OPINIÓN: La protección que urge a los artículos científicos universitarios
Nota del editor: Juan Alberto González Piñón es titular de Emprendimiento e Incubación en la Universidad Panamericana. Desde 2004 ha desarrollado actividades profesionales en gestión de la Innovación, gestión de inversión de capital privado emprendedor, la planeación, organización y conducción de las políticas de desarrollo del financiamiento del emprendimiento, la productividad y la innovación. Las opiniones expresadas en el texto son responsabilidad del autor.
(Expansión) - La OCDE publicó en el 2017 el estudio Perspectivas en Ciencia, Tecnología e Innovación en América Latina donde se identificó que México tiene débiles vínculos entre industria y ciencia debido a la baja proporción de I+D (investigación y desarrollo) financiada por la industria y las escasas actividades de patentes realizadas entre las universidades y las empresas.
Sin embargo, este análisis no considera el impacto de la participación de inventores mexicanos en las patentes concedidas a empresas trasnacionales no mexicanas. Un ejemplo de ello lo tenemos en las patentes enfocadas a necesidades humanas concedidas a entidades extrajeras en el periodo 2005-2015; de acuerdo con el IMPI, de las 107,841 patentes concedidas a dichas entidades, 5,084 fueron concedidas en el apartado “A” de la clasificación internacional de patentes (relacionada con necesidades corrientes de la vida), y en ellas se identificó la participación de 91 inventores mexicanos; quienes contribuyeron con empresas como; Boehringer Ingelheim, Johnson & Johnson, Abbott, LillyIcos, y Procter & Gamble, entre otros.
Este hecho abre la posibilidad para profundizar en un análisis sobre la correlación entre el desarrollo de patentes y las actividades de I+D realizadas por las universidades y centros de investigación; en México estas dos entidades agrupan a más del 90% de los investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
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En esta realidad las universidades desarrollan conocimientos con potencial real de aplicación industrial, aunque con un bajo nivel de apropiación por parte de las empresas, sin embargo, ese potencial al no verse realizado mediante esquemas de transferencia tecnológica, se diluye o peor aún es aprovechado de manera gratuita por empresas u organizaciones que usan dichos artículos científicos como referencias en solicitudes de patentes.
Algunos estudios muestran que los artículos científicos pueden apoyar la base tecnológica de la descripción de patente en tres campos distintos: Evidencia científica, como prueba de método o simplemente como referencia del estado del arte.
Identificar qué y cómo son aplicados los artículos científicos de investigadores mexicanos en las solicitudes de patentes realizadas por entidades extranjeras, abre una gran posibilidad para revalorar la concepción de que la protección de la propiedad intelectual debe ser una condición necesaria para apoyar la transferencia de los resultados de la investigación universitaria incluso desde que se origina una nueva tesis de investigación, con ello se puede reducir la fuga de conocimiento, así como la eliminación del subsidio de procesos de patentamiento de entidades externas que se apropian del conocimiento generado por las universidades.
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La apropiación del conocimiento tiene un impacto profundo en lo que consideramos como desarrollo tecnológico e innovación.
El pasado 04 de abril en conferencia de prensa, María Elena Álvarez-Buylla, directora general del Conacyt, detalló que al concluir el 2019 se contará con un Plan Nacional de Apropiación Social de la Ciencia que coordinará esfuerzos en la promoción de la divulgación del conocimiento científico en todos los campos, para lo cual, anunció, se pondrá en marcha una plataforma donde estudiantes de posgrado e investigadores podrán difundir por video y en reseñas los principales avances de sus investigaciones.
El potencial es grande; al día de hoy en el Sistema de Centros Públicos de Investigación del Conacyt hay 27 instituciones distribuidas en más de 40 ciudades de 30 entidades y el Sistema Nacional de Investigadores está formado por más de 28,000 miembros activos.
La naturaleza del conocimiento ha generado una nueva vertiente de atención en términos de aumento en la competitividad y la consecuente creación de riqueza; por ello conviene en este punto atraer la atención de los legisladores, para que se tenga en cuenta el uso de enfoques pragmáticos en la propuesta de ley en ciencia y tecnología, que tiendan a generar prácticas de gestión de propiedad intelectual socialmente responsable en las universidades y entidades públicas que se financian mayoritariamente con fondos públicos. A través de la construcción del marco normativo necesario que garantice la aplicación de buenas prácticas, así como el claro establecimiento de las bases de un sistema nacional de trasferencia tecnológica, proactivo con un enfoque de fomento de la innovación, que permita libertad de operación a las entidades que deben hacer uso de estas tecnologías en amplios ámbitos.
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