OPINIÓN: La evaluación inicial de AMLO

Nota del editor: Horacio Vives Segl es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano (Argentina). Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad del autor.

(Expansión) - Ya está instalado el corte de los cien días de Andrés Manuel López Obrador para hacer una evaluación inicial del gobierno que empieza gestión y que suele ser una adecuada aproximación a lo que habría de esperar más allá de la duración del mandato.

De manera regular, los gobiernos que arrancan suelen gozar de la legitimidad que les da ganar elecciones y de la expectativa ciudadana de que puedan superar el legado de la administración anterior. A esta apuesta se conoce como “luna de miel”, que los nuevos gobiernos deben superar en el ritmo vertiginoso de los cien días.

Para el caso del primer tramo del gobierno del nuevo presidente hay algunas explicaciones que se adaptan a la generalidad de los patrones descritos, como también hay claras especificidades.

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La apuesta por el conflicto

No por ser obvio hay que dejar de señalar tres hechos que en buena medida explican la estrategia del actual gobierno: la alternancia –la tercera en el país- en la presidencia; el arribo al gobierno de un grupo político nuevo con poca experiencia en la administración pública federal; y la necesidad de diferenciarse del legado negativo del gobierno anterior. En ese fácil contraste es que se pueden entender muchas de las decisiones del actual gobierno, así como en el creciente respaldo social que le respalda.

Contrariamente a lo que haría un presidente en un discurso inaugural de gobierno de llamar a la unidad y la concordia, López Obrador contribuyó a profundizar el encono y la polarización de la campaña desde el primer día de su gobierno.

En su cosmos hay dos bandos: los buenos que comparten su visión y los corruptos, fifís, conservadores y demás retahíla de adjetivos descalificadores para quienes no coincidan. En ese sentido, se ha mostrado con un talante autoritario, de piel muy ligera y que no acepta ningún desacuerdo en su manera de ver el mundo.

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La descalificación y el ataque desde el púlpito presidencial ha sido la consecuencia inevitable para el quien ose disentir de la visión única. En esa misma lógica los contrapesos institucionales no son vistos como adecuados frenos republicanos para mejorar el desempeño del Ejecutivo o evitar tentaciones tiránicas.

Fobia por los contrapesos

En el caso del Poder Judicial y de los organismos constitucionales autónomos y reguladores, los frentes de conflicto se han presentado por las críticas ante los salarios y la disminución de los presupuestos de las instituciones. Ahí están los casos de la SCJN, el INEGI, el INE y el INAI. A la vista están las críticas a los titulares de la CRE, la Cofece o al TEPJF. También la desaparición del INEE, injustificable a la luz de la contrarreforma educativa.

A través de nombramientos afines al presidente se están infiltrando esas mismas instituciones: ahí están el caso de los subgobernadores del Banxico, la Suprema Corte (uno confirmado, otro en proceso), la Fiscalía General de la República y las ternas vergonzantes propuestas para la CRE, que dieron lugar al linchamiento mediático de su comisionado presidente, Guillermo García Alcocer.

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La crítica presidencial alcanza a otros círculos. Han sido denostadas las calificadoras financieras internacionales, las organizaciones de la sociedad civil, el periodismo e instituciones privadas de educación superior, como el ITAM. Mismo maltrato ha recibido parte de la comunidad científica, más allá del completo desatino con que ha iniciado la gestión del Conacyt.

El caso más reciente de ninguneo presidencial es el del grupo de políticos, activistas, intelectuales y académicos agrupados en el colectivo #YoSíQuieroContrapesos.

Incremento de la militarización del país

A propósito de la muy criticada estrategia de seguridad pública, lo que se ha observado es la intención de incrementar las funciones, recursos y visibilidad en la vida pública de las fuerzas armadas; el punto medular de la discusión se centró en la creación de una Guardia Nacional.

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Aunque la aprobación en el Congreso cambió la propuesta original de un mando militar a uno civil, no se resuelve con ello la genética de la Guardia Nacional aprobada, ignorando una enorme cantidad de advertencias de asociaciones de derechos humanos y expertos en materia de seguridad pública.

Más allá de la Guardia Nacional hay otros ámbitos en los que de forma atípica los militares se verán involucrados en la vida pública del país: la construcción de un desarrollo inmobiliario en Santa Fe, la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, así como su administración y operación.

Clientelas sí, ciudadanías no

Algo de lo más criticado al gobierno es lo errático en sus decisiones y su impacto negativo en las correspondientes políticas públicas. Tras diagnósticos erráticos, las medidas son irreflexivas.

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Para combatir el robo de combustible –propósito con el cual todos estamos de acuerdo, a menos que sea huachicolero- se cerraron ductos, se generó un caos ciudadano y se compraron en condiciones irregulares pipas para mitigar el desabasto.

En vez de determinar –en su caso- qué estancias infantiles trabajaban en condiciones irregulares, se determinó recortar el presupuesto, orillar al cierre y trasladar el cuidado de los niños a las familias, afectando principalmente a las madres de los menores. En esa misma lectura, como las organizaciones de la sociedad civil no son de izquierda y son críticas, no deben recibir recursos del gobierno.

En el extremo –y aunque se encuentre en proceso de revisión- está la decisión de suspender convocatorias para no entregar recursos a refugios que atienden a mujeres víctimas de violencia.

