¿Nayib Bukele es un dictador? Algunos signos que preocupan dentro de El Salvador

Sin embargo, los señalamientos en contra de Bukele por avanzar hacia un régimen autoritario en El Salvador no están sustentados en el vacío. En el último año, el presidente de 40 años de edad ha implementado varias medidas que, de acuerdo con especialistas, debilitan el Estado de derecho en su país.

Recomendamos

Internacional

Miles se manifiestan contra Bukele y dicen no al bitcoin en El Salvador

El mandatario dice, sin embargo, que la mayoría de estas decisiones son para terminar con la corrupción de los gobiernos salvadoreños anteriores y quienes reclaman, eran beneficiarios de este viejo sistema.

Estas son algunas de las razones por las que dentro y fuera de El Salvador crece la preocupación de una posible dictadura.

Una burla para la oposición

Para la directora del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (UCA), Laura Andrade, "los golpes" que el mandatario habría dado a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía, le dan un "talante autoritario”.

No es la primera vez que Bukele juega con este tipo de alusiones. En enero de este año, cambió su fotografía de Twitter y colocó la del protagonista de la película El dictador, el almirante general Haffaz Aladeen, personaje interpretado por el actor británico Sacha Baron Cohen.

Al usar el concepto de dictador, según Andrade, el presidente "está tratando que las personas normalicen este calificativo (...) en su gestión, lo que es un riesgo en términos de cultura política en El Salvador”.

El uso de la burla la "típica forma de reaccionar ante cualquier cuestionamiento" que tiene el presidente, subrayó Andrade.

En el fondo, según Andrade, "es una táctica para que la gente trate de normalizar que es correcto el reproche a las voces críticas, que es correcto el abuso (…)”.

Twitter se ha convertido en la principal herramienta de comunicación de Nayib Bukele, donde incluso ha anunciado la destitución de funcionarios. En sus cuentas en otras redes sociales, el presidente aún se describe como “papá de Layla”, el nombre de su hija.

Lee

Vida

El Salvador: El bitcoin y la abrupta incursión al mundo de la criptomoneda

Destitución de los magistrados de la Corte Suprema y el fiscal general

Desde que la Asamblea Legislativa de El Salvador quedó en manos de los aliados de Nayib Bukele, en mayo de 2020, ha emprendido una lucha para cambiar a la mayor cantidad de jueces y magistrados, con el argumento de que es para terminar con la corrupción en el poder judicial.

El 2 de mayo, el mismo día que los nuevos legisladores tomaron control del congreso, el órgano destituyó a todos los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general de ese país, Raúl Melara. Estas decisiones fueron impulsadas por el mismo mandatario.

El argumento de Bukele para destituir a estos magistrados fue que sus resoluciones obstaculizaron los planes del gobierno para contener la epidemia de COVID-19.

La Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Estados Unidos, Costa Rica y la Unión Europea manifestaron su desacuerdo y su preocupación con esta decisión. Además, organismos no gubernamentales, como Human Rights Watch, denunciaron que este cese era un intento del presidente salvadoreño de concentrar el poder.

En respuesta a la comunidad internacional, Bukele pidió en un mensaje de Twitter respeto por la decisión tomada por la Asamblea y remató con la siguiente frase: “Estamos limpiando nuestra casa… y eso no es de su incumbencia”. Días más tarde, llamó a consultas a los embajadores en varios países por las críticas del extranjero a su gobierno.

“Purga” de jueces y fiscales

La semana pasada, Bukele dio un nuevo golpe al poder judicial. El martes 14 de septiembre firmó y mandó a publicar una polémica reforma que cesa a los jueces sexagenarios.

"El ejercicio de la función de magistrados y jueces cesará de manera obligatoria cuando las personas que ejercen dichos cargos cumplan 60 años de edad, lo cual implica el cese del funcionario en su cargo", consigna el decreto legislativo. También despide a los jueces que tengan más de 30 años de servicio.

Según comentó en conferencia de prensa el viernes el juez Juan Antonio Durán, quien lidera un movimiento opositor a la medida, se trata de una "purga".

Lee

Tecnología

Bitso será el principal proveedor de servicios de bitcoin en El Salvador

"No es una depuración, es una purga contra los jueces independientes", subrayó Durán, de 53 años de edad y 23 de servicio.

Entre los jueces que serían se cesados se encuentra Jorge Guzmán, quien conoce la causa de la masacre de unos 1,000 civiles en 1981 en la remota localidad de El Mozote a manos del Ejército y que en 2020 pidió a la Fiscalía determinar si Bukele cometió algún delito por el bloqueo a inspecciones de los archivos militares.

Los diputados del partido oficialista Nuevas Ideas promovieron la reforma como una medida para depurar el sistema judicial y combatir la corrupción, pero el texto del decreto no menciona las supuestas prácticas corruptas y únicamente apunta que es para "modernizar" la ley.

En la misma edición del Diario Oficial se publica una reforma similar que cesa a los fiscales mayores de 60 años.

Lee

Internacional

Acusan a Nayib Bukele de negociar con pandillas de El Salvador

Bukele defendió la medida el 15 de septiembre durante su discurso por el bicentenario de la independencia centroamericana de España y acusó, sin presentar pruebas, a estos jueces de prácticas corruptas.

