OPINIÓN: A seis meses de los sismos, ¿cómo van las escuelas afectadas?

Nota del editor: Pablo Clark es Investigador del IMCO. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autor.

(Expansión) — Los sismos de septiembre de 2017 afectaron gravemente a los sistemas educativos en 11 entidades de México. Ningún plantel público se desplomó, pero 17,887 escuelas tuvieron algún daño, según los últimos datos reportados por las autoridades educativas. Sin embargo, a seis meses de los sismos, no sabemos a ciencia cierta cuáles de estos planteles ya recibieron recursos, en cuáles ya se comenzaron obras, ni cuándo concluirán todas las acciones de reconstrucción.

La falta de información es una constante en los retos del sistema educativo. Determinar el número de estudiantes en el Colegio Rebsamen para su rescate, reubicar alumnos e instalar aulas provisionales, o programar las acciones de reconstrucción, son actividades que dependen de una planeación que no puede realizarse correctamente sin diagnósticos previos.

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Antes de los sismos, no se contaba con un censo actualizado de las condiciones de infraestructura de los centros educativos. Por ello, las autoridades federales han tenido que ser muy cautelosas para validar que las escuelas que solicitan recursos etiquetados para la reconstrucción, efectivamente los necesiten a raíz de los temblores y no por carencias previas. Este es un paso indispensable de rendición de cuentas, pero la manera en la que se operó y los ineficientes flujos de información han retrasado la entrega de los apoyos.

A pesar de que poco a poco nos acercamos a tener un diagnóstico definitivo de los daños a los planteles afectados, todavía es escasa la información pública sobre los montos asignados por escuela, no se diga del avance de las obras. Transparentar toda la información sobre la reconstrucción es un requisito para demostrar a la población que los recursos están siendo destinados a su verdadero objetivo.

Para atender los planteles afectados, la Secretaría de Educación Pública (SEP) estimó que se necesitan 20,000 millones de pesos (mdp). Los recursos ordinarios destinados a la infraestructura escolar ya estaban comprometidos, por lo que las autoridades tuvieron que replantear esquemas.

Se logró garantizar más de 12,000 mdp desde octubre mediante varios instrumentos de financiamiento público. Sin embargo, fue necesario recurrir a un conjunto de fuentes misceláneas: algunas son de origen federal y otras estatal, y cada una cuenta con un mecanismo diferente para acceder a ella y para reportar sus resultados.

El Sistema de Información y Gestión Educativa (Siged), establecido en la reforma educativa en 2013, fue pensado como una especie de plataforma de datos y comunicación entre las escuelas, autoridades educativas de distintos niveles y padres de familia. Por los objetivos que se proponía tener, el Siged hubiera sido una gran herramienta para agilizar los procesos de generación, validación y transparencia de la información necesaria para formular las estrategias de atención a los planteles afectados.

Lamentablemente, este sistema nunca ha estado cerca de lograr sus cometidos, y los procesos de información en el sector educativo aún se realizan de manera manual, dispersa y sin acceso público en la mayoría de los casos. Para la atención después de los sismos, cada escuela hizo su reporte a la autoridad estatal, quien consolidó la información y la entregó a la autoridad federal para validar, resolver inconsistencias y comenzar a planear los recursos. Y así, de manera separada, para cada mecanismo de financiamiento. La tecnología que nos permite hacer más eficientes cada uno de estos pasos no es nada de otro mundo: ya existe, pero no la utilizamos.

Al consolidar los datos del sitio reconstruccion.mejoratuescuela.org , el cual une las bases de datos proporcionadas por autoridades federales, estatales e iniciativa privada, encontramos una serie de inconsistencias. Por ejemplo, existen 962 escuelas en los padrones de apoyo del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) que no aparecían en las listas de planteles dañados. Las diferencias en las cifras detonaron una serie de revisiones de todas las bases de datos que han sido de gran utilidad para la sociedad civil y autoridades, aunque idealmente debieron haber ocurrido hace meses.

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Formular una respuesta a una emergencia es intrínsecamente complicado, pero lo es aún más cuando falta el insumo más básico para la planeación: información oportuna, práctica y confiable. Solo se pueden diseñar estrategias eficaces una vez que se conoce la magnitud del problema a partir de datos precisos que permitan establecer diagnósticos, objetivos y acciones.

De ahí la importancia de tener un sistema de información centralizado, que integre las diferentes fuentes de datos federales, estatales y ciudadanas. Los datos consolidados, oportunos y públicos son el mecanismo fundamental que subyace a la eficacia, transparencia y evaluación de la atención que le estamos dando a los planteles, alumnos y comunidades escolares afectadas. Solo la información compartida permite el trabajo compartido.

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La generación de esta información escolar comienza en los estados, tanto en las secretarías de educación como en los institutos de infraestructura educativa locales. La velocidad y la calidad de los datos dependen de la capacidad técnica y operativa de estas dependencias. El desarrollo de esas capacidades es una deuda de larga procedencia en nuestro sistema educativo.

Por todo esto, no debe sorprender que la falta de información haya sido un elemento que introdujo incertidumbre y lentitud al proceso de atención a las escuelas afectadas por los sismos. La autoridad federal no debería de perseguir a las instancias estatales para que generen los datos que les corresponden, sino que desde antes debería apoyar integralmente el desarrollo de capacidades institucionales en los contextos locales, al brindar asesoría, formación y herramientas.

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