La fiscalía de Brasil imputó este lunes al diputado Eduardo Bolsonaro por "coacción" debido a sus maniobras para impulsar sanciones de Estados Unidos para interferir en el juicio por golpismo contra su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.
El líder ultraderechista fue condenado este mes a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.
Eduardo Bolsonaro, instalado desde hace meses en Estados Unidos, fue procesado por "amenazar a las autoridades judiciales y de otros poderes" con que conseguiría "de las autoridades estadounidenses sanciones (...) si el proceso no acababa" como era deseable para su padre, indicó la fiscalía.
Las amenazas eran "inequívocas y consistentes" y buscaron "someter los intereses de la República y de toda la colectividad a sus propios designios personales", agregó.
También fue imputado el influenciador Paulo Figueiredo, por los mismos motivos.
En cambio, la fiscalía desestimó la recomendación de la policía de imputar también a Jair Bolsonaro.
La inculpación se conoció el mismo día en que Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Brasil.
Trump ya impuso aranceles punitivos de 50% a algunas exportaciones brasileñas en represalia a lo que consideró una "caza de brujas" contra su aliado Bolsonaro.
Su gobierno también castigó a varios altos funcionarios por el juicio.
Tras la sentencia del supremo contra Bolsonaro, la Casa Blanca había amenazado a Brasil con nuevas medidas.
Washington sancionó este lunes a la esposa del juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, que condujo el juicio contra Bolsonaro, así como a una empresa propiedad de su familia.
En paralelo, al ser interrogado sobre reportes de prensa de que su visa fue revocada, el defensor general del Estado, Jorge Messias, dijo "recibir sin recelo la medida dirigida" contra él, sin dar más detalles.
Eduardo Bolsonaro vinculó su inculpación a las nuevas sanciones.
Esto "subraya que la persecución política continúa. Pero es una pérdida de tiempo: no nos dejaremos intimidar", reaccionó en X.
Además de la esposa del juez Moraes, Viviane Barci, fue penalizada la consultora Lex - Instituto de Estudios Jurídicos, con sede en Sao Paulo.
Las sanciones aplicadas en el marco de la ley Magnitsky implican que Viviane Barci y la empresa Lex no podrán efectuar ninguna actividad económica que involucre a un ciudadano o empresa estadounidense, así como el bloqueo de activos y la suspensión del visado.
Ese tipo de restricciones se aplicaban ya a su esposo.
"La ilegal y lamentable aplicación de la Ley Magnitsky a mi esposa (...) violenta el derecho internacional, la soberanía de Brasil y la independencia judicial", reaccionó Moraes en una nota.
Fuentes cercanas al gobierno Trump explicaron a la AFP bajo anonimato que estas sanciones no serán las últimas.
"Alexandre de Moraes es responsable de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias y procesos judiciales politizados, incluso" contra Bolsonaro, afirmó el Secretario del Tesoro Scott Bessent, en un comunicado.
El secretario de Estado, Marco Rubio, también lo acusó de "cometer graves abusos contra los derechos humanos".
El gobierno de Lula recibió "con profunda indignación" la medida y la consideró como un nuevo "intento de injerencia" estadounidense, según un comunicado de la cancillería.