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Lo que está en juego aquí es un nuevo modelo de gasto público. Se trata de crear censos de beneficiarios de nuevos o redefinidos programas sociales y que los bienes queden indeleblemente asociados al presidente. Los incentivos están a la vista: generar menos ciudadanía crítica y más clientela electoral partidistas conformista y acrítica.

Deslindar y castigar

Para decisiones difíciles de procesar y de responsabilizarse políticamente, el gobierno ha optado por realizar unas simulaciones que se han denominado como consultas nacionales. La primera de ellas fue la de la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

Así se validaron popularmente decisiones previamente adoptadas, como la señalada cancelación el aeropuerto, el respaldo de una decena de programas y acciones prioritarias (aquí destacan la construcción del Tren Maya y de la refinería de Dos Bocas) o la aprobación de la polémica termoeléctrica en Morelos.

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Cuando las críticas al gobierno han ido en aumento, de manera infalible se ha recurrido a la cortina de humo engañabobos de enjuiciar a los expresidentes. Ello podría ocurrir a través de otra consulta nacional.

Aislamiento internacional

Bajo el argumento de centrarse en los asuntos domésticos se ha dejado en un plan muy secundario la agenda internacional. El presidente no ha salido del país, ni siquiera mandó una delegación de alto nivel al Foro Económico Mundial en Davos. Apenas se recibieron algunas visitas extranjeras, la más relevante la del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, mientras que la de la Princesa Astrid de Bélgica habría que dejarla para las denominadas ‘revistas del corazón’.

Hay dos cosas que resaltan en el ámbito internacional y que dejan muy mal parado al gobierno: la relación con Estados Unidos y la posición adoptada frente a la crisis venezolana. Si bien no recomendable caer en las provocaciones del presidente estadounidense, el mutismo de López Obrador ante la política y retórica antimexicana de Trump es preocupante.

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Ante el cierre de gobierno más largo que se ha experimentado en Estados Unidos, aunado a la declaración de emergencia por los fondos para la construcción –ampliación, en realidad- del muro fronterizo con México, la evasiva reacción mexicana ha sido la de “respetar” asuntos de otros países y no involucrarse.

El caso venezolano es todavía más grave. Todo lo que se ha hecho hasta ahora muestra dos cosas: las cada vez menos veladas preferencias e inclinaciones por el gobierno de Nicolás Maduro y la ingenuidad sobre la propuesta de mediación en el conflicto.

En política exterior, más allá de los principios que cada nación sostenga, es crucial determinar con quién se realizan alianzas y bajo qué posiciones. México se está alejando de las democracias de Occidente –que han desconocido a Maduro y reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela- y se aproxima al poco honroso club de las autocracias del mundo.

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Tragedias y cálculos políticos

En estos cien días ocurrieron dos tragedias: el desplome del helicóptero en el que fallecieron la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y su esposo, el senador y ex gobernador Rafael Moreno Valle.

Como se sabe, el conflicto postelectoral poblano fue el más problemático de las elecciones generales del año pasado y la resolución definitiva por parte del TEPJF fue aceptada con desgano por López Obrador y ha dado lugar a un sinfín de especulaciones sobre intromisiones indebidas y presiones hacia los integrantes de su Sala Superior.

Al día de hoy, no existe una investigación concluyente sobre el siniestro que determine fehacientemente si fue un accidente o un atentado. Peor aún, la reciente pifia sobre la decisión del gobierno de reservar el contenido de las grabaciones –corregida posteriormente- alienta, con justificada razón, la percepción de que pudo haber sido un atentado y que el gobierno no tiene interés alguno en esclarecer los hechos.

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Pero sin duda la tragedia más importante que ha ocurrido en estos días es la explosión en Tlahuelilpan del 18 de enero de 2018. Al día de hoy, más de 130 personas perdido la vida y cientos más han quedado afectadas con heridas y secuelas físicas o psicológicas que probablemente los marquen a ellos y sus familiares de manera irreversible. Sin haber decretado luto nacional y sin explicación en el marco de la guerra contra el huachicol, se trata de la mayor muestra de insensibilidad gubernamental ante una tragedia en la que fuerzas del Estado (protección civil, policías, militares) hicieron muy poco para evitarla.

La violencia no se ha controlado, se disparan los indicadores y han aparecido otras manifestaciones (siguen las muertes de periodistas y de población en general). Un caso particularmente grave fue el asesinato del activista y defensor de derechos humanos Samir Flores. Ello, en pleno conflicto por la construcción de la termoeléctrica de Huexca y previo a la realización de la “consulta ciudadana” que avaló su realización.

En suma, ante el enorme desprestigio del gobierno que concluyó en noviembre de 2018, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por la intolerancia a la crítica, los errores en el diagnóstico, el empleo de razones morales más que argumentos técnicos para justificar sus decisiones, muchas de ellas ocurrencias populistas.

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Curiosamente, mientras más osada se perciba la ocurrencia, mayor aceptación se refleja en la opinión pública. No hay que reparar en las consecuencias o en las molestias en la aplicación de las decisiones, mientras se perciban cambios que afecten a los privilegiados o a todo aquel que no comparta la visión del lopezobradorismo.

A cien días del arranque del gobierno se observa la mayor tasa de aprobación de entre todos los presidentes electos en la democracia mexicana.

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