OPINIÓN: La Constitución de Estados Unidos ha detenido a Trump… hasta ahora

El poderoso marco legal estadounidense explica gran parte de lo que el presidente ha logrado —y también lo que no ha logrado— en el primer año de su gestión, opina Lisa Marshall Manheim.
Leyes  El marco legal de EU sostiene a un sistema de gobierno que se resiste a la acción unilateral y que rechaza los esfuerzos de un individuo por consolidar poder, señalan expertos.  (Foto: Reuters)
Lisa Marshall Manheim

Nota del editor: Lisa Marshall Manheim es profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington, especialista en Derecho Constitucional, Derecho Electoral y judicatura federal. Es una de las autoras del libro The Limits of Presidential Power: A Citizen's Guide to the Law. Síguela en Twitter como @ManheimAndWatts. Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.

(CNN) — Cuando era candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump nunca prometió compromisos, sino todo lo contrario: reformas por medio de pura fuerza de voluntad. "Nadie conoce el sistema mejor que yo —dijo Trump cuando aceptó la candidatura republicana— y por eso, solo yo puedo arreglarlo". El problema con esa concepción tan egoísta es que es contraria a la Constitución.

Es cierto que el poderoso marco legal de nuestro país explica gran parte de lo que Trump ha logrado —y también lo que no ha logrado— en el primer año de su presidencia. Este marco sostiene a un sistema de gobierno que se resiste a la acción unilateral y que rechaza los esfuerzos de un individuo por consolidar poder.

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Sin embargo, el desempeño pasado no garantiza los resultados a futuro. El segundo año de Trump en la presidencia comienza el sábado y aún está por verse si estas restricciones constitucionales sobrevivirán.

Por ahora, el Estado de derecho sigue en pie y esta durabilidad augura cosas buenas para el futuro. Sin embargo, el Estado de derecho no puede darse por sentado. Está bajo ataque… de parte del mismo hombre al que constriñe.

Para entender la importancia de las restricciones jurídicas, tomemos por ejemplo la promesa de Trump de construir un muro "enorme y hermoso" que separe a Estados Unidos de México. A un año, las zonas de obra siguen vacías. Esto se debe a que la Constitución permite que el gobierno federal gaste el dinero (incluidos los miles de millones que se necesitarían para construir un muro fronterizo) solo si el Congreso lo autoriza. Hasta ahora, el Congreso se ha negado.

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Trump también prometió tomar represalias contra las llamadas "ciudades santuario". Estas represalias no han llegado. La presidencia se ha visto obligada a recurrir a medios de presión indirectos sobre estas jurisdicciones e incluso al aumento del patrullaje en las zonas afectadas. La Constitución lo explica nuevamente: protege la facultad de los estados y los gobiernos locales de negarse a participar en las labores federales de deportación y le impide al presidente obligarlos a hacerlo.

En varios temas puede verse un patrón similar. "Un cierre total y absoluto a la entrada de musulmanes a Estados Unidos". "La ampliación de nuestras leyes sobre difamación". Castigar a la gente a través de la "pérdida de la ciudadanía". Todas estas promesas, entre otras, se topan de frente con las restricciones constitucionales.

Pese a todo, Trump logró cumplir algunas de sus principales promesas de campaña. El Estado de derecho también explica estos triunfos. El más prominente ocurrió en diciembre de 2017, cuando Trump promulgó la ley que transforma el Código Fiscal estadounidense. Trump no habría logrado esta reforma solo. La Constitución le exigía que colaborara con cientos de legisladores para que la ley se promulgara y así lo hizo. Una dinámica jurídica similar puede explicar otra reforma importante: la abrogación de varios reglamentos de la era de Obama.

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Trump también ha logrado hacer avances significativos en su proyecto político a través de los tribunales y las dependencias federales. Esto se debe a que la Constitución faculta al presidente, previa aprobación del Senado, a nominar a personas a altos cargos del gobierno. Por ejemplo: Trump nominó a Scott Pruitt, una persona que se resiste a las regulaciones ambientales, como director de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Trump esperaba —con razón— que este director designado desmantelara las protecciones de Obama —como el Plan de Energía Limpia— desde dentro.

De igual manera, Trump ha nominado a varios abogados conservadores a cargos en tribunales federales, en donde tendrán la oportunidad de afectar por el resto de su vida la forma en la que se interpretan y se aplican las leyes estadounidenses.

Trump ha podido hacer todo esto, y más, porque la ley se lo permite. No ha logrado cumplir otros compromisos porque la ley le ha presentado obstáculos insalvables.

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Pese a todo, los actos de Trump siguen amenazando al Estado de derecho. Algunos de estos ataques son temerarios. La reacción de Trump a algunos fallos judiciales, por ejemplo, ha sido cuestionar la legitimidad de los tribunales e incluso hacer ataques personales contra los jueces.

Otros ataques son un tanto más sutiles, pero también minan la confianza en nuestras estructuras judiciales. Trump indultó al alguacil Joe Arpaio, de modo que dejó en libertad a un hombre que se negó a obedecer las órdenes judiciales que protegen los derechos de los inmigrantes. Ha pedido que investiguen penalmente a sus oponentes políticos. Él y su gobierno se han burlado repetidamente de las protecciones a la libre expresión y a la libertad de prensa consagradas en la Primera Enmienda.

Hay más, mucho más. Pero la cuestión final es la misma: este ataque constante al Estado de derecho amenaza con incrementar radicalmente el poder de los políticos como Trump, políticos que no respetan los límites y que desdeñan las normas. Sin el Estado de derecho, nuestro sistema constitucional de frenos y contrapesos no puede funcionar y el poder del presidente se vuelve ilimitado en aspectos importantes.

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Afortunadamente, eso no pasó en 2017. Pero ¿qué pasará en 2018 y más adelante?

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En cierto nivel, el poder para proteger el Estado de derecho está en donde siempre ha estado: en manos de todos. Votando, entrando en contacto con los funcionarios electos y ejerciendo nuestro derecho a expresarnos, cada uno de nosotros puede promover sus creencias y sus proyectos a través de medios legales. Al hacerlo, reforzamos la importancia de las restricciones jurídicas. Este es un trabajo duro, pero para que Estados Unidos siga siendo un "gobierno de leyes, no de hombres", como pretendieron sus fundadores, es un trabajo indispensable.

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