El gobierno de Cuba ha cometido más detenciones arbitrarias y reprimido cualquier tipo de disidencia con más fuerza en medio de una crisis económica cada vez más grave, denuncian organizaciones de defensa a los derechos humanos, como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional.
“El gobierno sigue reprimiendo y castigando la disidencia y las críticas públicas”, indica HRW en su informe 2026 sobre la situación de los derechos humanos en la isla.
La organización indica que una crisis económica cada vez más profunda ha socavado el acceso a derechos básicos como la alimentación, la atención sanitaria y la electricidad. El tema energético puede empeorar en los próximos días por la escasez de combustible que golpea a la isla.
Amnistía Internacional denuncia una "escalada de detenciones arbitrarias" en Cuba, y expresó su preocupación por el "alarmante estado de salud" de algunos presos políticos en la isla.
"Amnistía Internacional está profundamente preocupada por la escalada de detenciones arbitrarias, vigilancia ilegal y acoso contra familiares de presos de conciencia (...) en Cuba", señaló la organización en un comunicado.
De acuerdo con HRW, el régimen castrista detiene arbitrariamente, acosa e intimida a críticos, activistas independientes, periodistas y opositores políticos, además de que mantiene a muchos de ellos incomunicados.
“Los críticos del gobierno corren el riesgo de ser procesados y no se les garantiza el debido proceso, incluido el derecho a audiencias justas y públicas ante un tribunal independiente e imparcial. Los tribunales siguen siendo subordinados al poder ejecutivo”, señala el informe.
Varias organizaciones de derechos humanos, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la embajada de Estados Unidos en La Habana también denunciaron la detención el viernes en la provincia de Holguín (noreste) de Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, integrantes del proyecto audiovisual independiente El4tico, con miles de seguidores en las redes.
Medina y Pérez han usado las redes para dar su visión de la realidad que enfrenta la isla, sumida en una profunda crisis económica, y criticar abiertamente al gobierno comunista.
"Las detenciones arbitrarias de corta duración (...) forman parte de un patrón sistemático de prácticas autoritarias que el Estado cubano utiliza para castigar y disuadir cualquier forma de disidencia", dijo la investigadora de Amnistía para el Caribe, Johanna Cilano, citada en el comunicado.
La Habana niega la existencia de presos políticos en la isla y acusa a los opositores de ser "mercenarios" al servicio de Washington. Sin embargo, la organización Prisoners Defenders señala que, hasta octubre de 2025, Cuba tenía a casi 700 prisioneros políticos tras las rejas.
En octubre, la organización Justicia 11J informó que 359 personas relacionadas con las protestas del 11 de julio de 2021 permanecían en prisión, con sentencias de hasta 22 años. Cientos más seguían bajo arresto domiciliario u otras restricciones.
El documento también subraya el agravamiento de la crisis económica, con prolongados cortes de electricidad, de hasta 20 horas al día, y una grave escasez de alimentos, medicamentos y otros artículos de primera necesidad.
Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, los cubanos sufrieron cinco apagones a nivel nacional, recuerda el informe de HRW. La isla dejó de recibir petróleo de Venezuela, cuyo mandatario, Nicolás Maduro, fue derrocado el 3 de enero en una incursión militar estadounidense. El combustible es usado principalmente para generar electricidad.
Ocho centrales termoeléctricas constituyen el corazón del sistema eléctrico de la isla. Casi todas inauguradas en los años 1980 y 1990, sufren averías frecuentes o deben cerrar durante semanas para tareas de mantenimiento.
El gobierno cubano afirma que las sanciones estadounidenses le impiden reparar su red eléctrica, pero los economistas señalan la crónica falta de inversión del Estado en este sector.
Sobre la salud, el ministerio de Salud Pública cubano reiteró que solo el 30% de la lista de medicamentos esenciales se podía encontrar en el país.
El informe añade que por ello “siguen estallando protestas por los apagones, la escasez, el deterioro de las condiciones de vida y el fuerte aumento de los costos de internet”.
HRW también denuncia el papel que juegan actores externos en la crisis cubana. Estados Unidos es el principal de los países extranjeros que intervienen en los problemas de la isla.
“Estados Unidos continuó su política de aislamiento hacia Cuba, incluido el mantenimiento de un embargo de décadas que socava aún más el acceso a los derechos económicos. Las autoridades cubanas continúan usando el embargo estadounidense como pretexto para los abusos”, dice el informe.
Durante su primer año de regreso a la Casa Blanca, Donald Trump tomó varias decisiones contra el gobierno cubano, como una estrategia para forzar el final del régimen.
Su administración amplió la lista de negocios cubanos con los que los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones financieras, y restringió las visas para el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y otros altos funcionarios, por su participación en abusos de los derechos humanos durante las protestas antigubernamentales de julio de 2021.
Además, el gobierno estadounidense ha amenazado recientemente con imponer aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba. México detuvo los envíos de combustible a la isla después de la advertencia.
