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Trump endurece la política antidrogas de EU mientras indulta y retira sanciones a aliados

El presidente declaró un “conflicto armado” contra los cárteles y ordenó ataques en el Caribe, pero el indulto a Juan Orlando Hernández y el retiro de sanciones a Horacio Cartes cuestionan la coherencia de su estrategia.
mié 18 febrero 2026 05:55 AM
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas mientras vuela en el Air Force One, en ruta de la Base Conjunta Andrews desde West Palm Beach, Florida, el 16 de febrero de 2026.
Expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos afirman que los ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico probablemente constituyen ejecuciones extrajudiciales. (FOTO: MANDEL NGAN/AFP)

Donald Trump ha endurecido la lucha de Estados Unidos contra el narcotráfico como pocos presidentes estadounidenses lo han hecho, con ataques contra las supuestas narcolanchas y la detención de un presidente acusado de narcoterrorismo. Sin embargo, otras acciones de Washington ponen en duda esta narrativa de mano dura.

El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado oficializó la declaración de varios grupos criminales dedicados al narcotráfico, como el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Tren de Aragua, como organizaciones terroristas extranjeras.

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En “conflicto armado” con los carteles

Meses más tarde, en octubre de 2025, Trump declaró que Estados Unidos está en un "conflicto armado" con los cárteles de la droga y tratará a sus miembros como "combatientes ilegales", de acuerdo con un memo enviado al Congreso y citado por medios estadounidenses.

El gobierno de Trump describe a “los carteles” como quienes “inundaron a los Estados Unidos con narcóticos mortales, criminales violentos y pandillas viciosas” y que contralan “casi todo el tráfico ilegal a través de la frontera sur con los Estados Unidos”.

De acuerdo con el derecho internacional, los países en un conflicto armado pueden matar a combatientes enemigos y detenerlos sin juicio, un paso importante más allá del marco legal sobre el tráfico de drogas, que generalmente permite a los sospechosos argumentar su caso en los tribunales.

Trump emitió este memo, en el que no ofreció más detalles sobre los grupos exactos contra los que Estados Unidos estaría en conflicto, como una manera de justificar una serie de ataques realizados desde septiembre contra lanchas en el Caribe que transportan drogas hacia su país.

Desde entonces ha matado a por lo menos 140 personas en cerca de 40 ataques.

El gobierno del republicano no ha aportado pruebas concluyentes de que las embarcaciones que tiene como objetivo estén involucradas en el tráfico de drogas, lo que ha suscitado un debate sobre la legalidad de las operaciones.

“Vemos que una administración presidencial realmente infla, de una manera muy dramática, su poder de usar la fuerza militar. Y es por eso que, creo que, como mínimo, merecemos una explicación muy clara, no solo de las bases para algunas de estas acciones, las bases legales, sino también cuáles son los límites de este tipo de teoría expansiva de emergencia de seguridad nacional o incluso guerra”, escribió Matthew Waxman, profesor de derecho en Columbia y miembro del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR).

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Expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos afirman que los ataques probablemente constituyen ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido como blanco a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.

Washington desplegó una enorme fuerza naval en el Caribe, que además de perturbar esas supuestas líneas de contrabando marítimo, también ayudó a aplicar un bloqueo petrolero contra Venezuela y a capturar a su presidente izquierdista Nicolás Maduro, actualmente detenido en Estados Unidos.

Después de la captura, el 3 de enero, pasaron casi tres semanas antes de que se llevara a cabo otra huelga en barco, el periodo más largo entre ataques desde el primer ataque en septiembre. Pero los ataques se reanudaron con un ataque el 23 de enero que mató a tres personas, seguido de ataques el 5 y el 9 de febrero que se llevaron al menos cuatro vidas más.

Los ataques más recientes ocurrieron apenas el lunes y condujeron a la muerte de

“Los ataques en botes se están volviendo rutinarios en el Pentágono, o al menos dentro del Comando Sur, y corren el riesgo de normalizarse e imparables a los ojos de los legisladores y el público”, indican John Walsh y Adam Isaacson, analistas de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos.

Ambos señalan que la normalización de los ataques en alamar puede envalentonar a Trump para realizar operaciones en tierra, no solo contra Venezuela, como ya sucedió en la captura de Maduro, sino contra México o Colombia.

Mano dura con excepciones

A pesar de colocar a la lucha contra el “narcoterrorismo” en el centro de su estrategia de seguridad, Donald Trump ha tomado algunas decisiones que ponen en duda la coherencia de esta narrativa.

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Trump anunció un indulto para el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, el 28 de noviembre, unos días antes de las elecciones en el país centroamericano en las que Trump apoyaba abiertamente a Nasry Asfura, el candidato del partido derechista de Hernández.

Hernández, presidente de Honduras de 2014 a 2022, fue extraditado a Estados Unidos tres semanas después de dejar el cargo.

En marzo de 2024, un jurado de Nueva York lo declaró culpable de haber facilitado el ingreso a Estados Unidos de unas 400 toneladas de cocaína —principalmente de Colombia y Venezuela— a través de Honduras.

Según la justicia estadounidense, esos hechos comenzaron en 2004, mucho antes de que Hernández fuera presidente.

Trump también escribió en Truth Social que Hernández había sido "tratado de forma muy dura e injusta", según muchas personas a las que respeta.

El fiscal general del expresidente Joe Biden, Merrick Garland, dijo tras la sentencia de Hernández el año pasado que el dirigente había "abusado de su poder para apoyar una de las conspiraciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo”.

En otra decisión polémica, el Departamento del Tesoro levantó el 6 de octubre las sanciones que pesaban desde 2023 sobre el expresidente paraguayo Horacio Cartes, señalado entonces por su "corrupción desenfrenada", una decisión anunciada por el propio líder del oficialista Partido Colorado.

El nombre del exmandatario (2013-2018) fue eliminado de la lista de sancionados de esa oficina, según una actualización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense publicada este lunes.

En enero de 2023, la OFAC había congelado los activos financieros de Cartes, además de prohibirle hacer transacciones con ciudadanos y empresas de Estados Unidos, citando su "corrupción desenfrenada”.

Entonces se determinó que Cartes no solo obstruyó investigaciones criminales internacionales, sino que tenía “vínculos documentados con organizaciones terroristas extranjeras” y “lazos con miembros de Hezbolá”. El uso de aeronaves iraníes y venezolanas para transportar toneladas de cigarrillos fue citado en el paquete de sanciones.

La penalización de OFAC se sumó en la época a una declaración del Departamento de Estado de 2022 que señalaba al exmandatario como "significativamente corrupto".

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