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Estados Unidos sanciona a la presidenta Corte Penal Internacional, Tomoko Akane

El gobierno de Donald Trump lanza un nuevo ataque contra la institución con sede en La Haya, a la que acusa de estar politizada por sus investigaciones contra Israel.
La Corte Penal Internacional. La CPI tiene jurisdicción para procesar a individuos por los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y agresión.
La administración Trump ha impuesto sanciones a varios jueces y fiscales de la CPI, incluidas la prohibición de viaje a Estados Unidos y la congelación de activos en este país. (FOTO: SARATSTOCK/Getty Images)

Estados Unidos anunció este martes sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la japonesa Tomoko Akane, y otro alto magistrado, en el marco de su campaña contra esta institución a la que acusa de estar "politizada".

"Estas personas se han involucrado directamente en los intentos de la CPI para investigar, arrestar, detener o perseguir a funcionarios cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción" de ese tribunal, declaró en un comunicado el secretario de Estado Marco Rubio.

Las sanciones estadounidenses fueron emitidas también en contra del magistrado senegalés Abdoulaye Seye, quien en la actualidad sustituye al fiscal de la CPI.

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La CPI consideró que esas sanciones "socavan el Estado de derecho", de acuerdo con un comunicado. "Cuando se amenaza a los actores de la justicia por aplicar la ley, es el orden legal internacional el que se pone en riesgo", señaló el tribunal con sede en La Haya.

¿Quién es Tomoko Akane?

Tomoko Akane es jueza de la CPI desde el 11 de marzo 2018, para un periodo de nueve años.

Antes de su llegada al tribunal de La Haya, la jueza Akane se desempeñó como embajadora para la Cooperación Judicial Internacional a cargo de promover la cooperación internacional para el desarrollo sólido de los sistemas de justicia y como fiscal de la Fiscalía Suprema de Japón, indica su perfil en el sitio de la CPI.

El jueza Akane fue nombrada fiscal en 1982 y ha trabajado en varias oficinas del Fiscal Público en Japón, desde las Oficinas del Fiscal Público del Distrito hasta la Fiscalía Suprema y otras instituciones legales. También participó en actividades legislativas, incluida la revisión de la Ley de Menores de Japón, así como la educación de los fiscales.

Tomoko Akane, jueza de la Corte Penal Internacional, posa
Tomoko Akane es jueza de la CPI desde 2018. (FOTO: Corte Penal Internacional)

Akane estuvo involucrada en la asistencia técnica jurídica y el desarrollo de capacidades para los profesionales de la justicia jurídica y penal, incluidos los fiscales y jueces de otros países durante casi una década, como parte de sus responsabilidades en el Instituto de Asia y el Lejano Oriente para la Prevención del Delito y el Tratamiento de los Delincuentes (ONUFEI), un instituto miembro de los Institutos de la Red de Programas de Prevención del Delitos y Justicia Penal de las Naciones Unidas (PNI).

También cuenta con experiencia en el mundo académico como profesora de práctica de justicia penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nagoya y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chukyo de 2005 a 2009.

¿Por qué Estados Unidos sanciona a los jueces de la CPI?

Estados Unidos no suscribió el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional en 2002, y no reconoce la jurisdicción de ese tribunal permanente con sede en La Haya que se ocupa de casos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad .

"La administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional es un tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado que ha abusado de manera maliciosa de su autoridad y ha excedido su mandato. No toleraremos este asalto a la soberanía", añadió Rubio en el comunicado.

La administración Trump ha impuesto sanciones —con prohibición de viaje a Estados Unidos y congelación de activos en este país— a varios jueces y fiscales de la CPI, principalmente debido a sus investigaciones sobre Israel, uno de sus aliados clave.

La CPI emitió en 2024 una orden de arresto contra Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, y del exministro de Defensa Yoav Gallant por la guerra en Gaza, así como contra varios miembros de Hamás, todos ellos asesinados.

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