Este viernes, Nicolás Maduro asumió oficialmente su tercer mandato como presidente de Venezuela, en medio de un clima de creciente rechazo tanto interno como internacional. Su investidura se produjo en un contexto marcado por acusaciones de fraude electoral, represión a la disidencia y un creciente aislamiento diplomático, que se reflejaron en las fuertes reacciones provenientes de actores internacionales.
En las semanas previas a su toma de posesión, la represión se intensificó con más de 40 detenciones "con fines políticos", según reportó la ONG Foro Penal. Entre los arrestados se encuentran miembros prominentes de la oposición, entre ellos el excandidato presidencial Enrique Márquez, el activista Carlos Correa, y varios otros que han sido críticos del régimen.
La situación, tal como lo describen organizaciones de derechos humanos, evidencia una tendencia a criminalizar la protesta y a silenciar a quienes se oponen al gobierno.
Maduro, en su discurso de juramentación ante un Parlamento controlado por su partido, reiteró su postura de defensa frente a lo que considera "ataques externos". Rechazó las críticas a su investidura y señaló que, en su tercer mandato, continuará con un "plan de defensa nacional" que contempla el despliegue de fuerzas militares y policiales en todo el territorio, aludiendo a una supuesta amenaza internacional y a lo que calificó de "mercenarios extranjeros".
Estados Unidos, uno de los principales críticos del régimen de Maduro, calificó la toma de posesión como una "farsa". Funcionarios del gobierno de Joe Biden afirmaron que “esta investidura es una farsa”, subrayando que “Edmundo González Urrutia debería haber sido investido hoy como el próximo presidente de Venezuela, ya que hay pruebas indiscutibles de que ganó” las elecciones del 28 de julio.
En respuesta, el gobierno de Estados Unidos aumentó a 25 millones de dólares la recompensa por la captura de Maduro, a quien acusa de delitos relacionados con "el narcotráfico y la corrupción".
Un funcionario estadounidense, que prefirió mantener el anonimato, declaró a la AFP que “para proporcionar nuevos incentivos para llevar a Maduro y a sus cómplices ante la justicia por delitos relacionados con la conspiración para distribuir cocaína, el narcotráfico y la corrupción, hemos aumentado la recompensa a 25 millones” de dólares por información que permita capturar al presidente y a su ministro del Interior, Diosdado Cabello.
También se estableció una recompensa de 15 millones de dólares por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.
Paralelamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a ocho altos cargos venezolanos, acusándolos de dirigir organismos económicos y de seguridad "que permiten la represión" y "la subversión de la democracia en Venezuela". Entre los sancionados figura el presidente de la petrolera PDVSA, Héctor Andrés Obregón, y el ministro de Transportes y presidente de Conviasa, Ramón Celestino Velásquez.
A su vez, el gobierno de Biden también decidió ampliar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los venezolanos, otorgando 18 meses adicionales de amparo migratorio, argumentando que “Venezuela sigue enfrentando crisis políticas y económicas bajo el régimen represivo de Maduro, con condiciones que han contribuido a altos niveles de crimen y violencia”, según una funcionaria del Departamento de Seguridad Interior, que también pidió el anonimato a la AFP.
Por otro lado, la Unión Europea (UE) también se manifestó en contra de la toma de posesión de Nicolás Maduro, afirmando que carece de legitimidad como presidente de Venezuela. En un comunicado, el bloque de 27 países señaló que "las autoridades venezolanas perdieron una oportunidad clave para respetar la voluntad del pueblo", agregando que, por lo tanto, Maduro "carece de la legitimidad de un presidente elegido democráticamente".
Kaja Kallas, jefa de la diplomacia de la UE, fue tajante en su declaración al señalar que “millones de venezolanos votaron a favor del cambio democrático apoyando a Edmundo González Urrutia por una mayoría significativa, según copias de registros electorales disponibles públicamente”. Según la UE, el proceso electoral del 28 de julio del 2024 estuvo marcado por irregularidades, y a pesar de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro como vencedor, la oposición sostiene que González Urrutia fue el verdadero ganador.
Este conflicto sobre los resultados fue uno de los principales puntos de fricción entre el régimen de Maduro y la comunidad internacional.
