OPINIÓN: Turbulencia en el Presupuesto de Egresos 2019

Nota del editor: Gabriel Pérez del Peral es profesor Investigador de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Síguelo en Twitter como @gperezdelperal . Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

(Expansión) - Mucho se ha comentado sobre las implicaciones presupuestarias que en 2019 tendrá la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) en Texcoco y de la respuesta de los mercados financieros ante la decisión.

En efecto, el tipo de cambio pasó de 19.23 pesos por dólar, el domingo 28 de octubre, a 20.55 el 31 de octubre. Mientras que el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (S&P/BMV IPC) se derrumbó 4.2% el pasado 29 de octubre.

Los mercados financieros anticipan los impactos que se registrarán en las finanzas de los gobiernos, en lo general, y de los ciudadanos, en particular. Así, el tipo de cambio tiene fuertes implicaciones en el llamado gasto no programable del gobierno, compuesto por el servicio de la deuda, las participaciones a estados y municipios, y los adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas).

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Al agudizarse la volatilidad en el tipo de cambio, el gobierno tendrá que pagar más por los intereses de su deuda, sin mencionar que a través del conocido pass through (mecanismo de transmisión) se incrementarán las presiones inflacionarias, ante las cuales el Banco de México responderá con el aumento las tasas de interés.

Factores como la mayor inflación y el crecimiento en las tasas de interés impactarán más en las clases desprotegidas del país a través de mayores costos en la adquisición de la canasta básica y en el encarecimiento de los créditos hipotecarios.

Con la cancelación del proyecto del NAIM en Texcoco será necesario incluir mayores recursos en el Presupuesto de Egresos del 2019 mediante un mayor pago del servicio de la deuda interna, por incremento en el tipo de cambio que presiona a la inflación y con ello a la tasa de interés; mayor servicio de la deuda externa por el incremento en el riesgo país, el consecuente aumento en el costo del financiamiento y el impacto por el aumento en el precio del dólar.

De igual forma se incluirán los gastos de indemnización y cancelación y los gastos propios del proyecto de Santa Lucía. Por ello resulta muy importante la revisión a detalle del paquete económico que se presentará el próximo 15 de diciembre, con el fin de confirmar que cumple con la normatividad presupuestal.

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La elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) involucra la implementación políticas públicas que impacten positivamente en el bienestar de la población. A lo largo del próximo año sabremos la forma en que se se va materializando la llamada gestión presupuestal, entendida como la planeación, la programación y la presupuestación.

Los dos grandes ordenamientos normativos que rigen la gestión del presupuesto de egresos son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. De la Carta Magna destaca -por sus implicaciones sociales- el artículo 25 que se refiere a la rectoría del estado en el fomento de la competitividad, crecimiento económico, empleo y una justa distribución del ingreso y la riqueza.

Para el cumplimiento del mencionado artículo, el gobierno cuenta con políticas públicas que se articulan a través del PEF que, al igual que el mundo físico determinado por tres dimensiones (ancho, largo y alto) se clasifica en tres dimensiones: económica (¿en qué se gasta?), administrativa (¿quién gasta?) y funcional (¿para qué se gasta?). Cabe mencionar que este último aspecto se refiere al gasto en desarrollo social, desarrollo económico y gobierno.

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Si analizamos la evolución del PEF en su dimensión funcional del periodo 2000-2017 podemos ver que la participación porcentual promedio anual en el total ejercido ha sido la siguiente: desarrollo social 58.16%, desarrollo económico 31.22% y gobierno 10.62%.

Dadas las prioridades marcadas por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en el paquete económico que presentará el 15 de diciembre debemos esperar (él también lo hace) un aumento en el porcentaje del desarrollo social y una disminución en el de gobierno, que sería la primera manifestación de la llamada "cuarta transformación".

Sin embargo, si la próxima administración quiere cumplir sus promesas de campaña y tener recursos para ello deberá superar las turbulencias financieras que se generaron con la cancelación del NAIM y no involucrar más en una dinámica pleibiscitaria y aleatoria a contratos ya formalizados jurídicamente. De esta forma asegurará el fondeo de los programas sociales tan prometidos y que le valieron ganar las pasadas elecciones.

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