La Fiscalía, sin embargo, argumentó en un comunicado que la severa pena fue impuesta porque la joven asesinó a la recién nacida tras ocasionarle varias heridas en el cuello con un cuchillo.
"El dictamen forense determinó como causa final del fallecimiento: degüello por herida tipo contuso-cortante producida por arma blanca", sostuvo la Fiscalía.
En El Salvador, fiscales y jueces tipifican las emergencias obstétricas y los casos de aborto involuntario como "homicidio agravado", con penas de hasta 50 años.
Esto, a pesar de que el Código Penal salvadoreño desde 1998 establece penas de hasta 8 años por abortar, práctica prohibida en el país centroamericano en todos los casos.
A pesar de que en años recientes ha habido un avance de la "marea verde" en Latinoamérica en busca de un acceso al aborto legal y seguro, el procedimiento, sin restricción de motivos, sólo es permitido en un puñado de países.
Junto a Nicaragua, Honduras y República Dominicana, El Salvador es uno de los cuatro países de Latinoamérica que prohíben el aborto sin excepciones. Organizaciones defensoras de derechos humanos han exigido derogar la ley que prohíbe la interrupción del embarazo, pero no han tenido éxito.
Se trata de "la primera vez en la historia que se aplica la pena máxima (50 años) desde que se penalizó de manera absoluta el aborto", dijo Acdatee.
Desde 2009, 65 mujeres condenadas por emergencias de salud durante el embarazo, la mayoría en precarias condiciones económicas, han sido liberadas apoyadas por Acdatee y otras agrupaciones.
El año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH ) halló responsable al Estado de El Salvador por el caso de Manuela, una mujer salvadoreña que murió en el 2010 en la cárcel, purgando una condena de 30 años por un parto extrahospitalario tipificado como homicidio agravado.
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