Bolsonaro da un giro a su gobierno con la reelección en la mira

No obstante, aún en medio de ese panorama, Bolsonaro lejos está de renunciar a sus ambiciones de ser reelecto en los comicios presidenciales de octubre del año próximo.

De hecho, en la búsqueda de ese objetivo acaba de jugar la carta más fuerte que tenía a disposición: luego de lograr que el Congreso aprobara una enmienda constitucional que permite incrementar el presupuesto en 106,000 millones de reales (unos 19,300 millones de dólares), el gobierno lanzó a mediados de noviembre un ambicioso programa social denominado Auxílio Brasil por el que 14.6 millones de familias de bajos ingresos pasaron a percibir pagos mensuales promedio de 217 reales (unos 40 dólares).

El nuevo programa, que el gobierno prevé expandir a 17 millones de familias con un monto de 400 reales (unos 73 dólares) hacia fin de año, remplaza al popular Bolsa Familia, el plan de transferencia de ingresos vigente durante los últimos 18 años y que fue emblema de la gestión del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“El lanzamiento de Auxílio Brasil es una estrategia más de campaña de Bolsonaro para posicionarse mejor frente a elecciones presidenciales del año próximo que asoman muy complicadas para él”, dice el analista político Creomar de Souza, CEO de Dharma Politics, en Brasilia.

“Con eso, Bolsonaro muestra su intención de concentrar el protagonismo y controlar la narrativa política, pero el gran problema es que los opositores van a ahondar los cuestionamientos ante el lanzamiento de un programa social de estas características tan cerca de las elecciones”, señala.

Como sea, sin otros logros de gestión por exhibir, el gobierno parece depositar sus últimas esperanzas de recuperación en este nuevo programa. El objetivo es repetir los resultados obtenidos con el Auxílio Emergencial, un beneficio lanzado el año pasado para mitigar los efectos de la pandemia. Durante la etapa de mayores restricciones a la movilidad, ese subsidio de unos 110 dólares alcanzó a 67.2 millones de personas, un nivel de asistencia nunca antes visto en Brasil en términos de magnitud y de alcance.

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El plan impulsó los niveles de apoyo a Bolsonaro en los segmentos de menores ingresos, pero esa tendencia perdió fuerza a poco de andar ante la reducción del beneficio por su elevado costo fiscal.

“De pronto, millones de personas que tenían un beneficio pasaron a no tenerlo”, dice Marcelo Cortes Neri, jefe de políticas sociales de la Fundación Getúlio Vargas, en Río de Janeiro. “Esas personas tal vez estén más insatisfechas ahora que si nunca hubieran tenido un beneficio porque le han quitado un subsidio que creyeron que ya era propio”.

Ese recorte fue una de las claves que derrumbó los índices de popularidad de Bolsonaro en los últimos meses. Ante eso, la promesa es que el nuevo programa pase a ser permanente. No solo eso: en una jugada que no puede escindirse del proceso electoral en marcha, el plan tendrá un número de beneficiarios superior al de Bolsa Família y el monto de ayuda podría duplicar hacia fin de año al que otorgaba el programa lanzado por Lula en 2003.

En cualquier caso, la magnitud del nuevo plan —y la urgencia por ponerlo en marcha— muestra hasta dónde llega el giro pragmático de Bolsonaro en la búsqueda de revertir su derrumbe en las encuestas. Antes de asumir la presidencia, el líder de ultraderecha había sido muy crítico de los programas de transferencias de ingresos.

De hecho, llegó al extremo de decir que muchas mujeres solo querían tener más hijos para cobrar el beneficio y que el subsidio era destinado a holgazanes. Esas definiciones fueron abandonadas al calor de las urgencias electorales.

“Bolsonaro terminó abrazando la importancia de las transferencias de renta en el contexto de emergencia provocado por la pandemia, pero su enfoque de estos programas sigue siendo de emergencia, no estructural como el que tiene Lula”, dice Cortes Neri.

Esas diferencias enfoque se evidencian en el diseño de los planes: mientras el Bolsa Família exigía contraprestaciones como la asistencia a la escuela y el cumplimiento del cronograma de vacunación de los hijos de las madres beneficiadas, esas condicionalidades dejarán de ser obligatorias con el nuevo Auxílio Brasil.

Mercados alterados

El viraje de Bolsonaro no solo implica un abrupto cambio de visión respecto a las políticas sociales, sino también un definitivo abandono de la agenda de ajuste fiscal pregonada durante la campaña que lo llevó a la presidencia. Ese giro provocó en octubre pasado la renuncia de varios funcionarios clave del Ministerio de Finanzas. Esas salidas no incluyen por ahora al ministro de Economía, Paulo Guedes, un ex banquero de inversión formado en la Universidad de Chicago.

