OPINIÓN: Los desafíos alimentarios para el nuevo sexenio
Nota del editor: Camilo Olarte ( @camilo_olarte ) es periodista y José Luis Chicoma, ( @joseluischicoma ) es Director Ejecutivo de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas. Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente a los autores.
(Expansión) – El Estado parece haber fracasado en su obligación de asegurar una alimentación adecuada: 11.3 millones de mexicanos sufren de inseguridad alimentaria grave, con un acceso incierto a alimentos sanos y suficientes . México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, y el segundo en adultos. Las enfermedades isquémicas del corazón y la diabetes mellitus son la primera y segunda causa de mortalidad .
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Aunque la agricultura representa menos del 4% del PIB mexicano, emplea a más del 13% de la población, gran parte de ellos (73%) son de pequeña escala y enfrentan un círculo vicioso de falta de apoyo, baja productividad y pobreza.
Una mirada fragmentada a los sistemas alimentarios
El nuevo gobierno tiene cuatro proyectos insignia : la creación del organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que pretende garantizar que 36 productos de la canasta básica lleguen a las regiones más remotas y pobres; el otorgamiento de créditos para la adquisición de ganado; la reanudación de la producción de fertilizantes para reducir su importación; y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria a través de la producción de alimentos básicos.
Las iniciativas, sin embargo, carecen de una perspectiva holística y por esta razón presentan contradicciones entre sus objetivos.
Suena muy popular proponer el fortalecimiento del acopio de productos básicos y establecer precios de garantía, así como apoyar a los productores. Sin embargo, esta manera proteccionista de ver la agricultura le puede salir muy costosa al Estado. Se deben evaluar otras alternativas para fortalecer la pequeña agricultura a largo plazo, que a la vez sean más sostenibles financiera y ambientalmente, como puede ser la capacitación en técnicas agroecológicas.
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Fomentar la producción nacional de fertilizantes químicos encaja bien en una lógica de “autosuficiencia”. Pero ignora que este impulso a dichos fertilizantes es insostenible a largo plazo, por sus efectos medioambientales, la degradación del suelo, y la amenaza que representan para la biodiversidad, justamente en uno de los países megadiversos del mundo.
Al gobierno no le sirve invertir en programas para reducir las emisiones de carbono si por otro lado está anunciando el acopio de un millón de becerras, cuando la ganadería (tanto la extensiva como la intensiva) es una de las principales fuentes de gases invernadero. Particularmente en un país como México, que podría ser una de las naciones más impactadas por el calentamiento global.
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Incluso resolviendo estas contradicciones, no se atienden problemas más amplios del sistema alimentario. El consumo de harinas refinadas, bebidas azucaradas, grasas, y los alimentos altamente procesados modificaron la dieta tradicional basada en un sistema alimentario en el que las frutas, verduras, cereales y leguminosas ocupaban un lugar más relevante, con los consecuentes efectos en salud pública.
La agricultura rural presenta una trampa de pobreza sobre la cual no se avizora una salida, si no se fortalecen radicalmente las capacidades técnicas de los pequeños agricultores.
El reto del nuevo sexenio: un nuevo arreglo institucional
La agricultura y la alimentación de los mexicanos parece tener una presencia mucho más fuerte en la agenda política del nuevo gobierno. Esta gran oportunidad se aprovechará, como ya se ha mencionado, si se plantea una “política nacional de alimentación que incluya comida, salud y medio ambiente ”.
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La Semarnat, la Sagarpa, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía tienen que liderar esta estrategia integral y conjunta. Los convenios y acuerdos entre estas entidades, que ya se realizan para coordinar varios temas, son insuficientes y no garantizan que no hayan serias contradicciones en los objetivos que persiguen. Se debe crear una comisión conformada por estas instituciones, de manera urgente, que pueda abarcar la alimentación como un sistema, que defina esa estrategia y políticas, y supervise que los programas y presupuestos armonicen sus objetivos.
Sin embargo, tal vez el impacto más importante de esta nueva administración sería construir un arreglo institucional de largo plazo que trascienda la coordinación inmediata que puede ofrecer una comisión. Que promueva eficiencia en la consecución de objetivos armonizados de los sistemas alimentarios. Con mecanismos claros de inclusión y transparencia con toda la sociedad, particularmente con las voces de los más necesitados, como los pequeños agricultores y las asociaciones de consumidores, tomando en cuenta que los actores con conflictos de interés no deben influir en políticas cuando sus apuestas económicas están en contra de la salud, el medio ambiente y el campo.
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Que implique una definición proactiva de posiciones mexicanas para promover mejores sistemas alimentarios en lo global y supranacional a través de tratados políticos y comerciales. Y que también promueva arreglos similares en todo el país: los consejos de sistemas alimentarios locales son necesarios porque las problemáticas y soluciones dependen de conocimientos, climas, y otras condiciones muy particulares a cada comunidad.
Incluir las voces de las comunidades y ciudadanos democratizará la gobernanza de los sistemas alimentarios, y los incluirá en el diseño de políticas y programas que los afectan directamente.
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