A su vuelta al poder en agosto de 2021, el grupo fundamentalista prometió mostrarse más flexible, pero en este año han evidenciado que prevalece la interpretación ultra-rigorista del islam de su primera etapa (1996-2001).
Las medidas liberticidas se han multiplicado en estos meses, en particular las que afectan a las mujeres, que están siendo progresivamente apartadas de la vida pública.
En un giro inesperado, el 23 de marzo las autoridades volvieron a cerrar las escuelas secundarias muy poco después de su reapertura, anunciada desde hacía meses.
El jefe supremo de los talibanes, Haibatulá Ajundzadá, intervino en la decisión, según un alto responsable.
Varios responsables gubernamentales declararon que no había suficientes profesores o dinero, pero que las escuelas reabrirían cuando el programa de enseñanza islámica hubiera sido elaborado.
Detenciones de manifestaciones
Las funcionarias también han sido excluidas de la mayor parte de empleos públicos o pagadas una miseria por quedarse en casa.
Las mujeres no tienen derecho a viajar sin estar acompañadas de un familiar masculino y deben cubrirse con un burqa o un hiyab cuando salen de casa.
En noviembre, los talibanes también les prohibieron el acceso a parques, jardines, salas de deporte y baños públicos.
Las manifestaciones de mujeres contra esas medidas, que generalmente solo reúnen a unas pocas decenas de personas, se han vuelto muy arriesgadas. Numerosas manifestantes han sido arrestadas y los periodistas cada vez sufren más impedimentos para cubrir esas protestas.
Pese a ser excluidas de los centros educativos, en Kabul muchas jóvenes acudieron a principios de diciembre a examinarse al final de sus estudios secundarios, condición necesaria para acceder a la universidad, según pudieron comprobar periodistas de AFP.
Con información de AFP y Reuters