Según la organización humanitaria Cristalsal, la entrada en vigencia de esta reforma legal es la "consumación del golpe de Estado" contra el órgano Judicial. Con dicha reforma se está "eliminando el sistema de pesos y contrapesos establecidos en la Constitución" del país centroamericano.

"Las reformas a la Ley de la Carrera Judicial son violatorias del derecho a la protección judicial de la población salvadoreña, así como de los derechos laborales y el debido proceso", señaló en un comunicado divulgado en una conferencia de prensa.

Un grupo de jueces y magistrados denunció el viernes pasado al Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la "violación a la independencia judicial". La denuncia se presentó mediante los abogados de Cristosal.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) informó el lunes en un comunicado de prensa que la Corte IDH solicitó que, a más tardar el próximo viernes, el Estado salvadoreño “remita un informe actualizado y detallado en el que se refiera a la adopción de dicha reforma”.

Lee

México

Organizaciones y periodistas condenan deportación de Lizárraga de El Salvador

Señaló que, ante esta solicitud, el Estado pidió una prórroga.

Estados Unidos, mediante su encargada de negocios en El Salvador, Jean Manes, condenó la decisión de la Asamblea Legislativa y advirtió que el país enfrenta un "declive de la democracia" que "daña la relación bilateral”.

El relator especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, llamó recientemente a la comunidad internacional a tomar acciones contra el "desmantelamiento de la judicatura" en El Salvador por parte del presidente Bukele y la Asamblea Legislativa.

“Desde que los legisladores de Bukele obtuvieron el control de la Asamblea en mayo, han adoptado medidas drásticas orientadas a destruir la independencia de la Corte Suprema y la Fiscalía”, expresó en un comunicado José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

“Estas nuevas leyes parecen tener el propósito de asegurar el control del gobierno sobre un número importante de fiscales y jueces de tribunales inferiores”, agregó.

Bukele volvió a criticar a la comunidad internacional por supuestamente "financiar" a la oposición y defender "jueces corruptos", "terroristas" y "personas que vandalizan”.

Puerta abierta para la reelección

Los nuevos magistrados de la Sala Constitucional interpretaron a inicios de septiembre un artículo de la Constitución para permitir que Bukele pueda presentarse a una reelección inmediata en 2024 si así lo desea.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó al Tribunal Supremo Electoral permitir "que una persona que ejerza la presidencia y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión”.

El gobierno de Bukele también ha preparado una propuesta de reforma constitucional que apunta a extender el periodo presidencial de cinco a seis años, e incluir la posibilidad de revocar el mandato, entre otros pasos.

La iniciativa aún no ha llegado al Congreso del país centroamericano, que controlan el partido oficial y sus aliados.

En 2014, el mismo tribunal dictaminó que los presidentes tendrían que esperar 10 años después de dejar el cargo para ser reelegidos.

Ataques contra la prensa

Desde que Nayib Bukele tomó el poder, en junio de 2019, la situación de la libertad de prensa en El Salvador ha empeorado de manera sostenida, de acuerdo con el informe anual de Reporteros Sin Fronteras. El país ocupa actualmente la posición 82 de la clasificación mundial de la Libertad de Prensa, ocho puestos más abajo que el año anterior.

Bukele "ha aumentado los ataques y amenazas contra los periodistas críticos con su administración, ha bloqueado a muchos de ellos en las redes sociales y ha tratado de crear la imagen de la prensa enemiga del pueblo: un juego extremadamente peligroso”, señala el informe de RSF.

El año pasado, en una transmisión por Facebook, acusó a los principales medios digitales del país —El Faro, Revista Factum y Gato Encerrado—, así como los periódicos La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, de mentir y atacar al gobierno.

Entonces Bukele, sin argumentos ni pruebas que lo respaldasen, anunció que se había abierto una investigación judicial contra El Faro por blanqueo de capitales. En otro episodio, el gobierno de El Salvador expulsó del país al periodista mexicano Daniel Lizárraga, editor en jefe del medio.

El Faro ha publicado varias investigaciones las negociaciones entre el gobierno y la Mara Salvatrucha desde junio de 2019, cuando Bukele llegó al poder. El pacto consistió en reducir los homicidios por parte de la pandilla a cambio de beneficios carcelarios y apoyo electoral en 2021.

"Los reiterados ataques y amenazas del presidente Bukele contra los periodistas críticos con su administración son síntomas de una deriva autoritaria extremadamente preocupante", advierte el director de la oficina de RSF en América Latina, Emmanuel Colombié.

RSF y HRWcondenaron este lunes las "amenazas" supuestamente hechas por uno de los asesores jurídicos del gobierno de Nayib Bukele contra otro medio digital local, GatoEncerrado, tras una publicación.

El asesor jurídico de Bukele Javier Argueta publicó recientemente en Twitter: "Señores @GatoEncerradoSV si su fuente 'anónima' no la exhiben, cuidado con las infracciones en las que caerán".

GatoEncerrado publicó el viernes, citando fuentes que pidieron el anonimato, que Argueta supuestamente se reunió con varios magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para valorar la decisión de la Corte Suprema de Justicia de habilitar la reelección presidencial inmediata horas antes que se diera a conocer la resolución.

Con información de AFP y EFE