EU denuncia la alta impunidad en Latinoamérica en su reporte de derechos humanos

En el prefacio del reporte, el Departamento de Estado reconoce que la situación de los derechos humanos en Estados Unidos aún tiene mucho por mejorar.

"También reconocemos que nuestra nación no siempre triunfa en proteger la dignidad y los derechos de todos los estadounidenses, a pesar de las proclamas de libertad, equidad y justicia de nuestros documentos fundacionales", señala el documento.

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Las únicas dos naciones latinoamericanas citadas en la introducción del documento fueron Cuba y Nicaragua, junto con países como Rusia, China, Corea del Norte o Siria.

Cuba, Nicaragua y Venezuela: la represión como regla de gobierno

En la sección dedicada a Cuba, el informe recordó que el 11 de julio pasado se produjeron "las protestas más grandes en décadas" para "exigir el fin de la represión".

Afirmó que muchos manifestantes fueron arrestados y encarcelados en condiciones "crueles", mientras que otros tuvieron que exiliarse.

"El gobierno llevó a cabo juicios sumarios para algunos manifestantes; solicitó largas penas de prisión, algunas de hasta 30 años, en cientos de casos; y mantuvo a otros manifestantes en detención preventiva prolongada. Algunos activistas optaron por exiliarse y el gobierno obligó a otros a hacerlo", aseveró el Departamento de Estado.

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La autoridad estadounidense indica que miembros de las fuerzas de seguridad cubana cometieron numerosos abusos. Además, señala que hay informes creíbles sobre un aumento drástico del número de presos políticos, muchos de ellos presos en condiciones degradantes.

Otras violaciones graves a los derechos humanos de las que hay informes creíbles son ejecuciones ilícitas o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales
por parte del gobierno, desaparición forzada por parte del gobierno, tortura a disidentes políticos, represión grave de la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la violencia o las amenazas de violencia contra los periodistas, la censura y las leyes penales contra la difamación.

Sobre Nicaragua, Estados Unoidos destacó que el presidente, Daniel Ortega, mantiene un "control total" tras "adjudicarse un cuarto mandato consecutivo" en las elecciones de noviembre pasado, después de "encarcelar arbitrariamente a casi 40 figuras de la oposición".

Además, detalló que el gobierno de Managua sigue sin investigar ni perseguir a las autoridades responsables de "los 355 asesinatos y las centenares de desapariciones" durante las protestas de 2018.

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También criticó la represión contra "presos políticos" en Venezuela, pese a reconocer que el año pasado el Gobierno de Nicolás Maduro "permitió" a opositores participar en las elecciones regionales de noviembre, así como el regreso de algunos exiliados.

"A pesar de estos cambios, el régimen de Maduro siguió manteniendo a centenares de personas en prisión por motivaciones políticas e impidió que centenares de candidatos de la oposición ejercieran todos sus derechos para postularse", afirmó.

La impunidad, el gran problema latinoamericano

Más allá de la represión, el informe detectó a lo largo y ancho de América Latina altos niveles de impunidad, como en México, donde "la gran mayoría de crímenes" no se investigan.

El Departamento de Estado señaló que el crimen organizado es el "principal perpetrador" de la violencia en México, aunque advirtió de que algunas autoridades son "cómplices", y lamentó la "impunidad" en los asesinatos contra periodistas.

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"Los elementos del crimen organizado, incluidas las bandas locales y transnacionales y los narcotraficantes, fueron autores importantes de delitos violentos (...) particularmente dirigidos a los grupos vulnerables. El gobierno investigó y procesó algunos de estos delitos, pero la gran mayoría permaneció sin investigar ni enjuiciar", señala el informe.

También fue contundente en el caso de Bolivia, donde aseguró que "la aplicación ineficaz de la ley y un poder judicial corrupto llevaron a la impunidad" muchos casos de abuso.

Puso especial atención en el arresto de la expresidenta interina Jeanine Áñez, puesto que "expertos legales han detectado numerosas irregularidades" en su detención.

Mientras que en El Salvador de Nayib Bukele consideró que "la impunidad ante la corrupción permanece endémica", igual que en Perú, donde "la percepción de impunidad es una de las mayores preocupaciones".

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Y sobre Argentina dijo que el año pasado hubo "numerosos reportes de corrupción", incluidas las investigaciones contra la vicepresidenta, Cristina Fernández, y contra el expresidente Mauricio Macri, a la vez que lamentó que el sistema judicial está "politizado".

Un "trato más suave"

El informe de derechos humanos del Departamento de Estado suele recibir críticas por la diferencia de trato que reciben los Gobiernos más cercanos a Washington.

El documento considera a Chile, por ejemplo, uno de los pocos países donde "el Gobierno dio pasos para investigar, perseguir y castigar a los funcionarios que cometieron abusos de los derechos humanos".

Mientras, en Colombia aplaudió que el Ejecutivo de Iván Duque implementara "con eficacia" leyes anticorrupción y la aplicación de una reforma policial con perspectiva de derechos humanos tras las protestas del año pasado.

Respecto a Brasil, el Departamento de Estado señaló que el presidente, Jair Bolsonaro, "critica frecuentemente a la prensa" y recogió la confrontación que mantiene con líderes indígenas.

Y en Ecuador citó "los actos de tortura y asesinato" perpetrados por bandas criminales durante los enfrentamientos en varias prisiones.