Durante su etapa de votaciones en los últimos meses el pleno desechó algunas propuestas que levantaron acaloradas discusiones como la nacionalización de los recursos mineros en el mayor productor mundial de cobre, aunque adoptó cambios sustanciales al poder político como la eliminación del Senado y su reemplazo por una Cámara de las Regiones que tendrá menores facultades.
También planteó mayor autonomía para los territorios indígenas, especialmente en los sistemas de justicia, en momentos que Chile atraviesa un recrudecimiento del conflicto entre el Estado y la etnia mapuche en el sur del país. Esto dejó al descubierto una fractura histórica.
“Habría una juridicidad para una parte de la población, los pueblos indígenas, y otra para el resto de la población”, dijo el ex ministro de Justicia Isidro Solís al diario El País.
Además, la constitución está impactada por los movimientos feministas. Uno de los artículos proclama la democracia paritaria. También inscribe explícitamente la mención "interrupción voluntaria del embarazo" en su norma constitucional sobre derechos sexuales y reproductivos.
En el artículo 16 de la Constitución propuesta para reemplazar la actual afirma que el Estado garantizará el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación.
Será “con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como acceso a la información, educación, salud, y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos”.
