Caminan a paso rápido, con la mirada alerta y hablan en voz baja en las calles vaciadas por el miedo. El terror se instala en Ecuador, mientras el narco exhibe músculo con ataques, explosiones, saqueos y tiroteos.
El dramático aumento de la violencia esta semana —incluido el asalto de una estación de televisión en vivo— parecía ser una respuesta de las bandas a los planes del nuevo presidente Daniel Noboa para abordar una grave crisis de seguridad.
El mandatario de 36 años declaró el lunes un estado de emergencia de 60 días, sacó el Ejército a las calles, y señaló a 22 bandas delictivas como grupos terroristas en un decreto firmado el martes en el que declaró un estado de "conflicto armado interno”.
¿Qué implicaciones tiene el decreto firmado por Noboa? A continuación lo explicamos.
El martes, después de la toma violenta del canal TC Televisión en Guayaquil, el presidente Daniel Noboa publicó en su cuenta de X, antes Twitter, que había firmado el decreto 111, en el que declaraba la existencia de un conflicto armado interno en Ecuador.
En el documento, el gobierno califica como “terroristas y actores no estatales beligerantes” a 22 organizaciones criminales.
"Ante este fenómeno, sin precedentes para el Ecuador, las siguientes organizaciones se declaran TERRORISTAS, al atentar contra la soberanía e integridad teritorial: Águilas, ÁguilasKiler, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Corvicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7, Tiguerones”, indica el decreto presentado por Noboa.
El gobierno argumenta en el decreto que “los actos de violencia y terrorismo que ha venido enfrentando Ecuador ponen en evidencia la necesidad de recuperar el control territorial y la soberanía”.
En un documento publicado el lunes, el decreto 110, el gobierno ordenó el estado de excepción y un toque de queda ante la grave conmoción que enfrenta.
El presidente de la República "podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural”, de acuerdo con el artículo 164 de la Constitución de Ecuador.
En conflicto armado interno es una situación de violencia que tiene lugar en un Estado y en el que ocurren enfrentamientos armados prolongados entre fuerzas gubernamentales y uno o más grupos armados organizados, de acuerdo con el derecho internacional humanitario.
El Comité Internacional de la Cruz Roja, que se basa en los Convenios de Ginebra y la jurisprudencia internacional, detalla que el conflicto debe alcanzar un nivel mínimo de intensidad y las partes que participan en él deben poseer una estructura organizada.
Andrés Chiriboga, analista político ecuatoriano, dijo a la BBC Mundo que el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto del año pasado “y otros crímenes son para ponerle condiciones al poder político y demostrar que desde hace algún tiempo, en buena medida, las bandas son quienes tienen el control en el país”.
En esta situación existe el uso de arma letal en el territorio de un Estado, dijo Efrén Guerrero, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y especialista en derechos humanos en entrevista con el diario Primicias .
La medida ordena "disponer la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el territorio nacional para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes conforme lo expuesto en el presente Decreto Ejecutivo”.
Además, habilita a las Fuerzas Armadas a "ejecutar operaciones militares, bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos, para neutralizar a los grupos identificados”.
El alcance y los efectos de este decreto aún son incierto, señala Guerrero al periódico ecuatoriano.
En la revisión que la Corte Constitucional debe hacer del decreto de estado de excepción, está obligada a establecer las reglas que tendrán que tomarse en cuenta para la toma de decisiones en este caso.
"Desde la guerra del Cenepa (de 1995) no tenemos un tipo de situación así, y ahí solo se estableció en las zonas de conflicto", aclaró el especialista.
La abogada penalista Paulina Araujo explicó al mismo diario que, la fuerza pública siempre puede usar la legítima defensa, pues policías y militares tienen el monopolio de la fuerza, incluso sin la necesidad de la declaratoria de conflicto armado interno.
La principal diferencia, de acuerdo con Araujo, es reconocer que están autorizados a usar armas letales contra los grupos terroristas.
Ecuador no es el único país en América Latina que sufre por la violencia de los cárteles de la droga. Colombia, vecino de Ecuador, y México, son los ejemplos más cercanos sobre la situación.
Durante la guerra de Colombia contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), "no se disputa" que existían conflictos armados internos, dijo Edward Pérez, experto en derechos humanos de la Facultad de Derecho de la University College de Londres a BBC Mundo. "Eran estructuras organizadas con fines políticos y mantuvieron conflictos prolongados”.
Pérez considera que todavía es muy pronto para decir que pasa lo mismo en Ecuador y compara más el caso con lo sucedido en México.
"El caso ecuatoriano se parece más al de México, cuando se dio la disputa contra los carteles de Sinaloa y Jalisco, existió la retórica de que existía una guerra contra las drogas, pero en la práctica el propio gobierno mexicano sostuvo que no había un conflicto armado interno y que solamente se trataba de una retórica", aclaró.
"En Ecuador se pretende declarar un conflicto armado por decreto y eso es algo que no se puede declarar, sino que simplemente ocurre”.
