Una jueza estatal de Wisconsin fue arrestada este viernes por agentes federales en medio de una escalada en los operativos migratorios impulsados por la administración del presidente Donald Trump. Según informó el director del FBI, Kash Patel, la jueza Hannah Dugan fue detenida por “obstrucción a la justicia” durante un operativo para arrestar a un migrante.
La detención ocurrió dentro del tribunal del condado de Milwaukee, donde Dugan desempeña funciones como jueza de circuito. Un portavoz del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos confirmó su arresto, aunque el FBI no ofreció comentarios de manera inmediata.
En una publicación que posteriormente eliminó de su cuenta en X, Patel afirmó que “el FBI arrestó a la jueza Hannah Dugan de Milwaukee, Wisconsin, por cargos de obstrucción, después de pruebas de que (...) obstruyó una operación migratoria de arresto la semana pasada”.
Según el mismo mensaje, la jueza desvió “intencionadamente a los agentes (de la policía de inmigración) del individuo que iba a ser arrestado (...) permitiendo que el individuo, un migrante ilegal, evadiera el arresto”. Patel aseguró que el hombre fue finalmente detenido tras una persecución a pie.
“Afortunadamente, nuestros agentes persiguieron” al individuo “y esta bajo custodia desde entonces, pero la obstrucción de la jueza aumentó el peligro para las personas que se encontraban allí”, dijo el funcionario.
La persona en cuestión, identificada como Eduardo Flores Ruiz, enfrentaba cargos por agresión en un caso de violencia doméstica. De acuerdo con los registros judiciales del estado, Flores Ruiz compareció ante la jueza Dugan el 18 de abril para una conferencia previa al juicio. Fue en esa sesión donde presuntamente la jueza impidió que agentes de inmigración completaran su detención.
Patel se refirió a Flores Ruiz como un “extranjero ilegal” en su publicación. Aún no son públicos más detalles sobre su estatus migratorio, ni sobre las condiciones bajo las cuales fue finalmente detenido.
El caso se inscribe en un ambiente de creciente tensión entre autoridades federales y gobiernos estatales o locales, especialmente aquellos que adoptaron políticas de “ciudades santuario” o se niegan a colaborar plenamente con los operativos migratorios del gobierno de Trump.
En enero, Emil Bove, actual fiscal general adjunto del Departamento de Justicia, envió un memorando a fiscales en todo el país. En el documento instó a iniciar acciones penales contra funcionarios locales que, en su opinión, entorpezcan los esfuerzos federales de control migratorio.
El nombramiento de Patel como director del FBI generó controversia desde el inicio. El senador demócrata Dick Durbin advirtió que su designación responde a una intención de “vengarse de sus enemigos políticos”. Desde entonces, organizaciones de derechos civiles y líderes judiciales denuncian una ofensiva sin precedentes contra jueces y funcionarios locales que no se alinean con las políticas migratorias de la Casa Blanca.
“La administración Trump pisotea o ignora derechos consagrados constitucionalmente al apresurarse a deportar a migrantes, a veces sin derecho a una audiencia”, reportó The New York Times. El medio recordó que varios jueces federales y estatales bloquearon temporalmente medidas impulsadas por el presidente, entre ellas las que buscan agilizar deportaciones sin supervisión judicial.
El mismo jueves, en otro incidente vinculado a operativos migratorios, medios estadounidenses informaron sobre el arresto de un exjuez de Nuevo México y su esposa. Ambos fueron detenidos por supuestamente albergaban a un migrante irregular presuntamente relacionado con la organización criminal venezolana Tren de Aragua.
Con información de AFP y Reuters.