Sin embargo, el programa lanzado por Guedes al inicio de la gestión, que incluyó durante el primer año de gobierno una reforma de las pensiones para recortar esas partidas y la privatización de activos estatales por unos 35,000 millones de dólares, quedó ahora congelado.

Ese nuevo escenario, en el que Bolsonaro da muestras evidentes de priorizar sus posibilidades de reelección por sobre los equilibrios económicos, abrió una serie de interrogantes entre los inversores.

Esas dudas se profundizaron con una reciente enmienda constitucional que exime al gobierno de pagar la mitad de los llamados precatórios —deudas del Estado en juicios perdidos ya con sentencias definitivas que el gobierno federal debe saldar con individuos y empresas— que vencen en 2022 y permite el quiebre del tope constitucional de gasto público. Ese límite a los aumentos presupuestarios en función de la inflación asomaba como el último dique de contención para un gobierno decidido a supeditar la marcha de la economía a sus necesidades políticas.

“La percepción entre los agentes económicos que el gobierno está alejado de la ortodoxia para construir una agenda vinculada a lo electoral”, dice Da Souza. “Por eso, entre los sectores financieros hay una visión de buscar una alternativa más allá de Bolsonaro, ya sea Lula, (el ex juez Sergio) Moro o cualquier otra opción”.

Con una inflación interanual que ya supera el 10%, el temor es que la falta de control en las cuentas públicas impulse aún más el alza de los precios. Además, el aumento del gasto público sin recortes que lo compensen ni un incremento de los impuestos amenaza con aumentar aún más el peso de la deuda pública total de Brasil, que ya representa el 83% del PIB.

Esos riesgos crecientes vienen impactando sobre las expectativas. El índice Bovespa de la Bolsa de Sao Paulo cayó más de 20% desde comienzos de junio. En el mismo período, el real se depreció más del 10% frente al dólar.

Como sea, Bolsonaro parece no tener otra alternativa que afrontar esos riesgos antes de dar por perdida la puja electoral que seguramente dirimirá frente a Lula, quien gobernó el país entre 2003 y 2011. La unanimidad de los sondeos otorga al expresidente más del 40% de la intención de voto, casi el doble que el actual mandatario.

“Bolsonaro tiene por delante el gran desafío de construir estrategias que le den una oportunidad de obtener votos más allá de su núcleo duro de seguidores y, en ese aspecto, el Auxílio Brasil es fundamental para que sobre todo los más pobres vean a este gobierno con capacidad para dar alguna protección en medio de la crisis”, dice Da Souza. “La otra parte de la estrategia pasa por la construcción de alianzas mucho más pragmáticas de lo que hemos visto en la campaña de 2018”.

En esa línea, a comienzos de diciembre Bolsonaro se afilió al Partido Liberal (PL), una agrupación de centroderecha distante de las posturas ultras del presidente y su núcleo duro de seguidores. El presidente ganó las elecciones de 2018 como miembro del Partido Social Liberal (PSL), agrupación con la que rompió poco después de asumir el poder.

Desde entonces, Bolsonaro ha intentado construir un partido propio, al que denominó Alianza por Brasil y al que definía como la primera formación conservadora del país, pero fracasó a la hora de obtener las 500,000 firmas necesarias para su registro en la Justicia electoral. Sin otra opción ante una legislación que obliga a los candidatos formar parte de un partido político, terminó por afiliarse al PL.

En cualquier caso, el acercamiento de Bolsonaro a partidos menos radicalizados también persigue el objetivo de contar con apoyos en el Congreso que le permitan bloquear los pedidos de juicio político que pesan sobre él.

Ese leve deslizamiento hacia posturas menos extremas incluye un freno a su ofensiva contra el Supremo Tribunal Federal (STF). Luego de amenazar con intervenir en septiembre pasado al máximo órgano judicial del país debido a que, según sus palabras, estaba “preparando el terreno” para detenerlo bajo la premisa de un probable atentado contra la democracia, Bolsonaro dio marcha atrás y señaló que esos ataques contra el tribunal los había emitido bajo “el calor del momento”.

Debilitado tras tres años de una gestión gris y un estilo de confrontación que ya no resulta atractivo para las mayorías, Bolsonaro cambia de ropa para enfrentar la difícil misión de ser reelecto. Lejos de sus históricas posturas, su suerte parece atada al lanzamiento de un ambicioso plan social y a una tímida moderación política.

Del resultado que obtenga por ese giro dependerá buena parte sus posibilidades en la disputa electoral que, todo indica, tendrá el año próximo contra Lula, su viejo antagonista ideológico.