Ambos son responsabilizados de facilitar reuniones secretas con líderes pandilleros para negociar una reducción de homicidios y apoyos electorales a cambio de privilegios carcelarios antes de las elecciones de febrero de 2021, donde el oficialismo obtuvo el control del Congreso.
"Una investigación sobre funcionarios del gobierno de El Salvador y líderes de pandillas encarcelados, como Mara Salvatrucha, ha revelado negociaciones encubiertas entre funcionarios del gobierno y la organización criminal", dijo el Departamento del Tesoro en un comunicado.
La nota subrayó que Luna y Marroquín "dirigieron, facilitaron y organizaron" una serie de encuentros con líderes de la pandilla encarcelados, como parte de los esfuerzos del gobierno salvadoreño para negociar "una tregua secreta" con los jefes de la MS-13.
En esas reuniones, ambos funcionarios buscaron garantías por parte de esa pandilla y Barrio 18 para asegurar que la violencia se reducía y el número de homicidios se mantenía bajo, así como su respaldo para el partido del presidente Bukele, Nuevas Ideas (NI).
Como parte del acuerdo, el gobierno salvadoreño brindó diversos privilegios a los pandilleros encarcelados en las prisiones del país, como la entrega de teléfonos celulares y prostitutas.
El Tesoro también indicó que Luna negoció con la dirigencia de la MS-13 y Barrio 18 el acatamiento de las pandillas al confinamiento nacional decretado por Bukele en marzo de 2020, al inicio de la pandemia de COVID-19.
