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OPINIÓN: Los costos de cancelar el aeropuerto van más allá de lo monetario

La cancelación de la obra en sí misma no es el problema fundamental, más bien es el significado de la acción y sus repercusiones en muchos sentidos, opina Alfredo Coutiño.

Nota del editor: Alfredo Coutiño es director para América Latina en Moody’s Analytics. Las opiniones en esta columna son de la exclusiva responsabilidad del autor y de ninguna manera deben ser atribuidas a la institución para la cual trabaja.

(Expansión) — La decisión de cancelar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, basado en una consulta ciudadana, tiene serías implicaciones para el país. Más allá de la pérdida monetaria por la obra, la decisión tiene impactos para toda la población, para el bienestar y, sobre todo, para la percepción sobre el quehacer político y económico en los próximos seis años. El tigre ha sido consultado, pero podría ser despertado por el mismo domador.

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La cancelación de la obra en sí misma no es el problema fundamental, más bien es el significado de la acción y sus repercusiones en muchos sentidos. Fuera del debate sobre la legalidad de la acción por haberse tomado antes de que la administración entre en funciones –aunque muy posiblemente la decisión habría sido la misma si se hubiera tomado en diciembre–, los costos de la decisión van más allá de lo monetario e incluso con posibles repercusiones en el exterior.

Primero, el costo inmediato y directo lo representa la pérdida monetaria de una obra que ya tenía un avance de un tercio del total, y que al final lo va a tener que cubrir el gobierno con recursos que representan un sacrificio para la población.

Independientemente de dónde venga el dinero con el que se va cubrir la pérdida de la obra, los recursos tienen un costo de oportunidad para el pueblo en términos de otros proyectos que podrían haberse implementado para beneficio social.

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Segundo, la decisión introduce incertidumbre en la confianza de los mercados e inversionistas, lo que al final deriva en un mayor costo de financiamiento para las empresas y para el gobierno al afectar la prima de riesgo. Ello podría tener repercusiones en el nivel de precios internos tanto de los productos del sector privado como de los bienes y servicios del sector público al restringir los recursos disponibles.

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Pero también tiene efectos indirectos en el costo para el consumo de la población, ya que la volatilidad financiera tiene implicaciones en la debilidad del peso y consecuentemente en el precio de las importaciones, y de rebote en el precio de algunos productos de consumo popular.

Esta situación podría detonar acciones de política monetaria que al final encarecerían el costo del crédito para la población.

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Tercero, además del efecto negativo sobre el poder de compra de la población, la decisión también tiene efectos sobre el bienestar. Tanto para nacionales como extranjeros, resulta ineficiente en tiempo y recursos tener que llegar y salir de la Ciudad de México desde tres aeropuertos diferentes. En general, cuando se tiene que viajar a México se prefiere llegar al aeropuerto Benito Juárez y no al de Toluca, no solo por los riesgos de inseguridad sino por la distancia y tiempo para llegar a la Ciudad de México desde Toluca.

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Asimismo, existen decisiones de suma trascendencia que son responsabilidad del Ejecutivo y que están fundamentadas en aras de un mejor bienestar, que es el fin último de la política llevada a cabo por un gobierno. Así, delegar la toma de decisiones importantes en la opinión de una minoría de la población introduce incertidumbre en torno al manejo político y económico en el país.

Si la consulta popular va a ser un mecanismo relevante para la toma de decisiones de un gobierno, entonces no existen garantías de que se puedan respetar contratos o compromisos, porque la “aparente” voz del pueblo podría dictar lo contrario en cualquier momento.

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La evidencia empírica ha demostrado que aquellas sociedades en donde no existen garantías, en donde no se cumplen los contratos, y en donde no existe certidumbre sobre el quehacer político y económico, el desarrollo no solo no avanza sino que incluso retrocede, y con ello se deteriora el bienestar de la sociedad.

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Ojalá y la decisión tomado por el gobierno electo, con base en la consulta ciudadana, no sea el inicio de lo que el país puede esperar en los próximos seis años de gobierno. El gran riesgo es que el pueblo –o mejor dicho, una minoría– ya ha sido tomada en cuenta y ello puede desembocar en una situación tal que cuando el pueblo no sea consultado entonces se va a sentir con la autoridad de exigir e incluso paralizar al país.

El tigre podría tener la capacidad de rebelarse contra su propio domador.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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