el gobierno le dio a las empresas para que puedan importar insumos y mercaderías con sus propios dólares han limitado el desabastecimiento y generado una sensación de bonanza en los sectores de altos ingresos de la capital Caracas. Si bien esos cambios están muy lejos de empezar a revertir el derrumbe de los últimos años, la economía frenó su caída y, con eso, el gobierno ganó algo de oxígeno.

El régimen de Maduro apuesta a afianzar esa relativa mayor fortaleza con las elecciones del domingo.

"El gobierno intentará vender estas elecciones como que la oposición todavía tiene un rol para jugar dentro de la política venezolana, un mensaje que quiere enviar con el interés de que se flexibilicen las sanciones", dice Gallegos.

"En la comunidad internacional crece la impresión que el chavismo es lo que hay y que es preferible tener algún tipo de oposición en Venezuela a no tenerla, y bajo esa argumentación Estados Unidos podría empezar a relajar en algún momento las sanciones más duras", señaló.

Con el 76.6% de la población sumida en la pobreza extrema según una reciente encuesta realizada por la Universidad Católica Andrés Bello, más de 6 millones de migrantes que escaparon del país en los últimos años y gravísimas violaciones a los derechos humanos denunciadas por organismos internacionales, Venezuela continúa hundida en una crisis que parece no tener un final a la vista.

En ese marco, el cambio de estrategia de la oposición, al menos, marca un quiebre con respecto a la dinámica de los últimos tres años. Los resultados electorales del próximo domingo determinarán si ese giro permitirá —o no— iniciar un nuevo camino dirigido a restablecer la institucionalidad democrática en el país.