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OPINIÓN: Urge un rediseño en el financiamiento de la ciencia mexicana

En el país todavía estamos lejos de saber si el trabajo científico y tecnológico funciona en el sentido de lograr resultados social y económicamente deseables, comenta Juan Alberto González Piñón.

Nota del editor: Juan Alberto González Piñón es titular de Emprendimiento e Incubación en la Universidad Panamericana. Desde 2004 ha desarrollado actividades profesionales en gestión de la Innovación, gestión de inversión de capital privado emprendedor, la planeación, organización y conducción de las políticas de desarrollo del financiamiento del emprendimiento, la productividad y la innovación. Las opiniones expresadas en el texto son responsabilidad del autor.

(Expansión) - El sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación en México escribió su definición formal hace poco más de 30 años con el tema de la producción de ciencia en el país y el establecimiento de los primeros estándares para su medición. Apenas en 1984 inició la institucionalización del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), integrado en ese momento por 1,396 miembros.

Según datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), hasta 2017 el SNI agrupó a 27 mil 187 investigadores, mientras que en 2016 el número de artículos escritos por científicos mexicanos ascendió a 14 mil 529. De esta manera México se ubicó en la posición 28 de 194 naciones con mayor producción de textos y aportó el 0.62% del conocimiento generado en todo el mundo.

Estos resultados se obtuvieron con un modelo de apoyo a la ciencia y la tecnología durante los últimos 30 años; sin embargo, México todavía permanece estancado como aportador del conocimiento generado en el mundo, ya que de 2007 al 2016 nuestra participación en la producción científica mundial transitó apenas del 0.59 al 0.62 por ciento.

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Con lo anterior es necesario pensar si el financiamiento debería estar vinculado más explícitamente con la búsqueda y obtención de resultados de impacto económico y social derivados de las actividades científicas y tecnológicas.

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Esta disyuntiva resurge a la luz del planteamiento realizado por Elena Álvarez-Buylla, próxima titular del Conacyt, quien en entrevista con el diario la Jornada, señaló: “En el entorno neoliberal […] está el énfasis de hacer del conocimiento una mercancía más. Se iguala protección con privatización. Hay que repensar otras formas de apropiación social de esa tecnología y ese conocimiento. Pienso que podrían ser empresas solidarias, sociales, nacionales, revitalizar industrias destruidas por el neoliberalismo que necesitan una base científica y tecnológica”.

Lo anterior evidencia el surgimiento de una tensión en la política científica y tecnológica del país -que mueve entre asignación de recursos con base en resultados económicos y sociales deseados- y la asignación de recursos en función de lo que es mejor para la ciencia, según Álvarez-Buylla.

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La futura titular de la política científica y tecnológica adelantó también que el Conacyt llevará por nombre Consejo de las Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), pero más allá de cambios en la nomenclatura de la institución, México requiere fortalecer aspectos como redes de ciencia, tecnología e innovación (CTI) ya establecidos a nivel local y profundizar su impacto en el desarrollo social.

De igual forma es necesario concentrar actividades y recursos en la aplicación de tecnologías existentes para la atención de las necesidades en materia de desarrollo sustentable, así como replantear programas de educación tecnológica para la gestión del capital humano de alto nivel capaz de impactar en la capacidad productiva e innovadora del sector industrial y agroindustrial.

En los últimos 10 años se ha insistido en vincular la actividad científica con sus resultados y la medición impactos. Con los datos del informe general del estado de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país, elaborado por Conacyt, aún estamos lejos de saber si la ciencia efectivamente funciona en el sentido de lograr resultados social y económicamente deseables.

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Se debe tener una alta comprensión sobre los efectos de las nuevas dinámicas en la política científica y tecnológica del país, pues de ella dependerá la construcción de capacidades tecnológicas, productivas, económicas y sociales; por ello es importante crear programas que apoyen este proceso.

Si el nuevo gobierno, como ejecutor de políticas públicas, no tienen una visión clara o evade la construcción de indicadores de impacto sobre lo que la ciencia hace por mejorar la vida de quienes habitamos este país, generaría tensiones con los procesos de creación del conocimiento y de aprendizaje, así como en el desarrollo de capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.

La política en materia científica es importante para mejorar el dinamismo y la competitividad del país, pero en México sigue pendiente hacer que estas capacidades contribuyan al desarrollo económico.

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