A 3 años de la explosión del puerto de Beirut, las víctimas no tienen justicia

¿Qué ha pasado desde el 2020?

La causa de la catástrofe fueron 2,750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas ilegalmente desde 2014, mismas que las autoridades conocían. Parte del enojo de la población es que las autoridades libanesas han interferido y obstruido las investigaciones internas en contra de los políticos acusados.

El investigador principal del caso, el juez Tarek Bitar, llamó a interrogatorio a Ghassan Oweidat, el fiscal general; Abbas Ibrahim, director general de seguridad general; Tony Saliba, director general de Seguridad del Estado; Jean Kahwaji, exjefe del ejército; Jawdat Oweidat y Kamil Daher, ex oficiales de inteligencia; Asaad Tufayli, titular del Consejo Superior de Aduanas; Gracia Al-Azzi, miembro del Consejo de Aduanas; y los jueces Ghassan Khoury, Carla Shawah y Jad Maalouf.

Pero se han presentado más de 25 solicitudes para destituir a Bitar y a otros jueces involucrados en el caso, y la última serie de impugnaciones resultó en la suspensión de la investigación desde diciembre de 2021.

Cuando el juez Bitar intentó reanudar la investigación en enero de 2023, Ghassan Oueidat, fiscal en Líbano a quien Bitar había acusado en el caso, presentó una demanda contra el juez, emitió una prohibición de viajar en su contra y ordenó la liberación de todos los sospechosos de estar involucrados.

La medida del fiscal eludió la investigación criminal en curso sobre la explosión. El Colegio de Abogados de Beirut, la Asociación Libanesa de Jueces y la Coalición Libanesa para la Independencia del Poder Judicial criticaron su decisión de liberar a los sospechosos restantes de la detención como ilegal.

Ante ello, las familias de las víctimas, ciudadanos y asociaciones civiles piden que se abra una investigación internacional para conocer los hechos y las circunstancias que llevaron a la explosión; identificar las violaciones a los derechos humanos; señalar los obstáculos que hubo durante la investigación; y formular recomendaciones para garantizar justicia y reparación a las familias.

“Líbano puede no tener líderes, pero eso no significa que otros países no puedan dar un paso al frente para liderar los derechos humanos de las personas en el Líbano”, dijo Lama Fakih, director para Medio Oriente de Human Rights Watch. “La grave falta de justicia para las víctimas de la explosión del puerto de Beirut solo socavará aún más la estabilidad y el estado de derecho en este momento crítico de la historia del Líbano”.

Líbano, sumergido en una crisis económica

El tercer aniversario de la explosión coincide con una crisis económica que azota al país desde 2019. En abril de 2023 se registró una depreciación de la moneda récord, pues Líbano alcanzó la tasa de inflación de los precios de los alimentos más alta del mundo con un 350 %, según lo informado por el Banco Mundial.

De acuerdo con el Banco de Líbano , esta crisis se ha visto agravada por varios factores: la escasez de liquidez en moneda extranjera, la devaluación del tipo de cambio y el desequilibrio en la balanza de pagos, así como la decisión del gobierno de suspender los pagos de todos sus eurobonos denominados en dólares estadounidenses en circulación en marzo de 2020.

A esto se suman las consecuencias de la pandemia de covid-19 y la explosión del puerto de Beirut; la crisis energética de la electricidad, los combustibles y sus efectos económicos generales; y la prolongada parálisis política que deja al país con un vacío presidencial y ejecutivo.

Por otro lado, desde que finalizó el mandato presidencial el 31 de octubre de 2022 sin que se eligiera un nuevo presidente, el país enfrenta un vacío institucional que retrasa la implementación de un plan integral de recuperación económica.