Aunque la peronista Fernández de Kirchner, quien fue presidenta entre 2007 y 2015, no irá a prisión hasta que la sentencia esté firme y por contar con fueros, la decisión de la Justicia generará más incertidumbre en un país que atraviesa una crisis económica y un fuerte antagonismo político.
"La condena tiene un fuerte impacto político", declaró a la AFP el analista Rosendo Fraga. Pero "la posibilidad de que sea detenida por esta condena es inexistente".
El fallo en primera instancia abre un largo derrotero de apelaciones y Kirchner podría incluso presentarse a cualquier cargo en las elecciones generales de 2023, incluida la presidencia.
Sin embargo, la misma Kirchner dijo después de la noticia de la condena que no se presentará a ninguna elección el próximo año.
En la lectura del veredicto, el Tribunal Federal 2 de la ciudad de Buenos Aires consideró a la dirigente "autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".
Por otro lado, el tribunal absolvió a la dirigente del delito de "asociación ilícita", en un caso en el que se investigaba un mecanismo de corrupción durante los gobiernos de Fernández por el que se entregaban contratos de obras públicas a un empresario cercano, Lázaro Báez, quien después devolvía el dinero al matrimonio Kirchner.
Báez fue también condenado el martes a seis años de prisión.
"Está claro que la idea era condenarme (...) Esto es un Estado paralelo y mafia judicial", señaló tras conocerse el veredicto la vicepresidenta, quien consideró que no se respetaron las garantías constitucionales en el proceso y sugirió que apelará el fallo.
Cristina Fernández de Kirchner es la dirigente más popular de la alianza oficialista de centroizquierda, que el año próximo enfrentará unos comicios que, según los sondeos, podría perder en manos de la oposición de centroderecha.