OPINIÓN: Minando la confianza de los dineros

Nota del editor: José Manuel Martínez es editor jefe de redacción de Expansión. Periodista egresado de la UNAM que ha trabajado como reportero y comentarista en diversos medios de comunicación. Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

(Expansión) – La población de México está viviendo dos momentos. Por un lado, una parte de la población estará recibiendo apoyos sociales (que sin duda hay muchos que lo necesitan y que bien dirigidos podrían apoyarles en salir de la pobreza, pero otros, no) y otra parte de la población está aumentando su incertidumbre y minando su confianza para invertir, ahorrar y consumir. Basta ver las “benditas” redes sociales, pero sobre todo los análisis de quienes arriesgan sus recursos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, cada mañana, desdeña el diagnóstico y el análisis de fondo por la acción inmediata, y a veces pareciera simplemente ocurrente, para resolver los problemas “ causados por el neoliberalismo ”.

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Hay, a mi parecer, un desdén por la iniciativa privada y la añoranza y las acciones por regresar al poder del Estado benefactor, y rector de la economía, que, los que nacimos en los años 70 del siglo pasado, sabemos muy bien las consecuencias negativas sobre la economía y el bienestar.

Uno de los argumentos centrales del gobierno es fortalecer a Pemex y la CFE, las dos mayores empresas paraestatales, pues son símbolo de ese poder del Estado para proveer de los insumos y servicios más relevantes, siendo que la economía mexicana depende en más del 60% del consumo interno, y el resto de las manufacturas de exportación y el turismo, y más lejos, del petróleo.

En las décadas de los 70 y 80 se fortaleció a esas empresas y a sus sindicatos, era la época de jauja petrolera en la que no importaba el costo de operación, pues simplemente había con qué pagarlo, aunque el país viviera las crisis recurrentes. Pero hacia los 90, ese alto costo se tenía que pagar y ninguna de las dos empresas generaban el suficiente flujo para invertir en una tarea que la iniciativa privada comenzó a suplir.

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La idea, nos dicen los neoliberales, es que el Estado se dedique a su principal función: garantizar los derechos de la población, combatir la pobreza y regular, mientras que la iniciativa privada, con la chequera abierta, al gobierno garantizarle estabilidad y seguridad jurídica, invertiría para otorgar esos servicios bajo la regulación gubernamental.

Y así sucede, sin omitir los actos de corrupción. Por ejemplo la CFE produce alrededor del 50% de la energía que se demanda en el país (en su mayoría a un costo elevado) y la iniciativa privada el otro 50% a un costo más bajo, por la tecnología y menos costos laborales. Según el gobierno anterior, México requiere inversiones de 100,000 millones de dólares en los próximos años para seguir el mismo ritmo en el crecimiento de la demanda de electricidad (que crece por arriba del PIB). Ese dinero el Estado no lo tiene.

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Invertir en las viejas plantas de la CFE, cuando los privados invierten en energía solar y eólica con precios finales más baratos, simplemente orilla a dirigir recursos públicos que pueden ser destinados a otros rubros como educación de calidad e infraestructura.

López Obrador dice que necesita a las empresas privadas, pero en las acciones con análisis simples (al menos así lo hace parecer en sus conferencias) no otorga confianza, de ahí que el 70% de los inversionistas encuestados por Bank of America Merrill Lynch pronostique que la calificación de la deuda soberana de México será degradada en los próximos dos años, y que el riesgo país, es decir, el diferencial de tasas entre los bonos mexicanos y los del Tesoro estadounidense, se encuentre en su nivel más alto en dos años y sigue aumentando.

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Es muy sencillo de entender: el gobierno gastará recursos públicos en negocios poco rentables o con pérdidas que requerirán más dinero (como capitalizar a Pemex), al tiempo que, en un deseo muy loable, aumenta el gasto social sin aumentar la base de contribuyentes (formalizar la economía) y con la amenaza de renegociar contratos firmados por el gobierno anterior y acusaciones a empresas y personas sin pruebas y con datos imprecisos.

Hasta ahora, una buena parte de las acusaciones presentadas en la conferencia matutina del presidente López Obrador no han sido bien sustentadas, han sido imprecisas y carecen de denuncia ante las autoridades correspondientes. Tiene la labor de demostrar sus dichos, pero en el camino merma la confianza y polariza.

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