La orden fomenta el almacenamiento seguro de las armas y pide a la Comisión Federal de Comercio que analice la forma en que los fabricantes comercializan las armas de fuego, incluidas las destinadas a menores.
Además, Biden encargará al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, que ajuste la definición legal actual de las empresas que venden armas para que se ciñan en mayor medida a la ley que les obliga a verificar los antecedentes penales de todo potencial comprador.
"Esta medida significa que se venderán menos armas sin una revisión de antecedentes penales y por lo tanto, habrá menos armas que acaben en manos de criminales y abusadores", dijo una funcionaria de la Casa Blanca que adelantó las acciones en una llamada con medios.
La orden ejecutiva, hecha pública por la Casa Blanca, tiene como objetivo reducir la violencia armada con, entre otras medidas, mejoras para apoyar a supervivientes de tiroteos y familiares de víctimas durante sus procesos de recuperación en términos de salud mental.
Para ello, la Secretaría de Salud y la Fiscalía General deberán presentar a la Presidencia una propuesta con ese objetivo antes del 15 de septiembre de este año.
A su vez, Biden anunciará que el gobierno va a poner en marcha campañas de información sobre las denominadas leyes de "alerta de peligro (Red Flag)", que permiten activar un procedimiento legal para confiscar las armas de fuego de quienes representen un peligro para terceros o para sí mismos.