Parecido a Estados Unidos, la UE adoptó nuevas sanciones contra 15 funcionarios venezolanos, entre los que se incluyen altos cargos judiciales y miembros del CNE, responsables, según el bloque europeo, de socavar la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en el país.
Entre los nuevos sancionados se encuentran la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Caryslia Rodríguez, y su vice, Fanny Márquez, así como el Director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Alexis Rodríguez. Además, el bloque reiteró su compromiso con la búsqueda de una solución negociada y democrática para la crisis que atraviesa Venezuela.
“Estas sanciones no tienen como objetivo perjudicar al pueblo venezolano ni a la economía del país”, subrayó el comunicado de la UE. “El objetivo es seguir presionando para avanzar hacia una solución política que respete los principios democráticos y los derechos humanos”, agregó Kallas, destacando que la eliminación de las sanciones dependerá de los avances tangibles en estos aspectos dentro del país.
"Venezuela debe cumplir con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional", subrayó el bloque. En redes sociales, Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, insistió en que Maduro "debería enfrentar la justicia, no prestar un juramento ilegítimo", y exigió que "devuelvan Venezuela a su gente".
Give Venezuela back to people.
Maduro should be facing justice not taking an illegitimate oath.
Freedom must prevail. Venezuela será libre. @MariaCorinaYA @EdmundoGU 🇪🇺🇻🇪
— Roberta Metsola (@EP_President) January 10, 2025
Así mismo, Reino Unido además de las sanciones a los 15 funcionarios se suma a la crítica de legitimidad del mandatario venezolano.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores británico, la investidura de Maduro para un tercer mandato carece de legitimidad, pues "el resultado de las elecciones de julio no fue ni libre ni justo, y su régimen no representa la voluntad del pueblo venezolano", destacó David Lammy, jefe de la diplomacia británica, en un comunicado.
El gobierno británico subrayó que estas sanciones buscan enviar "un decidido mensaje de solidaridad con el pueblo venezolano". Lammy agregó que "todos los presos políticos deben ser liberados y la represión en curso debe terminar. Continuaremos apoyando al pueblo de Venezuela en su lucha por un futuro democrático".
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, no solo se sumó a las críticas contra Maduro, sino que amplió su denuncia al afirmar que el opositor Edmundo González Urrutia debería estar asumiendo la presidencia en lugar del mandatario chavista.
En declaraciones realizadas este viernes en Ciudad de Guatemala, Almagro subrayó que, según la evidencia presentada por organismos internacionales como el Centro Carter, las actas de las elecciones de 2024 y los informes de observación internacional, González Urrutia debió ser proclamado presidente electo y no Maduro. Almagro enfatizó que el líder opositor era el "ganador legítimo" y que los resultados habían sido manipulados por el régimen.
"Hoy, por la evidencia presentada, las actas presentadas, por los informes presentados por la Observación Internacional, específicamente del Centro Carter, el señor Edmundo González tendría que estar asumiendo la presidencia de Venezuela", aseguró Almagro durante su visita a Guatemala, donde fue recibido por el presidente Bernardo Arévalo.
El secretario general de la OEA insistió que en condiciones normales, el país habría sido testigo de una "transición pacífica" y "democrática", con el ganador del proceso electoral asumiendo su cargo en un "marco de fiesta de todo un pueblo".
Arévalo, quien ha sido un crítico del régimen venezolano, recordó que la Carta Democrática Interamericana —un instrumento fundamental para la defensa de la democracia en América Latina— ha sido violada por el gobierno de Maduro, quien, según Arévalo, no solo ha quebrantado los principios democráticos, sino que ha "reprimido a su propio pueblo" en su búsqueda de perpetuarse en el poder.
"La Carta es un compromiso por la libertad y la justicia que hoy está siendo violado por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela", declaró el presidente guatemalteco, quien también expresó su "solidaridad con el pueblo venezolano".
Desde América Latina, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, expresó su preocupación por la crisis política en Venezuela. Aunque Sheinbaum no descartó una solución diplomática, subrayó que el proceso electoral que ratificó a Maduro en el poder representa un retroceso para la democracia.
En sus redes sociales, la funcionaria mexicana expresó que “la situación en Venezuela requiere un esfuerzo por parte de todos los actores políticos para generar un cambio, pero también un diálogo inclusivo que permita un futuro de paz y prosperidad para su gente”.
Con información de AFP.
