Si estiman que no existe un peligro lo expulsan a través de una "deportación acelerada", informó a finales de abril el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El título 8, al contrario del 42, trae aparejadas sanciones: si el migrante intenta entrar de nuevo sin una documentación válida se le castiga con una prohibición de reingreso de al menos cinco años y posibles procesos penales.
Centros regionales
El gobierno prevé abrir "centros regionales de procesamiento" en toda América Latina, empezando por Guatemala y Colombia, para preseleccionar a los migrantes que podrán entrar en el país.
En ellos, expertos y funcionarios estadounidenses determinarán si los migrantes "son elegibles" para acceder al estatus de refugiado, a una autorización de permanencia temporal, a la reunificación familiar o a un permiso de trabajo.
Los centros, que cuentan con el apoyo de las Naciones Unidas, tienen como objetivo revisar entre 5,000 y 6,000 solicitudes de migrantes cada mes, ya que Estados Unidos se ha comprometido a aceptar más refugiados procedentes del hemisferio occidental.
España y Canadá han aceptado referencias de estos centros para que los migrantes puedan acceder a sus propios programas.
Los centros también procesarán solicitudes de reagrupación familiar, un programa actualmente disponible para cubanos y haitianos, pero que se ampliará a colombianos, salvadoreños, guatemaltecos y hondureños en un esfuerzo por crear nuevas vías legales para los inmigrantes, dijeron funcionarios.
