Estados Unidos ahora sanciona a la jefa de gabinete de Nayib Bukele

Además asegura que ordenó a varios ministros a autorizar compras "que incluyen millones de dólares en mascarillas quirúrgicas y millones más en batas de hospital a empresas sin vínculos aparentes" con la industria sanitaria.

Estados Unidos afirma que "funcionarios de la administración de Bukele, incluida la jefa de gabinete Recinos, supuestamente revendieron equipo de protección personal donado y otra ayuda médica con un importante margen en beneficio propio".

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Recinos estuvo asimismo a la cabeza de "un esquema de corrupción en el que las canastas de alimentos compradas por el gobierno para aliviar el COVID-19 se desviaron para el uso de candidatos específicos" del partido salvadoreño Nuevas Ideas, con el fin de obtener "votos y apoyo" en las elecciones de febrero de 2021.

Tras el anuncio El Salvador y Estados Unidos se enzarzaron en un cruce de tuits incisivos.

"Se ven hasta absurdas esas declaraciones diarias", reaccionó Bukele, quien acusa a Estados Unidos de "no aceptar colaboración, amistad o alianza".

A su vez el jefe de la diplomacia estadounidense para Latinoamérica y el Caribe Brian A. Nichols tuiteó que están "abiertos al diálogo y a una mejor relación pero no a costa de guardar silencio ante acciones dañinas".

"Condenamos las falsas acusaciones de Nayib Bukele contra el presidente Biden y otros funcionarios del gobierno de Estados Unidos, incluyendo a la Embajadora Manes y el Encargado de Negocios actual, Brendan O'Brien", afirmó.

En noviembre la ex encargada de negocios de Washington en El Salvador, Jean Manes, dijo que tanto ella como el gobierno eran objeto de ataques en redes sociales.

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Las sanciones del Tesoro, aplicadas bajo la Ley Global Magnitsky de 2017, implican el congelamiento de cualquier activo que pueda tener en Estados Unidos y le prohíben toda transacción a través del sistema financiero estadounidense.

Las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador son muy tirantes. Washington le cortó la ayuda a través de su agencia de cooperación USAID y la redireccionó a la sociedad civil para la lucha contra la corrupción, a lo que Bukele reaccionó estrechando lazos con China.

Una prioridad

La lucha contra la corrupción es una prioridad del gobierno del presidente Joe Biden, que la considera esencial para atajar las principales causas de la ola migratoria de Centroamérica hacia Estados Unidos.

Y es el pilar de la Cumbre por la Democracia de Biden, que se celebra virtualmente jueves y viernes y de la que han sido excluidos los gobiernos de ocho países de las Américas: Bolivia, Cuba, Haití, Honduras, Nicaragua, Venezuela, El Salvador y Guatemala.

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Precisamente el Tesoro también impuso sanciones económicas este jueves al guatemalteco Manuel Víctor Martínez Olivet, a quien acusa de "participar en diversos actos de apropiación indebida, fraude y abuso de autoridad" cuando era director del Área de Salud Santa Rosa del Ministerio de Salud Pública de Guatemala.

La lucha anticorrupción es "una prioridad central de la seguridad nacional", declaró este jueves el secretario de Estado, Antony Blinken, quien anunció que "un coordinador anticorrupción global" liderará la aplicación de la estrategia de Estados Unidos anunciada esta semana por la Casa Blanca para contrarrestar este flagelo.

El jefe de la diplomacia estadounidense también anunció una batería de restricciones de visados que afecta a varios latinoamericanos, entre ellos Recinos, su marido y su hijo.

Osiris Luna Meza, viceministro de Justicia y director general de cárceles de El Salvador, sometido ya a sanciones económicas, tampoco podrá entrar en territorio estadounidense.

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Se impide asimismo el ingreso a Carlos Julián Bermeo Casas, un ex fiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP), por "haber aceptado un soborno monetario a cambio de obstruir la extradición a Estados Unidos de un presunto narcotraficante".

Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, al que Washington considera una dictadura, corre la misma suerte por "aceptar un soborno monetario" para "permitir y perpetuar un esquema de fraude aduanero y de importación para enriquecer a miembros del régimen".

Las restricciones de visados se extienden a familiares directos de los sancionados.