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OPINIÓN: Transición energética, ¿en pausa por los próximos 6 años?

La política energética no puede olvidar los sectores de mayor impacto ambiental y consumo, así como las medidas de mayor importancia, opina Aleithya Morales.
sáb 09 marzo 2019 07:03 AM

Nota del editor: Aleithya Morales es especialista en política energética de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas. Síguela en Twitter como @aleithya_md . Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.

(Expansión) – Sin duda el sector energético a través de la nueva política energética ha sido uno de los que más transformaciones ha presentado estos primeros 100 días del gobierno federal. El Plan de Recuperación Petrolera y el Programa Nacional de Electricidad , como las principales estrategias, han derivado en acciones que ponen el freno sobre una política que apostaba por una transición energética. Mientras más protagonismo captura el sector de hidrocarburos, las energías renovables van perdiendo espacio en la agenda nacional.

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Por lo tanto, es momento de cuestionarnos si la transición energética ha quedado en pausa por los próximos seis años. La política energética en un proceso de transición requiere una combinación de instrumentos y decisiones que garanticen llegar al destino final, un México con una matriz energética que tenga participación dominante de energías renovables, garantizando la seguridad y justicia energética. Alcanzar estos objetivos no solo es posible si México revive la industria de los hidrocarburos, así como se vivió con el desabasto de gasolina y las explosiones en ductos; somos un país vulnerable si seguimos perpetuando la dependencia hacia los combustibles fósiles.

Además de Pemex, la CFE ha sido protagonista en estos primeros días de gobierno. Ambas instituciones han sido favorecidas en su presupuesto mientras otros organismos con un rol estratégico en el sector energético han sido limitados en recursos económicos y humanos, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Estas decisiones favorecen un modelo que difícilmente podrá sostenerse en el largo plazo y que requieren organismos reguladores independientes fortalecidos, no lo contrario.

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Las decisiones y acciones que se han tomado requieren enfocarse en el análisis de los instrumentos y cómo garantizar su correcta implementación para lograr los objetivos planteados, pero no descartarlos como ha sucedido con las subastas de largo plazo. En este sentido, se ha mencionado la estrategia de promover la generación de electricidad a través de carbón , por ser una mejor opción ante la intermitencia de las energías renovables y sus costos altos de inversión. Lo cierto es que el carbón, internalizando los costos sociales de sus externalidades negativas, resulta tener el precio más alto para la salud y bienestar de la población.

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A nivel internacional existe la experiencia de caminar hacia energías renovables, la tecnología y los instrumentos de política pública han creado escenarios favorables para ello. Por lo tanto, es importante mencionar casos como el de Alemania para ejemplificar la posibilidad de transitar a un futuro libre de carbón. La transición energética en Alemania se espera que concluya en el año 2050; además, este país europeo tiene como principal objetivo eliminar sus plantas de carbón para el año 2038, lo cual deja a la vista la oportunidad de confiar en las energías renovables. De esta misma forma, México no puede dejar en pausa una transición necesaria y urgente, la energética.

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Estos primeros 100 días de gobierno permiten reflexionar sobre el México que queremos. No podemos olvidar que el principal propósito de la transición energética es cumplir con las metas de reducción de emisiones presentadas en el Acuerdo de París. No podemos negar la existencia del cambio climático ni detener el avance que se ha hecho. En 2015 México se convirtió en un líder climático con la aprobación de dicho acuerdo en la COP21 y al ser uno de los primeros países en ratificarlo.

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La política energética no puede olvidar los sectores de mayor impacto ambiental y consumo, así como las medidas de mayor importancia. Por un lado, el transporte y su relevancia en el consumo de energía basada en combustibles fósiles y la posibilidad de estructurar un plan federal estratégico y coordinado hacia la movilidad eléctrica. De la misma manera, no se pueden dejar atrás organismos como la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y su rol ejecutor en impulsar la eficiencia energética en el sector residencial, en las PyMES y grandes consumidores, entre otros, la cual es clave para reducir la demanda y evitar su incremento dadas las tendencias en el crecimiento económico y poblacional en el país.

Actualmente estamos viviendo una oportunidad de transformación, en la que se deben considerar aspectos sociales y promover la justicia energética en cada proceso; es decir, garantizar la asequibilidad, la accesibilidad y la disponibilidad, además de promover una visión hacia la igualdad considerando las necesidades de los grupos más vulnerables. No debemos solo enfocarnos en una industria, tenemos que considerar a los ciudadanos de recursos más limitados donde se vive pobreza energética en la dificultad de pagar el recibo de luz, por ejemplo. En estos casos, el esquema de generación distribuida y las cooperativas energéticas son claves para empoderar a los consumidores.

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Para los próximos 2,060 días se requiere equilibrar la balanza de las decisiones en el tema de energía. Es decir, subir las acciones de apoyos y planes para las energías renovables, la eficiencia energética, la descentralización del sistema eléctrico y principalmente, para generar instrumentos contra la pobreza energética que promuevan la justicia energética. Más allá de una visión hacia el autoabastecimiento se quiere integrar la visión de mitigación del cambio climático e incorporar el impacto social de las decisiones tomadas en este corto periodo.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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