En El Mozote, una comunidad rural enclavada entre cerros, 200 km al noreste de San Salvador, la vida era apacible. Sus habitantes sembraban frijol, maíz, caña, y otros se dedicaban a la ganadería.
Eran épocas de guerra civil (1980-1992) y una guerrilla de izquierda operaba en el sector. El ahora proscrito batallón Atlacatl del ejercito —un comando entrenado por Estados Unidos— llegó en una operación de aniquilamiento. Era el 9 de diciembre de 1981.
Separaron hombres, mujeres y niños en el pueblo, los acusaron de ser cómplices de los guerrilleros y mataron a todos.
Entre el 9 y 13 de diciembre de 1981, los soldados quemaron viviendas de varios poblados y ejecutaron a 988 personas, entre ellas a 558 niños. El día más sangriento fue el 11, en El Mozote.
A 40 años, aún la justicia no llega a esta comunidad, mientras el actual gobierno salvadoreño, encabezado por Nayib Bukele, enfrenta críticas por algunas medidas que parecen entorpecer la investigación.
Entre el 9 y el 13 de diciembre de 1981, diferentes unidades del Ejército gubernamental, encabezadas por el batallón contrainsurgente Atlacatl —adiestrado por Estados Unidos—, lanzó la denominada "Operación Rescate" contra la población civil del noreste del departamento de Morazán, unos 200 km al noreste de San Salvador.
La masacre comenzó en la localidad de El Mozote, siguió en La Joya, Ranchería, Los Toriles, Jocote Amarillo, Cerro Pando y Cerro Ortiz. También hubo muertes selectivas en el poblado de Arambala.
Los civiles fueron acusados de colaborar con la guerrilla izquierdista que se había establecido en la zona. Separaron hombres, mujeres y niños en el pueblo y los mataron a todos.
Antes, varias mujeres fueron violadas por los militares. Algunos niños fueron lanzados al aire y traspasados con cuchillos por los soldados, de acuerdo con testimonios de v{víctimas recogidos por la ONG Tutela Legal.
Un censo del gobierno realizado en 2017 estableció que al menos 988 personas, entre ellas 558 niños, fueron asesinados en El Mozote y las comunidades adyacentes.
Otras 712 personas sobrevivieron a la incursión, abandonaron la zona y formaron parte de los miles de desplazados de la guerra civil, la cual dejó un saldo total de más de 75,000 muertos y al menos 7,000 desaparecidos
La masacre fue negada por el gobierno cívico militar de la época que presidia el democristiano José Napoleón Duarte, ya fallecido.
La experta estadounidense de la Universidad de Stanford, Terry Lynn Karl, dijo en abril pasado, en el marco de una audiencia contra militares, que la masacre tuvo un "encubrimiento sofisticado" por parte Estados Unidos y El Salvador.
Karl aseguró que un asesor militar estadounidense, Allam Bruce Hazelwood, acompañó en el terreno de la masacre al ahora extinto coronel salvadoreño Domingo Monterrosa, jefe del escuadrón Atlacatl.
Tras sortear una serie de obstáculos, las exhumaciones forenses comenzaron en el destruido convento de El Mozote en noviembre de 1992. Fueron dirigidas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) integrado por Patricia Bernardi, Luis Fondebrider y Mercedes Doretti.
La etapa de laboratorio fue dirigida por expertos de Estados Unidos: Clyde Snow y Robert Kirshner, con el apoyo de Douglas Dowell Scott (antropólogo y experto en balística) y Jonh Joseph Fitzpatrick (radiólogo).
Los primeros hallazgos en el convento probaron la perpetración de la masacre. De 146 osamentas, 140 eran de niños.
La única mujer que logró escapar del epicentro de barbarie, Rufina Amaya, murió en 2007. Su testimonio fue clave para las investigaciones.
En 1993, una comisión creada por la ONU para investigar crímenes de guerra concluyó que el masivo asesinato estaba "plenamente probado".
La comisión culpó a un grupo de militares, en el que figuraban el coronel Domingo Monterrosa, y su jefe de operaciones, Armando Azmitia. Ambos murieron en octubre de 1984 cuando su helicóptero fue saboteado por la guerrilla a unos 5 km de El Mozote.
En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) condenó al Estado salvadoreño por la masacre, y ordenó medidas de reparación.
En 2016, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional una ley de amnistía que desde 1993 había perdonado los crímenes de guerra. Las víctimas demandaron la reapertura del caso en un tribunal de San Francisco Gotera, Morazán.
De una veintena de militares enjuiciados sobreviven unos 17, pero al juez Jorge Guzmán, que abordaba el caso, se le impidió el acceso a los archivos de los cuarteles.
Los cargos que enfrentan los militares son: asesinato, violación agravada, privación de libertad agravada, robo, daños agravados, allanamiento de morada, estragos especiales, actos de terrorismo, desplazamiento forzado, tortura y desaparición, entre otros.
En septiembre pasado, en medio de una polémica reforma promovida por el gobierno de Nayib Bukele que depuró jueces, Guzmán cesó sus funciones en solidaridad con sus colegas. La reforma a la Ley de la Carrera Judicial cesa a los jueces sexagenarios o con más de 30 años de servicio.
En lugar del ex juez de Instrucción de la localidad de San Francisco Gotera (oriente), la Corte Suprema nombró a la jueza Mirtala Portillo de Cruz.
Este jueves, dos abogados presentaron una demanda con el Supremo de El Salvador para solicitar la restitución del juez Guzmán.
David Morales, abogado representante de las víctimas de El Mozote en la causa penal y miembro de la no gubernamental Cristosal, dijo a la prensa que la demanda contra el Supremo es que "se declare ilegal el nombramiento de la jueza de Instrucción de San Francisco".
De acuerdo con el abogado, la designación de la jueza "es ilegal" por "la forma arbitraria con la que se ha hecho, tomando en cuenta una reforma aprobada por la Asamblea que han socavado la independencia judicial en el país".
Por su parte, el letrado Alejandro Lenin señaló que también se solicitó una medida cautelar para que "se suspenda el nombramiento y se restituya al juez Guzmán", quien ha sido el juez de la causa de El Mozote y sitios aledaños desde que se reactivó el proceso hace cinco años.
"A 40 años (de la masacre) queremos decirle al Estado salvadoreño, mire, ya basta de seguir queriendo tapar este caso", asegura el presidente de la Asociación de Víctimas de El Mozote, Leonel Tobar Claros, de 43 años. Era un bebé en la época, y perdió unos 25 familiares.
Para el abogado de Tutela Legal, Ovidio González, la estrategia del gobierno y del ejército "es dilatar el proceso y que no se logre la condena a los militares responsables”.
Con información de AFP y EFE
