El expresidente brasileño Jair Bolsonaro declaró este miércoles durante unas dos horas ante la Policía y negó cualquier responsabilidad en la asonada del pasado 8 de enero, que intentó derrocar al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Durante su comparecencia, el exmandatario aseguró que publicó de forma "accidental" un video que cuestionaba la legitimidad de las elecciones presidenciales de 2022.
El abogado Paulo Bueno, que defiende a Bolsonaro, dijo este miércoles que el expresidente se encontraría bajo el efecto de medicamentos cuando compartió la publicación, ya que había sido hospitalizado poco antes.
"La publicación fue tan accidental que no hizo ningún comentario posterior y la borró poco después", explicó Bueno.
Fabio Wajngarten, exministro de Información y actual asesor de Bolsonaro, aseguró que el expresidente, quien el día de la asonada estaba en Estados Unidos, "repudió" ese mismo 8 de enero la invasión de una horda de bolsonaristas a las sedes de los tres poderes de la Nación, con la clara intención de derrocar al gobierno de Lula.
"Con el fin de la elección, el presidente pasó la página, no articuló nada, se recluyó y viajó el 30 de diciembre a Estados Unidos", aún en su condición de mandatario, y permaneció en ese país durante tres meses, afirmó Wajngarten, quien dijo que Bolsonaro está dispuesto a presentarse nuevamente ante la Policía Federal.
El expresidente, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022, evitó todo contacto con los periodistas que lo esperaron frente a la sede de la Policía Federal, en Brasilia.
Bolsonaro es investigado por su presunto papel como autor intelectual e instigador de los disturbios del 8 de enero, cuando miles de sus seguidores invadieron las sedes de los tres poderes del Estado en la capital brasileña en un intento de tumbar al presidente Lula da Silva, quien había asumido siete días antes.
El exmandatario ultraderechista (2019-2022), que había salido de Brasil rumbo a Estados Unidos el 30 de diciembre, dos días antes de la entrega de la banda presidencial a Lula, se encontraba en Orlando, Florida, el día de los ataques al Supremo Tribunal Federal (STF), el Congreso y el Palacio del Planalto.
Bolsonaro ha negado sistemáticamente su implicación en los hechos vandálicos, por los que hubo más de 1,800 detenidos.
Su supuesta participación en la asonada es investigada desde el 13 de enero por decisión de un juez de la STF.
La fiscalía había pedido que se lo incluyera en la pesquisa, citando un video que el exmandatario subió a sus redes sociales el 10 de enero cuestionando el resultado electoral de octubre, cuando perdió la reelección con Lula.
Mientras Bolsonaro declaraba ante la Policía, el Congreso brasileño oficializó la apertura de una comisión parlamentaria para investigar el asalto a las sedes de los tres poderes del gobierno brasileño.
El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, se encargó de leer la petición de apertura de la comisión, cuya instauración ha sido promovida por la oposición de derecha, la cual sostiene que el Gobierno incurrió en "omisiones" y "fallos" de seguridad, con una aparente intención de generar una "ola de solidaridad" con Lula.
Esa versión, calificada como "un disparate" por el oficialismo, ha sido defendida sobre todo por el diputado Eduardo Bolsonaro, uno de los tres hijos del exmandatario que actúa en política y que puede llegar a integrar la comisión.
Aunque el Gobierno inicialmente se opuso a la instauración de ese grupo parlamentario, por el "ruido político" que puede generar, pasó a apoyarlo la semana pasada, cuando se difundieron unos videos que llevaron a la renuncia del ministro de seguridad de la Presidencia, Marco Gonçalves Dias.
En las imágenes, el ahora exministro aparece en el interior del Palacio presidencial en medio de la invasión, junto a otros de los miembros de la seguridad, en una actitud que pudiera sugerir una cierta complacencia y hasta amabilidad con los golpistas.
La comisión estará integrada por 16 senadores y 16 diputados, y su composición será definida en función de la representatividad de los grupos parlamentarios, en los que el Gobierno tiene mayoría.
Sobre esa base, el oficialismo aspira a ejercer los dos puestos claves en la comisión. Se trata de la presidencia, que orienta el curso de la investigación, y la instrucción del proceso, a cargo de un parlamentario que será responsable del informe final.
Esos cargos también son fundamentales para decidir el orden de los convocados a declarar, entre los que pueden figurar políticos muy vinculados a Bolsonaro, algunos detenidos por los sucesos de enero.
Entre ellos, está el exministro de Justicia Anderson Torres, en cuya residencia la Policía encontró un borrador de un decreto que planteaba anular las elecciones de octubre y mantener en el poder al líder de la ultraderecha, quien dice desconocer esa minuta.
Sin embargo, el Partido Liberal (PL), que tiene a Bolsonaro en sus filas, aseguró que va a pleitear la presidencia, aferrado a una "tradición" según la cual el grupo que propone la comisión es el que la dirige.
"Como autor del requerimiento, el PL aspira a la presidencia", dijo este mismo miércoles el diputado Altineu Cortes, jefe de ese partido en la Cámara baja.
Esos cargos, que generarán los primeros embates políticos de la comisión, serán definidos en los próximos días, antes de la primera reunión formal de la comisión, prevista para dentro de unos 15 días.
Con información de AFP y EFE
