Las actividades de la Corte Penal Internacional han estado en la lupa mundial en la última semana, gracias a sus investigaciones en Israel y los Territorios Palestinos.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitó el lunes órdenes de detención contra Netanyahu y su ministro Yoav Gallant por "matar deliberadamente de hambre a civiles", "homicidio intencionado" y "exterminio y/o asesinato" en la Franja de Gaza.
Khan también pidió órdenes de detención contra tres líderes del movimiento palestino Hamás por crímenes como "exterminio", "violación y otros actos de violencia sexual" y "toma de rehenes como crimen de guerra" en Israel y Gaza.
Pero, ¿qué delitos puede investigar la CPI?, ¿en qué consiste cada uno? Esto es lo que sabemos.
La Corte Penal Internacional es un órgano judicial independiente con competencia para juzgar a individuos acusados de cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
El tratado fundacional de la CPI es el Estatuto de Roma, que fue negociado dentro del sistema de las Naciones Unidas y fue adoptado en julio de 1998. Hasta el momento 124 países se han adherido al estatuto. El último fue Armenia.
“La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales”, indica el Artículo 1 del Estatuto de Roma.
De acuerdo con el Articulo 5 de este documento, la CPI “se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto”. Estos son el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.
Genocidio, de acuerdo con el Artículo 6 del estatuto de Roma, significa cualquiera de los siguientes actos cometidos con la intención de destruir, en su totalidad o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso:
a) Matanza de miembros del grupo;
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;
e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.
El crimen de genocidio se compone de dos elementos subjetivos: Un elemento subjetivo general que debe cubrir cualquier acto genocida enlistado anteriormente y el otro elemento subjetivo se conoce como Dolus specialis o mens rea, es decir, una intención específica de destruir un grupo en particular en su totalidad o en parte.
Hay diferencias entre el genocidio y la persecución. Ambas conductas son crímenes perpetrados contra personas que pertenecen a un determinado grupo, pero mientras que en el caso de la persecución la intención discriminatoria puede tomar numerosas formas, en el caso del genocidio esa intención debe ir acompañada de la intención específica de destruir.
La persecución puede convertirse en genocidio en forma de ataques deliberados y deliberados para destruir a un grupo. Siempre tiene que ser cargado en conexión con otros actos de la lista.
Los crímenes de lesa humanidad son, de acuerdo con el Artículo 7 del Estatuto de Roma, cualquiera de los actos que se enumerarán a continuación que se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
a) Asesinato;
b) Exterminio;
c) Esclavitud;
d) Deportación o traslado forzoso de población;
e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;
f) Tortura;
g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;
h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional;
i) Desaparición forzada de personas;
j) El crimen de apartheid;
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.
Por “ataque contra una población civil”, la CPI entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados anteriormente contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política.
El exterminio es la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población
La esclavitud es el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños.
Por “deportación o traslado forzoso de población” se entenderá el desplazamiento forzoso de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional.
Por embarazo forzoso se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional. En modo alguno se entenderá que esta definición afecta a las normas de derecho interno relativas al embarazo.
El crimen de apartheid son los actos inhumanos de carácter similar a los mencionados anteriormente cuando cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen.
Por “desaparición forzada de personas” se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado.
Los crímenes de guerra, tal como se definen en el artículo 8 del Estatuto de Roma, incluyen violaciones graves de la Convención de Ginebra y otras violaciones graves de las leyes y costumbres aplicables en los conflictos armados internacionales y los conflictos armados no internacionales, cuando se cometen como parte de un plan o política o a gran escala. El Tribunal tiene jurisdicción sobre estos delitos cuando forman parte de una comisión a gran escala de dichos delitos.
Los crímenes de guerra incluyen, entre otros:
Con el fin de procesar los crímenes de guerra, es importante diferenciar entre los conflictos armados internacionales —violencia entre Estados— y los conflictos armados no internacionales —violencia entre grupos armados—. La lista de crímenes de guerra que se pueden cometer en conflictos no internacionales es mucho más corta.
El crimen de agresión significa la planificación, preparación, iniciación o ejecución de un acto de uso de la fuerza armada por parte de un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado.
Incluye, entre otras cosas, la invasión, la ocupación militar y la anexión por el uso de la fuerza, el bloqueo por parte de los puertos o costas, si se considera que es, por su carácter, gravedad y escala, una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas.
Este delito se aplica solo a los líderes políticos o militares, no a los combatientes o soldados: el perpetrador tiene que ser una persona que está en condiciones de ejercer efectivamente el control o dirigir la acción política o militar de un estado.
El Tribunal también tiene que probar que el perpetrador estuvo involucrado en la planificación, preparación, iniciación o ejecución del acto de agresión del estado.
El artículo también contiene el requisito umbral de que el acto de agresión debe constituir una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas.
Este crimen tiene un régimen jurisdiccional único, que no se puede desencadenar de la misma manera que con otros delitos del Estatuto. El Tribunal puede ejercer jurisdicción sobre el delito, ya sea por remisión estatal (proprio motu) o por remisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
